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Asistencia personal. Divulgación Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia perpetúa el cuidado de ancianos en casa.

 

 

Cuidadores_familiares_dependientesEl 51% de las ayudas concedidas es una paga para las mujeres que atienden a sus mayores – La falta de servicios y la tradición abocan a este recurso económico.

 

CARMEN MORÁN – Madrid – 22/09/2009

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La paga para el familiar que cuida de los ancianos en casa se ha disparado entre las ayudas previstas en la Ley de Dependencia. Más de la mitad de las prestaciones concedidas ya son para atender a los mayores en el domicilio, es decir, una retribución para las mujeres -hijas, esposas y nueras- que los han atendido y lo seguirán haciendo. La prestación económica por cuidados familiares, que así se llama, es mayoritaria en casi todas las comunidades autónomas y ya supone, como media, el 51,4 del total de ayudas concedidas. Así que, la dirección que están tomando las cosas es justo la contraria de la que dice la ley. La ayuda al cuidador familiar debe ser "excepcional" y siempre que se den las condiciones adecuadas en la vivienda. Se redactó así previendo situaciones que ya se daban en nuestro país y para que aquellas zonas, sobre todo rurales, donde no llegan los servicios, tuvieran una contrapartida económica.

Es más barato dejar al dependiente en la vivienda que una plaza de geriátrico.

Los familiares no han recibido aún la formación que se había prometido.

En Murcia apenas se ha concedido más que dinero para las cuidadoras.

Pero dos factores han dado la vuelta a la tortilla: las preferencias de los ciudadanos, guiados aún por modelos tradicionales de cuidados a la vejez, y lo barata que les sale a las comunidades esta prestación, mucho más que una plaza en un geriátrico. A ello se añade la escasez de servicios, que aboca a los profesionales, en ocasiones, a recetar esta ayuda económica con tal de que el ciudadano reciba algo. Los trabajadores sociales reconocen que, a veces, no es lo más adecuado para el anciano, pero no hay otra cosa que ofrecer. La ley prevé, además, formación para el cuidador, que tampoco la está recibiendo.

Espectacular es el caso de Murcia, que, a juzgar por los datos, no ha hecho otra cosa en la Ley de Dependencia más que dar esa ayuda. Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla (ambas bajo la gestión del Gobierno), todas muy por encima de la media, que ya es bien alta. "Con estas cifras se puede decir que se ha desvirtuado la ley. Estas ayudas se contemplaron como algo excepcional para algunas zonas rurales, donde es más difícil que lleguen otros servicios, pero se están generalizando", explica Montserrat Muñoz, coordinadora ejecutiva de Política Institucional de IU. Muñoz, que participó activamente en el nacimiento de esta ley, opina que "estas ayudas están evitando que se cree empleo de calidad ligado al bienestar de los ciudadanos". Y añade: "La mayoría de los cuidadores son mujeres, lo que las consolida en el papel que han desempeñado siempre. No se les está dando un empleo, aunque éste fuera con un gran sesgo sexista".

La secretaria de Asuntos Social del PSOE, Marisol Pérez, opina que esta desviación de la ley hacia la prestación económica es propia de los inicios, pero que cambiará. "No hay suficientes servicios aún y sí una cultura familiar que persiste: esta tarea la hacían muchas mujeres y algunas quieren seguir haciéndola. Cuando se hizo la ley, éramos conscientes de esa realidad social. Se necesitará un cambio generacional para modificar esa costumbre, pero, mientras tanto, esas mujeres tienen ahora ventajas, cobran por ello y se dan de alta en la seguridad social", explica.

Por su parte, el portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, lamenta que "lo excepcional se esté convirtiendo en ordinario. Si se consolida este modelo, finalmente, la gente contará con un poco más de dinero, pero no se habrán resuelto los problemas de autonomía personal ni de calidad de vida. Por no hablar del empleo que dejará de generarse. Y encima, el aumento de esa prestación no va acompañado del apoyo y la formación a los cuidadores que también preveía la ley".

