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Actividades de la Plataforma En apoyo a las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia Comunidad Valenciana Ley de Dependencia Vida Independiente

Una batalla interminable.

 
ORIHUELA

 

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La plataforma de la Ley de Dependencia reclama cuatro especialistas en el Consistorio

27.09.09 –

 

La plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de la Vega Baja mantuvo una reunión con las diversas plataformas de la Comunidad Valenciana y con el Secretario Autonómico de la Conselleria de Bienestar Social para tratar diversos puntos.

La plataforma de la Vega Baja reclamó a Conselleria la dotación de personal especializado en dependencia en los ayuntamientos. Según Manuel García «se debe dotar a los ayuntamientos a partir de 25.000 habitantes con un especialista en dependencia, por lo que a Orihuela le corresponden cuatro personas que tienen que ayudar a aliviar el caos de expedientes sin tramitar».

De igual forma la plataforma exigió una explicación ante el retraso de dos años y medio de algunos expedientes y que según el presidente de la plataforma Manuel García, «tenemos que ponernos al día con otras comunidades autónomas que están haciendo sus deberes». Otro de los puntos tratados fue la retroactividad de la ley, aspecto que Conselleria tiene en cuenta y reconoce las prestaciones desde la solicitud de las mismas. Cuándo van a cobrar los familiares de los fallecidos y la compatibilidad de los derechos fueron otras de las preocupaciones expuestas. En la reunión se dijo que las nuevas solicitudes las tramitaría en dos fases, recogida de datos y reconocimiento de derechos y pago

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¿Piratas o carroñeros?... Noticias

Sospechosa connivencia.

 

ABC.es

Noticias de Agencia

26-09-2009 / 17:40 h

(Comunidad Valenciana) POLITICA, PARTIDOS

EU cree inclusión de Ortiz en caso

Gürtel hace dudar de contratos en

Alicante

 

Alicante, 26 sep (EFE).- Esquerra Unida ha apuntado que la relación del promotor Enrique Ortiz en la supuesta financiación irregular del PPCV "pone bajo sospecha" los contratos que le han adjudicado tanto la Generalitat como el ayuntamiento de Alicante, que entre 2004 y 2008 ascendieron a 129 millones de euros.
En un comunicado, el coordinador de EU en Alicante, José Antonio Fernández Cabello, ha considerado que el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, que vincula a Ortiz y a otros empresarios valencianos con la trama de financiación ilegal del PP a cambio de presuntas compensaciones mediante adjudicaciones de contratos públicos, explicaría "el protagonismo y trato de privilegio que se ha dado a Ortiz en la época de Díaz Alperi y ahora en la de Sonia Castedo".
Ha continuado que en el informe policial aparece pagando, al menos, dos facturas por importe superior a 30.000 euros, en un caso, y a 80.000 en el otro.
EU espera que Ortiz, cuyas empresas han obtenido entre 2004 y 2008 un mínimo de 129 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat, dé explicaciones a los alicantinos.
Entre los contratos adjudicados a sociedades participadas por Ortiz están algunos tan emblemáticos como el Plan Rabassa, la construcción del tranvía, tres aparcamientos subterráneos, contratas de limpieza y el plan del Rico Pérez, entre otros, todo lo cual "requiere una investigación a fondo", según EU.
Por todo ello, Fernández Cabello ha exigido al presidente Camps y a la alcaldesa Castedo que den "inmediatas explicaciones públicas de esas vinculaciones a las que hace referencia el informe policial con las empresas de Ortiz".
EU también ve "indignante" contemplar cómo una presunta trama de financiación ilegal pasa por el TSJ (el mismo que cerró los casos de los aparcamientos subterráneos y el caso Mercalicante) "como si nada, impidiendo además que las investigaciones sigan su curso ante hechos tan graves". EFE
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¿Publicidad engañosa? Discriminación Diversidad funcional La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Vida Independiente

Menos es nada, aunque nada es lo que recibimos los dependientes valencianos de una administración que nos priva de nuestros derechos.

 

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

 

Bienestar Social reconoce como dependientes a 334 menores de 3 años

EFE VALENCIA

La Consellería de Bienestar Social ha reconocido como dependientes a 334 niños menores de tres años que, a partir de ahora, tendrán derecho a recibir un servicio o una prestación. Cuando se trata de menores de tres años, las solicitudes para el reconocimiento de la situación de dependencia se tramitan por procedimiento de urgencia, por lo que actualmente todas las solicitudes han sido valoradas.

