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Calabuig: “Si Camps no hubiera boicoteado la Ley de Dependencia habría prestaciones para cerca de 50.000 personas y 20.000 nuevos empleos”

 

 

02 de octubre de 2009

El diputado socialista por Valencia destaca que el Gobierno de Rodríguez Zapatero es el que más ha apoyado a la Comunitat Valenciana “en los últimos 25 años”

El diputado socialista en el Congreso por Valencia, Joan Calabuig, ha destacado hoy que, en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, la dotación para la dependencia “ha aumentado en el conjunto del Estado de manera muy notable”. “Si esta apuesta fundamental de los socialistas que ha sido la Ley de Dependencia no hubiera sido boicoteada conscientemente en la Comunitat Valenciana por Francisco Camps, en estos momentos habría prestaciones para cerca de 50.000 personas y probablemente se habrían creado ya 20.000 empleos más”, ha criticado. Empleos que no se han creado “precisamente por esta falta de compromiso del gobierno de Camps”.


Calabuig que ha hecho estas valoraciones en una rueda de prensa, ha expresado su “satisfacción”, porque “éste es el Gobierno de España, un Gobierno socialista, que ha apostado en mayor medida por esta Comunitat en los últimos 25 años”. Este es, según ha añadido, “un hecho incontestable, absolutamente fundamentado en todos los datos objetivos que se puedan dar”. 
El diputado socialista ha declarado que hay “dos elementos fundamentales” en este presupuesto. Por un lado, es la “apuesta por la protección social” y por otro, es “intentar dar un impulso a un nuevo modelo productivo que nos permita salir fortalecidos de la crisis”. Además, ha admitido que se trata “evidentemente” de un presupuesto “austero”, porque lo que quiere es “empezar a iniciar el camino hacia el reequilibrio de las cuentas públicas una vez superemos la crisis”.

A este respecto, ha indicado que donde se hace más hincapié es “en el gasto social y, fundamentalmente, en la protección de las personas que han quedado sin empleo y en la inversión productivo para salir de la crisis”. En este sentido, ha declarado que los datos de gasto social no son ajenos a la Comunitat Valenciana, puesto que hay 250.000 personas que se han quedado sin empleo y, por lo tanto, “el hecho de que éste sea un presupuesto que apoya a estas personas quiere decir que hay miles de valencianos y valencianas que van a poder estar protegidos en una situación de dificultad”.

Además, ha recalcado que esta Comunidad tiene una tasa de paro superior al resto de España, con lo que “el hecho de que el Gobierno central apueste por estas personas es especialmente beneficioso para muchos miles de valencianos”.

También ha querido apuntar que en esta Comunidad hay 260.000 pensionistas “que saben que pueden estar tranquilos, porque tienen un gobierno que está apostando por ellos”. “Ante los cantos de sirena permanentes del PP que plantea recortes sociales y recortes del presupuesto, el Gobierno de Rodríguez Zapatero está claramente comprometido con la constante mejora del nivel de vida de nuestros jubilados y jubiladas”, ha argumentado.

En el caso de los jóvenes, ha destacado que “evidentemente el incremento de las becas supone una clara apuesta por la igualdad de oportunidades”. Así, ha recordado que en esta Comunidad “con nombres y apellidos hay más de 71.000 jóvenes que reciben ese apoyo” y “este año habrá 2.800 que podrán también acceder” a estas becas.

De esta manera, el diputado socialista ha apuntado que “pese a la propaganda del Consell”, de quien sólo hay “anuncios vacíos, mentiras y planes que jamás se llegarán a concretar”, estamos ante “el Gobierno que claramente más se ha comprometido con esta Comunidad”. Se trata de la Administración que “está combatiendo más activamente la crisis” aquí. “Es, precisamente, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que los valencianos y valencianas pueden confiar para impulsar la salida de la crisis”, ha declarado.

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Asuntos sociales Diversidad funcional Ley de Dependencia Vida Independiente

Un neurólogo gallego aboga por la defensa de los derechos personales en la demencia.