Una plaza en una residencia para ancianos (o discapacitados) es la segunda ayuda más concedida, con casi un 20% de los casos. Pero esto es engañoso, porque muchas de las personas que aparecen como beneficiarias de una plaza geriátrica (86.220 en total) ya estaban atendidas allí antes incluso de que se aprobara la ley. Las comunidades autónomas se limitaron, entonces, a registrarlos en las listas y a recibir dinero por cada uno de ellos, como han reconocido algunos responsables autonómicos. Madrid sorprende por encima de todas las demás, 55 puntos por encima de la media en la supuesta concesión de plazas residenciales. Con esas cifras, la comunidad madrileña habría debido abrir en los últimos tres años docenas de geriátricos.

El Gobierno se hartó de las cifras que las comunidades reflejaban sobre la concesión de nuevas plazas en residencias y sacó un decreto en febrero en el que advertía a las comunidades de que sólo les daría dinero si el procedimiento de solicitud y reconocimiento de una ayuda lo había solicitado el propio beneficiario. Las comunidades pararon. Pero Madrid, por ejemplo, ya había sumado por entonces de un mes para otro más de 4.000 personas nuevas ingresadas en una residencia.

El resto de las prestaciones se han concedido en porcentajes muy escasos (ver gráfico) y alguna de ellas, como la ayuda a domicilio, está en manos de los ayuntamientos. Por tanto, la gran novedad, tres años después de iniciarse la Ley de Dependencia, ha sido la paga a los familiares por cuidar a sus ancianos, justo lo contrario de lo previsto. Pero, al menos, es una ayuda derivada directamente de esta ley, porque antes no existía. De todas las demás, caben dudas.

A las comunidades les sale muy barato prescribir estas ayudas. Castilla y León (PP), que ha hecho públicos datos como el número de beneficiarios y el de prestaciones, así como la financiación que recibe, ha calculado que si concediera un 51,4% de ayudas a los familiares (la media nacional), en lugar del 34,8% que da en la actualidad, se ahorraría 6,1 millones de euros al mes.

Hoy se reúnen los consejeros con el Gobierno para aprobar, previsiblemente, un nuevo modelo de información que clarifique las estadísticas de la Dependencia.

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Actividades de la Plataforma En apoyo a las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia Comunidad Valenciana La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Vida Independiente

Conferencia sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, organizada por la A.VV. MONTESOL DE L’ELIANA

 

CONFERENCIA SOBRE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

FECHA: JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS.

LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL DE L’ELIANA

ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE VECINOS DE MONTESOL Y ADYACENTES

PRESENTADA POR LA PLATAFORMA VALENCIANA EN DEFENSA DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

COLABORAN: AJUNTAMENT DE L’ELIANA (SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL) Y LA AGENDA 21 DE L’ELIANA

carteleliana

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¿Piratas o carroñeros?... ¿Publicidad engañosa? Actividades de la Plataforma En apoyo a las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia Comunidad Valenciana La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Reivindicación Vida Independiente

Ante la vergonzosa espantada del Consell de la Generalitat Valenciana haciendo dejación de sus responsabilidades con la Ley de Dependencia, las plataformas en defensa de la Ley redoblan esfuerzos reclamando sus derechos escamoteados.

 

 

Información.es » Elda

 

ASPE

 

Una campaña denuncia la muerte de 43 dependientes esperando las ayudas

La Plataforma de la Dependencia exige al Consell que aplique la ley antes de que haya que añadir más fallecidos a la lista de la "vergüenza y la indignidad"

 

 

 

 

Los miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia han colocado cientosde carteles por toda la localidad

 

JESÚS CRUCES

PÉREZ GIL

La aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana está dando lugar a situaciones tan vergonzosas como hirientes. Aspe es un ejemplo flagrante de ello. En los dos últimos años 43 vecinos del municipio han fallecido esperando las ayudas solicitadas. Prestaciones y servicios que el Gobierno central ha garantizado a través de una ley que en otras Comunidades Autónomas se está cumpliendo de manera efectiva.