La consellera de Benestar Social, Angélica Such, ha explicado que, de los 334 niños, 238 han sido reconocidos como grandes dependientes, 80 como dependientes severos y 16 han sido valorados con dependencia moderada. Para ellos, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Dependencia establece una serie de prestaciones como la destinada al servicio de ayuda a domicilio o la prestación para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

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Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA

Demasiados yacimientos de empleo y pocas prestaciones de Asistencia Personal a las personas dependientes y con diversidad funcional.

 

 

imageUGT ve "una barbaridad" que un curso de 25 horas permita ser "trabajador profesional"

 

UGT calificó hoy de "barbaridad" que las personas que realicen un curso de 25 horas puedan acceder a la categoría de "trabajador profesional", y añadió que de ser así sería una medida lejos de la profesionalización que impediría construir un sistema de servicios a la altura del resto de pilares del Estado de Bienestar.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Generalitat, Carolina Homar, explicó ayer que a partir de octubre se impartirán cursos de 25 horas que formarán este año a unos 1.300 cuidadores catalanes.

La Conselleria de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat afirmó hoy que esta formación no dará acceso a un certificado profesional y que el objetivo de la misma es ayudar a los cuidadores no profesionales en su labor.

Las personas que superen los cursos y lo deseen tendrán la posibilidad de reconocer esta formación y su experiencia, cosa que les servirá como primer paso para acceder a formación de más larga durada.

En un comunicado, UGT aseguró que están a favor de las actividades formativas que mejoran la calidad de vida de dependientes y cuidadores, pero siempre y cuando "no busquen sustituir la asistencia social y la intervención sociosanitaria profesional" a la que tienen derecho los ciudadanos.

El sindicato se opone también a que esta medida pueda servir para amortizar "una cierta acomodación" al desplegar la oferta pública de servicios y para profesionalizar el sector tanto socialmente como económicamente. Por ello, consideró que la formación y apoyo al cuidado no profesional "no es ni puede ser en sí mismo un mecanismo lícito de integración laboral paralelo a la oferta formativa".

Esta situación condenaría a los futuros trabajadores a unas condiciones laborales y salariales "extraordinariamente precarias", señaló UGT, a la vez que calificó de "impensable" que un curso de esas características permita una habilitación laboral que de una atención de calidad a las personas. Recordó que los trabajadores del sector requieren un perfil formativo como el de trabajadores y educadores sociales, técnicos sociosanitarios y trabajadores familiares.

El sindicato reiteró su crítica a que en la práctica, el despliegue de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia está "acomodado a la distribución de cheques" y se apoya principalmente en el cuidado de familiares, principalmente mujeres, algo que está generando necesidades y gastos añadidos.

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¿Piratas o carroñeros?... ¿Publicidad engañosa? Asuntos sociales Denuncia Pública Discriminación Diversidad funcional La Generalitat Valenciana y la LEPrA Maniopulación informativa. Vida Independiente

¿Alguna vez la Comunidad Valenciana será la primera en algo público?…

 

¿Para cuando seremos los primeros en Asistencia Sanitaria, en la Enseñanza o en la Asistencia Personal para las personas dependientes y con diversidad funcional?

Camps, Fabra y otrosA diario estamos asistiendo a un bombardeo propagandístico -en los medios de comunicación públicos controlados por el Consell de la Generalitat Valenciana, utilizados exclusivamente como voz del pensamiento de una corriente política y costeados por todos los valencianos- en los que nos cuentan todas sus conquistas logradas para situarnos a la cabecera nacional de las grandes consecuciones y, en ocasiones, internacionales, en la que según ellos nos proveen de un bienestar insospechado. Y dicen bien, in-sos-pe-cha-do, pues la inmensa mayoría no logra verse reflejada dentro de esa prosperidad que tratan por todos los medios de vendernos, cuando por otro lado y tras estudios y trabajos realizados para conocer el funcionamiento de ciertos estamentos, pongamos por ejemplo la sanidad pública –no digamos tampoco de la enseñanza- declaran que estamos siempre a la cola y mantenida esta privilegiada posición durante muchos años, tantos que no entendemos como no les da vergüenza, a nuestros consellers, proferir tal sarta de insensateces.

20070611elpand_1Traemos hoy, aquí y ahora, un informe elaborado por el Foro de las Plataformas por la Sanidad donde se demuestra que todo lo que dicen nuestros loados consellers en el gobierno valenciano, no es más que pura fanfarria y engaño, como todo lo que últimamente hacen con el pueblo que los votó.