 

Fecha de publicación: 1/10/2009

 

 

image El neurólogo compostelano Alfredo Robles es coautor y coeditor del Documento Sitges 2009 , un informe elaborado por 22 expertos españoles que busca la defensa del derecho a tomar decisiones por parte de los enfermos con demencia. El trabajo lo presentó en el Hostal dos Reis Católicos la Fundación La Rosaleda, en un acto en el que participaron profesionales de la sanidad y la justicia, y que apoyó la Consellería de Traballo e Benestar.

Alfredo Robles explica que son necesarios dichos equipos, diferentes a los que ahora valoran la discapacidad para otorgar ayudas contempladas en la ley de dependencia. Los que propone el Documento Sitges 2009 evaluarían la competencia de las personas de edad avanzada en cada momento que necesitasen adoptar una decisión de carácter personal o patrimonial relevante, y dictaminarían si están o no en condiciones de hacerlo. Deberían de ser equipos dinámicos, que resolviesen con rapidez, insistió.

Tras detectar una demencia en una persona, pueden pasar varios años desde que se mantiene con todas sus capacidades hasta que no reúne condiciones para tomar decisiones, y depende también de la decisión de que se trate. En los casos extremos se recurre a la incapacitación, con intervención del juzgado, que suele ser irreversible. Pero en algunas demencias, hay posibilidad de que la persona afectada pueda recuperar sus facultades, totalmente o en parte, indica Robles.

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De insensibilidades Denuncia Pública Derechos humanos Discriminación Diversidad funcional La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia

Cuando un pueblo tiene mayor conciencia que sus gobernantes…

 

Levante-EMV.com » Comarcas

 

Más de 200 vecinos de Chiva exigen un cuidador para un niño discapacitado

 

La madre pide tres años al Consell, del acompañante, pero sólo se lo da 30 minutos a la semana.

Aarón, junto a sus compañeros del instituto Marjana.

 

 

Aarón, junto a sus compañeros del instituto Marjana. 

levante-emv

AGENCIAS VALENCIA Algo más de 200 personas, entre alumnos, padres y profesores, se concentraron ayer en el Instituto de Educación Secundaria Marjana de Chiva para reclamar un cuidador para un estudiante de 12 años con distrofia muscular, según informaron fuentes de los convocantes.

La madre del alumno, Amparo Navarro, explicó a Efe que el motivo de la concentración era pedir "dignidad" para Aarón, su hijo, que va en una silla de ruedas a causa de su enfermedad y necesita una persona de apoyo para moverse por el instituto. Aarón, que cursa segundo de la ESO y es de Chiva, "no puede ir solo al baño, cambiar de clase o bajar al patio", por ello Amparo ha solicitado durante tres años a la Generalitat que se le asigne un cuidador. "Nos asignan a una persona, pero sólo 30 minutos a la semana", ha afirmado, "de manera que hasta la una del mediodía mi hijo no puede ir al baño, que es cuando acude la cuidadora que nos han asignado".

Amparo va todos los días al instituto para llevar al baño a su hijo, mientras que el resto de tareas se las reparten entre sus compañeros de clase, que le guardan los libros en la mochila, le llaman el ascensor o le ayudan a ponerse la chaqueta.

Hace dos años que Aarón va en una silla de ruedas eléctrica y, como explica su madre, "cuando se le rompe no puede ir al colegio, porque con la de mano necesitaría a alguien que le empujara por el instituto toda la mañana". Además, este año las cosas se han complicado aún más para el niño, puesto que en el instituto "en cada asignatura los alumnos cambian de aula".

Amparo agradeció "el apoyo" de los compañeros de su hijo en el instituto, de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y de los profesores y el personal del centro educativo, y mostró su esperanza de que la protesta "sirva para conseguir lo que exigimos pero recalcó que "no deben ser chavales de 12 o 13 años los que se ocupen de estas cosas".

"Estos niños deben tener una persona de apoyo durante todo el horario escolar por ley", afirmó Amparo, quien añadió que "lo único" que quiere es "una educación digna para Aarón".

El próximo lunes ha sido citada para mantener una reunión con una representante de la Conselleria de Educación en la que reclamará "una solución inmediata" para la situación del niño, avanzó. "No voy a parar hasta que llegue al instituto y me digan que hay una persona que estará pendiente de mi hijo, que en este momento está desamparado", lamentó.