Una triste realidad que la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Aspe, La Romana y Hondón de las Nieves ha querido denunciar públicamente a través de una original campaña que trata de informar, sensibilizar pero, sobre todo, reivindicar.

La semana pasada las calles de Aspe aparecieron empapeladas con cientos de carteles con el número 43 aumentado por una lupa y acompañado de un signo de interrogación y la pregunta: "¿Y tú?". La curiosidad y expectación generadas durante los últimos días entre los aspenses se vieron satisfechas ayer con una nueva tanda de carteles y seis preguntas al aire: ¿Sabes que ya han fallecido 43 personas en Aspe esperando las ayudas? ¿Qué sabes de la Ley de Dependencia? ¿Tienes algún conocido o familiar? ¿Estás concienciado con este tema? ¿Sabes que no se está cumpliendo la ley en esta Comunidad? y ¿Sabes que es un derecho para todos?.

"Cualquier interrogación es válida para que la gente opine sobre este tema porque es muy triste que, en nuestra autonomía, no nos quede más remedio que constituirnos en plataformas -ya son quince- para exigir lo que en justicia nos corresponde y que tengamos que acudir a los tribunales para poder ganarnos un derecho que la ley nos reconoce", comentaba ayer la portavoz de la Plataforma, Mari Cruz Gallego Soria, que aporta más datos e igual de sangrantes. Por ejemplo. De 323 solicitudes de ayuda formuladas en Aspe y Hondón de las Nieves sólo son beneficiarias de la ley 11; pero únicamente 9 han logrado ejercer su derecho porque a dos de los solicitantes la aprobación les llegó después de fallecer. Hay más. Un total de 81 personas de Aspe y Hondón de las Nieves siguen todavía esperando la valoración de grado y nivel. Solicitaron la prestación pero aún no las han llamado desde la Conselleria de Bienestar Social para analizar sus casos. Ajustándonos a la ley los grandes dependientes deberían ser beneficiarios desde septiembre de 2007. Sin embargo en Aspe los primeros comenzaron a serlo a partir de 2009. Un retraso de más de año y medio. "Y, por desgracia, podría seguir dando cifras y más cifras para vergüenza del Gobierno de Camps e indignación de quienes nos enfrentamos con rabia e impotencia a este muro de incomprensión e incumplimiento", subraya Mari Cruz Gallego.

La campaña va a tener una tercera parte en la que también se va a implicar una televisión local. Todo ello de forma altruista porque quienes integran esta Plataforma no tienen apenas medios. "Sólo tenemos un gran corazón. El gran corazón que parece faltarles a nuestros gobernantes", sentencia la portavoz.

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¿Piratas o carroñeros?... Artículo de opinión. En apoyo a las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia Comunidad Valenciana La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia Vida Independiente

Como bien dice Rajoy, "la democracia es ejercer derechos".

 

Informacion.es » Opinión

 

TRIBUNA

 

LEY DE DEPENDENCIA 

Mª CRUZ GALLEGO SORIA

Mariano Rajoy en su escaño

Como dice Rajoy, "la democracia es ejercer derechos". Qué gran frase y qué bien le queda a quien la dice. Pero debe ser que cuando Rajoy daba esta gran lección de democracia en una de sus comunidades preferidas, no estaba muy atento: lo hizo en la Comunidad Valenciana. Parece que, su hasta ahora conseller de Bienestar Social, no ha logrado entender esta parte de la democracia y se ha dedicado a impedir de manera vergonzosa que las personas dependientes de esta comunidad puedan ejercer su derecho a las prestaciones y servicios que les da desde el 1 de enero de 2007, la Ley 39/2006, conocida como la Ley de Dependencia. Y el presidente Camps, que parece que tampoco estuvo cuando se dio esta lección, lo premia por su gran labor al frente de Bienestar Social, dándole la Conselleria de Urbanismo. Pero para entender mejor estos argumentos, vamos a hacer un balance del resultado desde el uno de enero de 2007, fecha en la que entró en vigor la ley en esta nuestra comunidad: tres veces menos de solicitudes de lo que cabría esperar según población. ¿Será que se están falseando los datos para minimizar su nefasta gestión? Servicio estrella: plazas residenciales, y por si alguien aún no lo sabe, casi el 40% de las residencias de esta Comunidad pertenecen a la familia del señor Cotino. 15 plataformas en defensa de la ley de dependencia (esperemos que Ángela Such, la nueva consellera que llevará Bienestar Social, estuviera presente cuando Rajoy dio esta clase magistral).

