Esta noticia aparecida en el diario INFORMACIÓN del pasado día 5 de abril, es lo que ha motivado el rechazo de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia a las nefastas declaraciones de Alberto Giménez, presidente de la patronal de centros residenciales:

RAFA ARJONES

A. PRADO La Ley de Dependencia preveía descargar a las familias de los cuidados de personas dependientes y contemplaba, de forma excepcional, compensaciones económicas a aquellos que decidieran continuar atendiendo en casa a sus familiares. Sin embargo, cada vez aumenta más el número de prestaciones resueltas a favor del cuidador familiar en detrimento de otros servicios específicos o de atención profesional. Un hecho del que alertan, con argumentos diferentes, tanto la patronal de los centros residenciales como los sindicatos.

En la actualidad, y desde que la ley comenzó a aplicarse a principios de 2007, de las 32.631 prestaciones de la Ley de Dependencia reconocidas ya por la Conselleria de Bienestar Social en la Comunidad Valenciana -las solicitudes superan las 80.000-, cerca de la mitad aún no han sido especificadas al usuario por la conselleria (14.865), y el 32% de las resoluciones se han dirigido al ingreso en residencias (10.448), mientras que las prestaciones para el cuidado familiar suponen el 18% y alcanzan las 6.120. El resto de servicios -centros de día, asistencia personal o prestaciones vinculadas a servicios- es residual, mientras que la ayuda a domicilio o la teleasistencia aún no han sido incorporadas por Bienestar Social a su catálogo de prestaciones y siguen gestionadas por ayuntamientos y diputaciones.

Sin embargo, la evolución del último año, entre el 1 de mayo de 2008 y el 1 de abril de 2009, refleja que el incremento de la atención residencial se ha multiplicado por 1,6 al pasar de 6.400 a las 10.400 actuales y las prestaciones a familiares lo han hecho por 175, desde las 35 concedidas inicialmente a las 6.120 actuales. De hecho, sólo en el último mes, las primeras han aumentado un 6% y las segundas, un 48%.

El riesgo de que algo excepcional se convierta en habitual lo puso de manifiesto recientemente el sindicato CC OO, cuyo portavoz comarcal, Salvador Roig, considera que “uno de los objetivos, que era descargar a las familias, no se está cumpliendo si estas continúan cuidando de ellos en casa, incluso en edades de recibir también cuidados”. A su juicio, Bienestar Social debería apostar por la profesionalización de los servicios de atención “pero lo que muestran los datos es que hay servicios que no se están ofertando” y añade que, por las altas de cuidadores en la Seguridad Social, muchas de estas personas son pensionistas o mayores de 65 años, que evidencian una mala utilización de estas prestaciones.

Para el presidente de la patronal de centros residenciales dedicados a la dependencia en la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, la actual crisis económica puede empujar a los familiares a solicitar las prestaciones económicas para oxigenar la economía doméstica. “El cuidador informal que pide cuidar a su padre va a percibir 400 o 500 euros por ello y se evita que el 70% de la pensión del familiar se vaya a una residencia. Si hace cuentas, lo que va a pedir es eso para ahorrarse parte del dinero y eso puede hacer que los centros se vacíen”, indica Giménez, que recuerda que el 20% de las plazas de los centros residenciales privados de la Comunidad continúan sin ocupar por el retraso en la aplicación de la ley -antes de la ley, no llegaba al 10%-, lo que ahora puede agravarse por este fenómeno, ya que en la actualidad, según Aerte, el 80% de las preferencias familiares se dirige a la prestación.

El presidente de Aerte considera que la figura del cuidador familiar es positiva cuando los dependientes se encuentran en un grado leve, “pero un gran dependiente necesita atención 24 horas y esos cuidados no se los puede proporcionar un familiar y es un riesgo”, además de que con ello se impide la creación de empleo porque los centros crean un puesto de trabajo por cada dos personas dependientes. Giménez apunta que la ralentización en la aplicación de la ley está perjudicando al sector, “muchas residencias pierden dinero y otras pueden cerrar si no se ocupan las plazas a lo largo de este año”.