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La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que acaba de aprobar el Gobierno le puede costar a la Universidad española entre siete y ocho millones de euros al año. La modificación de esta norma aboca a la creación de un canon por el que las universidades, públicas y privadas, tendrán que pagar a CEDRO, la SGAE de los libros, cinco euros al año por cada uno de los aproximadamente millón y medio de alumnos que tienen por el uso de materiales académicos en los campos virtuales (manuales y textos universitarios). Y esto mientras ven cada año cómo sus presupuestos caen un poco más. ¿Quién acabará pagando el canon?
“Es un contrasentido”, lamenta Antoni Gonzàlez Senmartí, representante de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para la LPI. “Por copia privada no hay que pagar un canon porque los asumen los Presupuestos Generales del Estado [es uno de los cambios que trae la reforma] pero si es para la docencia o la investigación, sí hay que pagarlo”, afirma. Aunque la ley no incluye explícitamente un canon, “en la práctica las universidades deberán abonarlo por la teórica utilización de unas obras y autores”, explica.
“Y todo por publicar objetos bajo Creative Commons. Un disparate”, añade Javier de la Cueva, abogado especialista en el tema, en una entrevista en la web Gizmondo.
CEDRO, la beneficiaria de los pagos, cree que era necesaria esta regulación para “asegurar el acceso legal a copias de revistas y libros”, según fuentes de la entidad, que niegan de entrada que sea un canon, sino “una limitación al derecho de propiedad intelectual”. Pero lo ven insuficiente: “No se ha previsto este sistema para el resto de niveles de enseñanza reglada, tal y como solicitaba nuestra entidad”, se lee en un comunicado de su web. Que paguen colegios e institutos también, en otras palabras.
La medida ha pasado algo desapercibida en la reforma de la LPI que ha realizado el Ministerio de Educación de la LPI, oculta por el mayor ruido que han generado la llamada tasa Google o el cambio en el método por el que se compensa a los autores por copia privada, que asume el Gobierno. Pero para las universidades va a suponer un importante agujero, máxime cuando han sufrido una caída del 5% en sus presupuestos en los últimos años.
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