En Aspe y Hondón de las Nieves, de 323 solicitudes, sólo 11 ya son beneficiarias de la ley.Pero de esas 11, nueve han logrado ejercer su derecho, puesto que a dos les llegó después de fallecer, el 2,7 % de los solicitantes tras 2 años y 8 meses después de su entrada en vigor.

Los procesos que te llevan a ser beneficiario de la ley como mucho son de nueve meses, con lo que todos los grandes dependientes tendrían que ser beneficiarios desde septiembre de 2007, sin embargo, en Aspe los primeros beneficiarios empiezan a serlo a partir de 2009.
81 personas de Aspe y Hondón de las Nieves siguen todavía sin ser valoradas, han solicitado la prestación, y aún no les han llamado de Valencia para venir a valorarlos. Esto supone que al 25% de solicitantes aún no se les ha hecho ni caso después de 2 años y 8 meses. Del 75% restante que si ha sido valorado sólo 13 tienen una resolución del PIA, paso último antes de recibir el servicio.

El resto está atascado en cualquier parte del proceso. La emisión de informes sociales corresponde al ayuntamiento y, aunque hay que decir que se ha hecho un esfuerzo para agilizarlos, lo cierto es que resulta insuficiente. Y mientras éstos no se realicen o se ralenticen, los dependientes seguirán esperando y desesperando porque no accederán a lo que la ley les concede. Si el ayuntamiento no tiene medios para que se siga manteniendo una segunda trabajadora en los servicios destinados a la dependencia, que se los exija al Gobierno valenciano. Pero no se puede seguir esperando, cuando en otras comunidades la implantación es del 100% y desde que los plazos lo establecen.

En junio salió publicado el tercer dictamen del observatorio sobre el desarrollo y la implantación territorial de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Este dictamen pretende poner de manifiesto la situación actual de la ley en cada comunidad. Tiene una parte en la que se habla de las buenas prácticas en esta materia de muchas comunidades y otra con los criterios y resultados obtenidos por cada una.

¡Y qué vergüenza!, un apartado especial con portada propia para la Comunidad Valenciana: Las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana. Formadas por personas en situación de dependencia y sus familiares, con el apoyo de sus profesionales y ciudadanos, en defensa de sus derechos y contra las malas prácticas de su comunidad, reconociéndose y apoyándose la gran labor que están realizando en la lucha para que en esta comunidad se aplique y se implante la ley de dependencia.

Mientras, en otras comunidades reciben halagos, aquí se forman 15 plataformas porque no se cumple la ley, con multitud de quejas y demandas a la sindicatura para presionar al Gobierno valenciano, manifestaciones, concentraciones,É Incluso se ha conseguido en Alicante un servicio de asesoramiento especializado con la colaboración del Colegio Oficial de Abogados y se está luchando por conseguir una colaboración en Valencia para que sea posible un turno de oficio especializado.

En esta comunidad hay que ganarse el derecho en los tribunales.