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¿Piratas o carroñeros?... Denuncia Pública Discriminación Diversidad funcional La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Vida Independiente

Rajoy pide en comunidades del PSOE que se aplique la Ley, pero olvida decirle a Camps que haga lo mismo en la Comunidad Valenciana. ¡Por favor, seamos honestos!

 

 

ELCHE

 

Sólo 20 de los 3.674 dependientes de la ciudad reciben las ayudas.

 

Cerca de 470 personas han muerto esperando el apoyo económico oficial Elche registra una media de 675 días para la resolución del informe individual.

 

Manifestación en defensa de la Ley de la Dependencia el pasado diciembre en la Plaça de Baix. 

 

 

 

Manifestación en defensa de la Ley de la Dependencia el pasado diciembre en la Plaça de Baix. /PACO UCLÉS

ANA TORRES | ELCHE

«Once de los 24 centros sociales ilicitanos atienden a los dependientes»

Desde que entró en vigor la Ley de la Dependencia en abril del 2007, todos los ciudadanos que padecen alguna minusvalía o no pueden valerse por sí mismos tienen derecho a recibir prestaciones para hacer más llevadera su situación. Pero desgraciadamente, su aplicación en la Comunidad Valenciana está perjudicando gravemente a los afectados.

El caso de Elche es una muestra de ello, ya que de un total de 3.577 dependientes censados, no más de una veintena está recibiendo las ayudas. Así lo asegura la edil de Bienestar Social, Vicenta Pérez, que a su vez recrimina a la Generalitat el incumplimiento de su propia normativa, ya que «está haciendo caso omiso a su obligación de comunicar al Ayuntamiento de Elche las ayudas concedidas, y eso dificulta el recuento», precisa.

Desde la puesta en marcha de la citada normativa, se estableció que su regulación era competencia de las comunidades autónomas, y a pesar de que algunas la han gestionado con diligencia y efectividad, la valenciana y la madrileña están a a la cola en cuanto a prestaciones, ya que una gestión que debería solventarse en un plazo de seis meses, alcanza listas de espera que rozan los dos años.

A pesar de que es la conselleria la encargada de aplicar y gestionar la ley, necesita la colaboración de los ayuntamientos, ya que estos mediante sus centros sociales redactan los informes de los afectados, en los que detallan la situación en la que viven y aspectos como las condiciones de habitabilidad de su vivienda o la disponibilidad de familiares que le presten ayuda.

Para la realización de esta tarea, el consistorio ilicitano es uno de los mejor preparados de toda la comunidad, tanto en número de centros sociales, un total de 24, de los que 11 se encargan de atender a los dependientes, como en número de profesionales dedicados a estos servicios, según apuntan fuentes municipales. Pero he aquí la primera traba en la aplicación de la ley, ya que la empresa encargada de dar la orden para la redacción de los informes, Avapsa, «ralentiza considerablemente el proceso» según lla edil. Esta empresa, creada por la Generalitat exclusivamente para la tramitación y adjudicación de las ayudas, «no funciona correctamente», ya que en lugar de encargar los informes en consonacia con las solicitudes recibidas y en función del orden de llegada, tan sólo ha encargado al Ayuntamiento ilicitano 1.383 informes, de un total de 3.577 dependientes.

Para la consecución del siguiente paso, Avapsa manda a un técnico al domicilio del afectado para realizar la valoración, pero en la mayoría de los casos éste llega un año después de la presentación de la solicitud de ayuda. Tras esta valoración, «nadie sabe lo que pasa», apunta Pérez, «ya que de nuevo transcurren meses hasta que el dependiente recibe la resolución».

En este documento se indica el grado de dependencia así como la inminente visita de otro técnico para realizar su Programa Individual de Atención (PIA) en el que se le asignará una de les prestaciones (ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día, residencia, asistente personal o cuidador familiar). «Pero de nuevo pasan los meses sin ninguna respuesta, sin que nadie vaya al domicilio a realizar el PIA», matiza la concejal.

Entrega de firmas en el PROP para exigir la efectividad de la ley. 

Entrega de firmas en el PROP para exigir la efectividad de la ley. /PACO UCLÉS

Según indica la responsable del área de bienestar social, en Elche la media de espera entre la solicitud y la resolución del PIA es de 675 días, casi dos años, mientras que el plazo establecido por la ley es de seis meses. «Pero la situación aún se agrava más teniendo en cuenta a todos los dependientes que fallecen esperando la resolución de la ayuda, una cifra que en la ciudad asciende a aproximadamente a 470 personas desde abril de 2007», lamenta.