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La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia

Angélica Such. Suma y sigue: Una valenciana lleva 21 meses a la espera de que le evalúen la minusvalía

 

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

 

La mujer carece de ingresos y está intentando que le concedan una pensión para poder subsistir

 María del Mar C. S. muestra en su casa la petición que hizo el 4 de diciembre de 2007

 

 

María del Mar C. S. muestra en su casa la petición

que hizo el 4 de diciembre de 2007

 

manuel molines

 

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Una valenciana de cuarenta años lleva 21 meses esperando a que la Conselleria de Bienestar Social valore su grado de discapacidad. La mujer, María del Mar C. S., carece de ingresos desde que falleció su madre en febrero y está intentando que le reconozcan el derecho a recibir una pensión para poder subsistir con dignidad. La Conselleria de Bienestar Social mantiene que el servicio de valoración tarda una media de "diez meses" y asegura que lo reforzará. El sindicato CC OO advierte de que las demoras son mayores y considera que se "están vulnerando los derechos fundamentales de las personas que necesitan que la Administración resuelva con rapidez sobre su situación. La propia Generalitat incumple la ley que fija el tiempo máximo de resolución en seis meses".

María del Mar ya tuvo que pelear durante meses para que a su madre le concedieran las ayudas de la ley de la Dependencia, que le dieron el mismo mes que falleció. "No he cotizado porque estaba siempre en casa cuidando de mi madre, que estaba postrada en la cama desde que sufrió una trombosis cerebral. Hoy subsisto gracias a la ayuda que me dan mis hermanos", lamenta. La mujer explica que se quedó mal de una intervención quirúrgica en el hombro derecho y no puede realizar trabajos con el brazo. "Pedí que me valoraran el grado de minusvalía el 4 de diciembre de 2007. Lo único que sé es que van a tardar como mínimo dos o tres meses más", añade.

"Increíble e indignante"
La mujer considera "increíble e indignante" tener que esperar "casi dos años" para que revisen su caso. "La asistente social reconoce que es una vergüenza lo que está pasando, pero afirma que no puede hacer nada. Los médicos me han dicho que no tengo solución y estoy desesperada porque no puedo obtener una pensión ni trabajar en mis condiciones", declara María del Mar.

La Conselleria de Bienestar Social mantiene que se ha producido un incremento considerable de peticiones de valoración y que el caso de la denunciante es "excepcional. Un año y nueve meses de demora es demasiado. Las valoraciones no suelen tardar tanto, aunque es cierto que hay una demanda muy alta de peticiones y se ha producido un cierto colapso".

Advertencias desde 2003
El Síndic Bernardo del Rosal ya instó en 2003 al Consell a que redujera la espera en las valoraciones. En 2005 abrió una queja de oficio tras constatar que Bienestar Social tardaba hasta un año en valorar las solicitudes.

El portavoz de CC OO en Alicante, Salvador Roig, explicó que el problema es que "los equipos de valoración de Bienestar Social tienen poco personal en toda la Comunitat Valenciana". Roig recordó que el certificado de minusvalía es necesario para acceder a una gran cantidad de ayudas que concede la Administración.

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La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia

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POLÕTICA// LLEGADA DE LOS CONSELLERS AL PLENO DE LA REMODELACI”N. ANG…LICA SUCH.

Such reclama al Gobierno que cambie la financiación de la Dependencia

 

 

 

JuanCotino

Cotino reivindica el trasvase del Ebro y otro reparto en la cuenca del Júcar

 

 

 

 

EL PAÍS – Valencia – 17/09/2009

La consejera de Bienestar Social, Angélica Such, solicitó ayer al Gobierno que el nuevo modelo de financiación autonómica de la Ley de la Dependencia incluya no sólo a los dependientes reconocidos hasta el mes de abril, sino que este plazo se extienda hasta final de año. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero decidió reconocer los esfuerzos hechos por las administraciones que mejor han gestionado el proceso de solicitudes y vincular parte de los fondos a la eficacia administrativa -que vinculó al número de casos reconocidos-.

La noticia en otros webs

Such, que ayer acudió a Madrid para entrevistarse con el secretario general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Francisco Moza, señaló que de aplicarse la financiación tal y como está se ignora a personas dependientes incorporadas a partir de abril, lo que "supondría una carencia aún mayor de financiación estatal durante el próximo año". La consejera de Bienestar Social mostró, además, su intención de coordinar con el resto de comunidades autónomas cuestiones como la resolución de expedientes en caso de fallecimiento o la formación de cuidadores.