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Artículo de opinión. Diversidad funcional La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Vida Independiente

Los ciudadanos con discapacidad de la Comunitat valenciana tenemos derecho a preguntarnos cómo y con qué dinero se han venido pagando los actos preelectorales encaminados a tratar de "captar" o "cautivar" nuestro voto. ¿Nos quiere dar Vd. la respuesta Sr. Camps?

 

Financiación y dignidad

 

XIMO3 

por Ximo González Sospedra *

 

Los ciudadanos con discapacidad de la Comunitat valenciana tenemos derecho a preguntarnos cómo y con qué dinero se han venido pagando los actos preelectorales encaminados a tratar de "captar" o "cautivar" nuestro voto. Bueno, los preelectorales y todos los demás, durante estas últimas legislaturas, gobernadas por los que podríamos llamar "los Petronios de la elegancia graciosa valenciana".

El informe de la Brigada de Blanqueo sobre la financiación ilegal del Partido Popular valenciano es concluyente. Los trajes eran un simple telón de seda; detrás está todo el "tinglao". ¿Y qué es el "tinglao"? Pues todo acto, montaje, sarao, cena con "premios" pactados, actividad, homenaje, etc., encaminado a socavar la dignidad de unas personas ansiosas de que unos dirigentes políticos allanasen todas las barreras físicas, legales y sociales que les impedían ejercer sus derechos y sentirse plenamente integrados. Los equipos de Gobierno del PP valenciano, autonómico, local o de cada Diputación, no han sido más que meros "gestores" de ese "tinglao" para la victoria electoral; todo lo demás carecía de la menor importancia: resolver el desempleo en el colectivo de discapacitados, la rehabilitación, el apoyo escolar, las barreras…

Las personas con diversidad funcional de estas tierras valencianas estamos hartos de "chorizos" de poco pelo, de sinvergüenzas y de corruptos presuntos o confesos. Estamos hartos de ser "carne de cañón" electoral. Estamos hasta los mismísimos cataplines de que siempre "falte mucho por hacer" cuando ya debería estar todo hecho. Las personas con discapacidad estamos hastiados de mentiras, hipocresía y manipulación desde todas las instancias gubernamentales del PP.

Desde aquí, invoco a todas las personas con discapacidad, al CERMI, a COCEMFE y a todas las asociaciones de esta Provincia y de la Comunitat a rechazar y denunciar todo acto pseudo político que pisotee nuestra dignidad como personas y vulnere nuestros derechos constitucionales.

* Ximo González Sospedra

Ex Diputado de las Cortes Valencianas

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Actividades de la Plataforma En apoyo a las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia Comunidad Valenciana Ley de Dependencia Vida Independiente

Una batalla interminable.

 
ORIHUELA

 

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La plataforma de la Ley de Dependencia reclama cuatro especialistas en el Consistorio

27.09.09 –

 

La plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de la Vega Baja mantuvo una reunión con las diversas plataformas de la Comunidad Valenciana y con el Secretario Autonómico de la Conselleria de Bienestar Social para tratar diversos puntos.

La plataforma de la Vega Baja reclamó a Conselleria la dotación de personal especializado en dependencia en los ayuntamientos. Según Manuel García «se debe dotar a los ayuntamientos a partir de 25.000 habitantes con un especialista en dependencia, por lo que a Orihuela le corresponden cuatro personas que tienen que ayudar a aliviar el caos de expedientes sin tramitar».

De igual forma la plataforma exigió una explicación ante el retraso de dos años y medio de algunos expedientes y que según el presidente de la plataforma Manuel García, «tenemos que ponernos al día con otras comunidades autónomas que están haciendo sus deberes». Otro de los puntos tratados fue la retroactividad de la ley, aspecto que Conselleria tiene en cuenta y reconoce las prestaciones desde la solicitud de las mismas. Cuándo van a cobrar los familiares de los fallecidos y la compatibilidad de los derechos fueron otras de las preocupaciones expuestas. En la reunión se dijo que las nuevas solicitudes las tramitaría en dos fases, recogida de datos y reconocimiento de derechos y pago

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¿Publicidad engañosa? Discriminación Diversidad funcional La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Vida Independiente

Menos es nada, aunque nada es lo que recibimos los dependientes valencianos de una administración que nos priva de nuestros derechos.