Such recordó que la consejería ha puesto en marcha un nuevo decreto que "simplifica el largo sistema establecido en el Decreto 171/2007" destinado a obtener la máxima rapidez en la tramitación de la documentación. La Comunidad Valenciana es de las últimas en los registros oficiales que recogen el grado de aplicación de la ley.

A esta cuestión se refirió ayer el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia, que denunció que el Consistorio y la Generalitat tienen "atascadas" 7.135 solicitudes de personas con discapacidad y mayores de la ciudad. El concejal Julio Such indicó que de las más de 8.000 peticiones remitidas al Ayuntamiento, sólo 920 vecinos tienen reconocido el derecho a cobrar ayudas o recibir la prestación que les corresponde, después de dos años y medio de vigencia de la ley. "Si el PP sigue el mismo ritmo, se tardará 15 años en reconocer los derechos a las 7.135 personas [pendientes de respuesta]", denunció.

También a Madrid, pero al Ministerio de Medio Ambiente, viajó el consejero Juan Cotino, para encontrarse con el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu. El vicepresidente tercero expuso "las principales reivindicaciones" de la Generalitat en materia hídrica.

Cotino recuperó el discurso, atenuado en los últimos tiempos, de que el Gobierno "sigue negando el agua a los valencianos". Para el consejero, mientras el presidente Rodríguez Zapatero "no se dé cuenta" de que la supresión del trasvase del Ebro es mala para toda España, "no hay nada que hacer". No obstante, el consejero de Medio Ambiente consideró que el trabajo con el ministerio de cara a alcanzar acuerdos se mueve en una "línea positiva". Sobre la demarcación del Júcar, Cotino calificó de "irracional" que se plantee una nueva cuenca que incluye el Vinalopó bajo supervisión del Estado, y deja fuera L’Alacantí porque sus ríos son competencia del Consell. El gobierno valenciano aboga por una gestión integrada de ambas comarcas, lo que choca con la exigencia legal de que asuma los ríos internos. Según la consejería, Puxeu se comprometió a estudiar las alegaciones para una posible revisión del decreto de la demarcación del Júcar. Ambas partes se volverán a reunir en dos meses.

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Artículo de opinión. Ley de Dependencia Vida Independiente

Algo estamos haciendo muy mal.

Por Mª Ángeles Sierra. *

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Todo aquello que nos reconocen las leyes es por derecho y por deber nuestro. Pero ¿qué ocurre cuando entre lo que se legisla y lo que se aplica, la gran mayoría colectiva no prima?

Algo están haciendo muy mal algunos y algo estamos quizás consintiendo demasiados.

Todo cuanto nos atribuyen las les leyes, se desmiente en la práctica. La gran mayoría de españoles no somos usufructuarios y mucho menos perceptores de una vivienda digna, ni de un empleo digno, ni de un salario digno, ni de unas pensiones dignas, ni de un entorno universalizado, ni de una educación igualitaria y homogénea, ni de unos servicios sociales basados en saber hacer frente al coste de igualdad de oportunidades de sus ciudadanos. Sin embargo y pese a lo mucho en que de forma grupal o colectiva parecemos intentar reivindicar estas y otras muchas realidades de desigualdad social con que cada día nos despachamos, algo estamos entre todos haciendo demasiado mal para que lejos de encontrar la vía de las soluciones estemos incluso contribuyendo con nuestras ocasionalmente fatigosas e inoperativas acciones a agrandarlo.

No somos ajenos a las “movidas sindicales”, ni al “alzamiento de voz” de diferentes grupos sociales, pero permanecemos estancados en una especie de callejón sin salida que lejos de unificarnos como sociedad completa y solidaria diríase que nos segmenta y aísla convirtiéndonos en unos para otros como en una especie de sujetos de colectivos caprichosos a la par que insolidarios.