 

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

 

Bienestar Social reconoce como dependientes a 334 menores de 3 años

EFE VALENCIA

La Consellería de Bienestar Social ha reconocido como dependientes a 334 niños menores de tres años que, a partir de ahora, tendrán derecho a recibir un servicio o una prestación. Cuando se trata de menores de tres años, las solicitudes para el reconocimiento de la situación de dependencia se tramitan por procedimiento de urgencia, por lo que actualmente todas las solicitudes han sido valoradas.

La consellera de Benestar Social, Angélica Such, ha explicado que, de los 334 niños, 238 han sido reconocidos como grandes dependientes, 80 como dependientes severos y 16 han sido valorados con dependencia moderada. Para ellos, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Dependencia establece una serie de prestaciones como la destinada al servicio de ayuda a domicilio o la prestación para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

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Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA

Demasiados yacimientos de empleo y pocas prestaciones de Asistencia Personal a las personas dependientes y con diversidad funcional.

 

 

imageUGT ve "una barbaridad" que un curso de 25 horas permita ser "trabajador profesional"

 

UGT calificó hoy de "barbaridad" que las personas que realicen un curso de 25 horas puedan acceder a la categoría de "trabajador profesional", y añadió que de ser así sería una medida lejos de la profesionalización que impediría construir un sistema de servicios a la altura del resto de pilares del Estado de Bienestar.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Generalitat, Carolina Homar, explicó ayer que a partir de octubre se impartirán cursos de 25 horas que formarán este año a unos 1.300 cuidadores catalanes.

La Conselleria de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat afirmó hoy que esta formación no dará acceso a un certificado profesional y que el objetivo de la misma es ayudar a los cuidadores no profesionales en su labor.

Las personas que superen los cursos y lo deseen tendrán la posibilidad de reconocer esta formación y su experiencia, cosa que les servirá como primer paso para acceder a formación de más larga durada.

En un comunicado, UGT aseguró que están a favor de las actividades formativas que mejoran la calidad de vida de dependientes y cuidadores, pero siempre y cuando "no busquen sustituir la asistencia social y la intervención sociosanitaria profesional" a la que tienen derecho los ciudadanos.

El sindicato se opone también a que esta medida pueda servir para amortizar "una cierta acomodación" al desplegar la oferta pública de servicios y para profesionalizar el sector tanto socialmente como económicamente. Por ello, consideró que la formación y apoyo al cuidado no profesional "no es ni puede ser en sí mismo un mecanismo lícito de integración laboral paralelo a la oferta formativa".

Esta situación condenaría a los futuros trabajadores a unas condiciones laborales y salariales "extraordinariamente precarias", señaló UGT, a la vez que calificó de "impensable" que un curso de esas características permita una habilitación laboral que de una atención de calidad a las personas. Recordó que los trabajadores del sector requieren un perfil formativo como el de trabajadores y educadores sociales, técnicos sociosanitarios y trabajadores familiares.

El sindicato reiteró su crítica a que en la práctica, el despliegue de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia está "acomodado a la distribución de cheques" y se apoya principalmente en el cuidado de familiares, principalmente mujeres, algo que está generando necesidades y gastos añadidos.

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¿Piratas o carroñeros?... Asistencia personal. Denuncia Pública La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Vida Independiente

En Madrid también conocen que la Asistencia Personal es más barata, más efectiva, mejor atendida y más querida por las personas con diversidad funcional que la precisan. ¿Entonces?…

 

 

Juan CotinoMás negocio en Bienestar Social para una firma vinculada a Cotino

Las plazas concertadas con la consejería por el grupo Savia, del que forma parte Sedesa, aumentaron un 170% de 2006 a 2008

 

JAIME PRATS – Valencia – 24/09/2009

Entre los años 2006 y 2008, las plazas que la Generalitat concertó con el grupo Savia, una red de residencias de la tercera edad vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino, crecieron un 170%.

El PSPV sostiene que en 2008 Savia recibió unos 30 millones del Consell.

Bienestar Social indica que sólo se ha beneficiado a los usuarios.

En 2006, los Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL, tenían 213 plazas subvencionadas por la Consejería de Bienestar Social. Por entonces Cotino era consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras las elecciones de 2007, este importante dirigente del PP valenciano recibió el encargo del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de asumir la supervisión de la política social como vicepresidente tercero y de ocuparse de la Consejería de Bienestar Social.

Meses más tarde, en enero de 2008, un acuerdo tomado en sesión plenaria del Consell modificó las reglas de juego de la financiación de plazas concertadas en centros privados de la tercera edad. A finales de ese año, las residencias de Savia-Gerocentros vieron incrementadas las plazas concertadas con la Administración valenciana hasta alcanzar el número de 1.938, según un listado de la consejería al que ha tendio acceso este periódico. Esta cifra representa casi tres veces más de las plazas subvencionadas en 2006 y una cifra cercana a los 30 millones de euros de financiación pública, según el diputado socialista Antonio Torres.

Gerocentros del Mediterráneo, SL, es una empresa presidida por Sedesa Concesiones -filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)-, ligada a la familia de Juan Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino Escrivá, que es la persona que gestiona el Grupo Sedesa.

El control de la firma es compartido con la empresa Enrique Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria. A esta promotora-constructora le corresponde ocupar el puesto de consejero delegado.El año clave en el aumento de plazas concertadas por parte de Sedesa es 2008. En 2006, según las respuestas parlamentarias remitidas por el Consell a preguntas del diputado socialista Antonio Torres, el número de personas alojadas en las residencias del Grupo Savia con subvención pública eran 716 (bajo el bono-residencia 213 y con la modalidad de accesibilidad social 503). En el año 2007, el mismo en que Cotino accedió a Bienestar Social, el número de plazas financiadas con fondos públicos, según la misma fuente, creció ligeramente hasta alcanzar las 928 (680 de accesibilidad social y 248 de bono).

Sin embargo, el gran impulso a la subvención pública de plazas del grupo Savia llega en el año 2008. A finales de diciembre de ese año, la cifra se dispara hasta las 1.938 (1.563 de accesibilidad social y 375 de bono). En este caso, la información no proviene de las respuestas parlamentarias a las preguntas formuladas por el PSPV, ya que, a partir del año pasado, la Consejería de Bienestar Social dejó de detallar las plazas subvencionadas que corresponden a cada centro. Los datos se han extraído de un listado elaborado por el propio departamento de Bienestar Social al que ha tenido acceso este diario.

Este incremento del 170% de plazas se produjo meses después de un importante acuerdo del Consell, de enero de 2008, en el que se modificó el mapa de la atención residencial a la tercera edad diseñado por Rafael Blasco en 2001 cuando llegó a la Consejería de Bienestar Social. "Y no es ninguna casualidad la relación entre los dos hechos", como apunta el diputado socialista Antonio Torres. De hecho, este representante del PSPV sostiene que el acuerdo del Consell es la causa directa del aumento de plazas subvencionadas.

El llamado plan de las 9.000 plazas de Blasco pretendía que la iniciativa privada construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas residenciales para personas mayores a través de un concurso en el que la Generalitat elegía el lugar en el que debían construirse los centros. A cambio, la Administración se comprometía a ocupar el 30% de estas estancias bajo la modalidad que se denominó accesibilidad social. Este programa no obtuvo el resultado esperado y, tras muchos problemas, siete años después se quedó a 1.500 plazas del objetivo.

Gerocentros del Mediterráneo (con una composición accionarial distinta a la de 2008) fue la principal adjudicataria del plan, al conseguir 20 de los 52 centros. Tras el acuerdo del Consell del año pasado, la Generalitat eliminó el tope del 30% a todos estos centros, que tenían dificultades para ocupar el 70% de las habitaciones restantes con clientes privados. De esta forma, se abrió la posibilidad de concertar el resto de plazas, como así ha sucedido, "de lo que se benefició la firma vinculada a Cotino", apunta Torres. Según sus cálculos, el grupo Savia pasó de facturar en 2007 casi 16 millones a Bienestar Social a 30 millones el año pasado.