Nuestro sistema político, administrativo y económico falla, porque nosotros como sociedad, también estamos fallando. Quizás nuestro grado de condescendencia, que no es más irresponsabilidad individual está siendo tan extremadamente pronunciado, que la suma de todas esas irresponsabilidades es el verdadero origen de lo que de forma global nos está pasando, tal vez llevados de la mano, de que cuanto acontece en nuestro entorno social lejos de meditarlo y reflexionarlo para adoptar la oportuna y responsable decisión, lo acabamos consintiendo o delegando aun sabiendo que en ello nos va el fracaso.

El sistema se aprovecha de nosotros, porque el sistema somos nosotros, los mismos que una y otra vez tiramos piedras contra nuestro propio tejado. ¿Si sabemos que algo no funciona, por qué perdemos el tiempo en inútiles conductas en que además perseveramos? Me atrevería a decir que como sociedad, ni siquiera hemos madurado. Y no es que tengamos lo que nos merecemos, sino más bien que aun no somos plenamente conscientes de que somos merecedores de algo tan sencillo como nuestra propia dignidad.

Afortunadamente, algunos, en ello estamos.

* Mª Ángeles Sierra, es activista del Foro de Vida Independiente.

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Artículo de opinión. Ley de Dependencia

"Se ha pervertido el espíritu de la ley y la letra", dice la (FED)

 

Sin ningún pudor

Miguel Rueda Brenes

Parece ser que a la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia (FED) las cuentas no le salen. En un artículo reciente se dice con relación a Ley para la Autonomía Personal que "la esperaban como el maná pero les está poniendo la soga al cuello". "Se ha pervertido el espíritu de la ley y la letra", dice la (FED), y es que se está imponiendo el cuidador familiar frente a la oferta de plazas residenciales hasta el punto de que no pocos mayores están volviendo a casa. Para colmo se está produciendo un trasvase desde las residencias privadas a las concertadas.

Las administraciones lo comprenden: "nos dicen que tenemos razón, pero que les sale tres veces más caro prescribir una plaza residencial que pagar a un cuidador informal".

Uno, que es tetrapléjico, se queda pasmado. Está claro que esta ley se ha hecho de espaldas a los afectados. Las encuestas son claras: la inmensa mayoría no quiere saber nada de residencias. Hay que concluir que la ley nació perversa; utilizando a mayores y discapacitados como materia prima para dinamizar la economía, pero sin aportar instrumentos para que este colectivo discriminado pudiera ejercer plenamente sus derechos ciudadanos. Se pasó de puntillas por la figura de la asistencia personal, ampliamente implantada en países de nuestro entorno. Generadora de empleo social y directo, creadora de riqueza y favorecedora de la igualdad de oportunidades. Ideal precisamente en tiempos de crisis. El 12 de septiembre hay convocada en Madrid una nueva marcha por los derechos de las personas con diversidad funcional. Allí estaré.

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Denuncia Pública Derechos humanos La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA

La Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, de mal en peor.

 

Información.es » Integrados

 

BIENESTAR SOCIAL

 

La Ley de Dependencia acumula 1.042 retrasos.

 

La Conselleria registra desde el año pasado más de un millar de resoluciones del Síndic de Greuges por incumplimiento

 

 

 

 

 

Imagen de la manifestación celebrada el pasado mes de mayo exigiendo el cumplimiento de la Ley de Dependencia

M. A. MONTESINOS

REDACCIÓN En el año 2008 el número de resoluciones remitidas por la Sindicatura de Greuges a la consellería de Bienestar Social se situó en 336, incluida la investigación realizada de Oficio, mientras que en los siete primeros meses del año 2009 se acumulan 706 recomendaciones.