"No se ha beneficiado a ningún centro, sino a los usuarios que necesitaban plazas", señalaron ayer a este diario fuentes de Bienestar Social. "Había dependientes que necesitaban asistencia y había que dársela; como había plazas libres para atenderlos, se ha hecho lo posible para cubrir su atención". Además, fuentes de este departamento apuntan que se ha realizado una concertación global también con centros sin ánimo de lucro. "Esto no beneficia más a ellos [Savia] que a otros".

Una argumentación similar es la que recoge el acta del acuerdo del Consell de enero de 2008. Este documento alude a las necesidades que plantea a la ley de Dependencia y a la necesidad de "dotar de una mayor agilidad en los procesos de asignación de plazas residenciales para personas mayores dependientes". También sostiene que la medida introduce "mayor transparencia".

La visión de Torres -quien tuvo que esperar 10 meses a que el Consell le remitiera su acuerdo- es opuesta. "Lo que los ciudadanos quieren no son plazas en residencias sino servicios próximos, como ayuda a domicilio, teleasistencia o asistencia personal, que además son más baratos. Lo que ha hecho Cotino es potenciar los ingresos en residencias, unos servicios en los que tiene especial interés". Por ello el diputado socialista cree que el vicepresidente del Consell "ha prevaricado al primar la atención más cara sobre la más económica y la preferida por los usuarios".

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¿Piratas o carroñeros?... Discriminación La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA Vida Independiente

Manifestacines grandilocuentes para seguir engañando a la gente. ¿Es esa la misión que le ha encargado Camps a Ángélica Such? ¿Que continúe mareando la perdiz como antes lo hizo Joan Cotino?

 

 

Such: “La aplicación de la ley de dependencia exige un alto contingente humano y de recursos”

  • En la Comunitat Valenciana hay más de 25.000 personas trabajando en empleos directamente relacionados con la aplicación de la Ley. 
  •                                                        
  • El 50% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes en la Comunitat Valenciana están dados de alta en la Seguridad Social

elperiodic.com

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image  La Consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha asegurado que la aplicación de la ley de dependencia “exige un alto contingente humanos y de recursos” y ha destacado que en la Comunitat Valenciana “hay más de 25.000 personas trabajando en empleos directamente relacionados con la aplicación de la Ley de Dependencia”.

Such ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la Jornada “El Empleo y la Dependencia” organizada por AERTE (Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de dependencia de la Comunidad Valenciana) y que hoy ha tenido lugar en Valencia.

En su intervención, la Consellera de Bienestar Social ha indicado que sólo durante este año “y gracias a una inversión pública de la Generalitat superior a los 400 millones de euros, se han generado 8.700 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo relacionados con el cuidado de personas dependientes. La Ley de Dependencia, más allá de la importantísima vertiente asistencial, tiene una incuestionable relevancia económica y social en cuanto a su potencial generador de empleo”.

Empleo estable y femenino

Such ha explicado que el desarrollo de la Ley “ha generado nuevos yacimientos de empleo entre el personal dedicado a la atención y a los cuidados personales, a la hostelería en residencias o centros de día, al mantenimiento de los centros, y entre el personal especializado: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y personal de gestión y administración de centros y programas”.

Asimismo, la Consellera ha destacado el conjunto de factores positivos sobre el empleo que se está generando en la medida que se trata de un empleo estable, con vocación de continuidad, con calidad creciente, mayoritariamente femenino, con unas buenas perspectivas tanto económicas como de estabilidad laboral. “De hecho –ha matizado- el sector asistencial es el primer sector en cuanto a crecimiento de empleo, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunitat Valenciana”.

Cuidadores no profesionales

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia contempla entre sus prestaciones, aquellas que van a destinadas a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

La prestación económica para ser atendidos por cuidadores no profesionales, exige que se den condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención (PIA).

Esta prestación es de carácter nominativo y la recibe la persona en situación de dependencia para los gastos derivados de su atención. El cuidador no profesional que lo atienda deberá cumplir las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social.

Respecto a este último punto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reguló un convenio especial para la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el 50% de todos los cuidadores no profesionales de personas dependientes que reciben este tipo de prestación, están dados de alta en la Seguridad Social a través de este convenio especial desarrollado por el Ministerio, cifra que supera a la mayoría de otras autonomías.