En este sentido cabe destacar que el 72% de las quejas resueltas por la Sindicatura desde enero a julio de este año y publicadas en la pagina web de la institución, afectan directamente al departamento que dirige Juan Cotino. De un total de 982 recomendaciones realizadas a diferentes instituciones (ayuntamientos, conselleries..) en el periodo analizado, 706 hacen referencia al incumplimiento de la denominada Ley de Dependencia y son responsabilidad de Bienestar Social, según apuntan fuentes de CCOO.

En la mayoría de los casos las reclamaciones de los ciudadanos se producen por el retraso en la valoración y el reconocimiento de las prestaciones contempladas en la cartera de servicios de la propia Ley, en otras se trata de personas que, habiendo solicitado las ayudas, han fallecido sin obtener respuesta de la administración y mientras el Sindic reclama el pago de las prestaciones a los familiares, en este sentido también existen decenas de reclamaciones referentes al pago retroactivo de las ayudas económicas. En el comunicado facilitado por el sindicato, las resoluciones de las personas que aparecen recogidas en el documento y analizadas, que habían acudido al Sindic de Greuges, iniciaron los tramites ante la administración en el año 2007.

Prestaciones
Los datos reflejan la situación de miles de personas con algún tipo de dependencia, que teniendo derecho a una serie de prestaciones, que faciliten su autonomía personal, no pueden acceder a las mismas de manera ágil y en el tiempo efectivo.

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Asuntos sociales Denuncia Pública Derechos humanos Discriminación Divulgación La LEPrA y la Generalitat Valenciana Ley de Dependencia

Otras medidas son necesarias y no las de sastrería precisamente. Y también mas dignidad.

 

 

Información.es » Alicante

SERVICIOS SOCIALES

Las quejas por la Ley de Dependencia suponen el 72% de las resoluciones del Síndic de Greuges.

 

CC.OO. ve escandaloso que Bienestar Social acumule más de mil denuncias.

 

 

 

 

Antonio Prieto, de pie, junto a su padre, recientemente fallecido, su madre y su hermano, en una imagen de abril

RAFA ARJONES

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"Vamos de mal en peor y yo ya no sé qué más hacer". Alicante

A. PRADO

El retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana concentra en la actualidad el grueso de la actividad del Síndic de Greuges, que acumula un total de 1.042 quejas ciudadanas contra la Conselleria de Bienestar Social por el incumplimiento en esta materia.

Así se refleja en un estudio elaborado por el sindicato comarcal de CC OO, que pone de manifiesto que el 72% de las quejas resueltas por esta institución en lo que va de año, publicadas en su página web, afectan directamente al departamento de Bienestar Social que dirige Juan Cotino y se refieren a la no aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad.

Según estos datos, de las 982 recomendaciones realizadas por la Sindicatura a diferentes organismos e instituciones públicas entre enero y julio, un total de 706 hacen referencia al incumplimiento de la citada ley. A ello se suman las 336 resoluciones emitidas por la Sindicatura en el año anterior, incluida la queja de oficio elaborada entonces por Emilia Caballero, lo que, a juicio del responsable de Comunicación de CC OO, Salvador Roig, es "un escándalo".

La mayoría de las reclamaciones de los ciudadanos se producen por el retraso en la valoración y reconocimiento de las prestaciones contempladas en la Ley de Dependencia, además de otras de personas que, habiendo solicitado las ayudas, han fallecido sin obtener respuesta y el Síndic reclama el pago de las prestaciones a los familiares. También existen decenas de quejas referidas al pago retroactivo de las ayudas económicas.

El estudio añade a la gravedad del caso que las resoluciones analizadas de las personas que han acudido al Síndic iniciaron los trámites en el año 2007.

A juicio de Roig, los datos revelan que "miles de personas no pueden acceder a las prestaciones de manera ágil por la lentitud y la inoperancia de la Conselleria a la hora de gestionar las solicitudes" y añade que a pesar de la evidencia de que la Generalitat no cumple la norma, "Bienestar Social sigue obviando las recomendaciones de la Sindicatura" en un derecho esencial de las personas dependientes, lo que califica de "inconcebible".