Informe Servicios Sanitarios sobre las Comunidades Autónomas.

 

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¿Piratas o carroñeros?... Asistencia personal. Asuntos sociales Denuncia Pública Derechos humanos Discriminación Diversidad funcional Educando para la igualdad. Vida Independiente

La Generalitat Valenciana tiene dinero para la America’s Cup, la Formula 1, la Volvo Ocean Race, la Ciudad de la Luz, para fondos de armario… ¡pero no le llega para la Educación!

 

Levante-EMV.com » Comarcas

 

Denuncia en Fiscalía de Menores al Consell por no enviar un educador de apoyo a su hija

El padre de una niña de Mislata con síndrome de Asperger asegura que la respuesta de la conselleria es que "no tiene dinero"

El padre exige un educador para su hija. El padre exige un educador para su hija. » 

a. comes

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MÓNICA ROS MISLATA ?

El padre de un niña que padece el síndrome de Asperger -una especie de autismo- ha denunciado ante la Fiscalía de Menores a la Conselleria de Educación por no enviar el educador de apoyo que necesita la pequeña al IES La Morería, en Mislata. La joven, de 12 años, inició este curso la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el instituto que le recomendó la conselleria para poder contar con personal de apoyo que la ayudara a integrarse y estudiar con normalidad.

El síndrome de Asperger es un trastorno conocido como "ceguera emocional". Para las personas más severamente afectadas puede resultar imposible, incluso, reconocer el significado de una sonrisa. En el peor de los casos, el afectado ni tan siquiera comprende un gesto facial, corporal o de comunicación indirecta. Sin embargo, este trastorno, que afecta a la sociabilidad, es completamente compatible con los estudios, aunque se necesita personal de apoyo específico para "que presten atención, no se distraigan y aprendan a relacionarse con sus profesores y compañeros de forma normal".

Este año, la hija de J.J.O. iniciaba el instituto y su familia se preocupó, desde el mes de marzo, de preguntar en qué centro debía matricularla para que contara con el apoyo necesario. "Me aseguraron que el IES La Morería, en Mislata, contaría con personal de apoyo para ella. Pero no ha sido así y han dejado a mi hija desamparada. Si lo llego a saber la apunto a otro instituto y ya está", asegura indignado este vecino de Mislata. Por ello, el primer día de curso -y ante el incumplimiento del Consell- se plantó en la Conselleria de Educación para pedir explicaciones, por una parte, y una solución, por otra.

"En Educación me dijeron que ellos realizaron todos los trámites necesarios para conseguir el educador, pero que el problema reside en la conselleria de Hacienda, que no dispone de recursos económicos suficientes para pagarle el sueldo al educador que mi hija necesita y que ellos me aseguraron que estaría", asegura J.J.O. Por ello, en cuanto salió de la Conselleria de Educación se fue directo a la Fiscalía de Menores, donde interpuso la correspondiente denuncia "para que haga todo lo posible para solucionar esta situación. Me parece indignante que me hayan engañado y que me digan que el problema reside en que no hay dinero. La educación es fundamental. Mi hija necesita un profesor de apoyo y hay mil en paro que estarían encantados de trabajar. Voy a llegar hasta el final, pero mientras tanto la gran perjudicada es mi pequeña".

Falta de personal docente
Desde la dirección del IES La Morería de Mislata aseguraron que realizaron, en tiempo y forma, toda la burocracia necesaria para que la Conselleria de Educación mandara el educador de apoyo que necesitaba el centro, sabedores de que la hija de J.J.O. iba a iniciar la secundaria allí. Sin embargo, el educador ni ha llegado ni se le espera.

"Los profesores del instituto se han volcado con la pequeña, pero es cierto que necesita un profesor de apoyo que esté constantemente encima de ella. Hacemos lo que podemos, pero somos conscientes de que es insuficiente". No sabemos bien cómo debemos actuar si surge alguna crisis, o como podemos potenciarla o ayudarla. Esto es una cosa muy seria y queremos hacerlo bien", aseguraron desde la dirección del centro.

La protagonista de la trilogía "Millenium" -de Stieg Larsson-, Lisbeth Salander, aparece representada como una chica de inteligencia fascinante, memoria fotográfica y dificultades para relacionarse con la gente. En la primera parte de la trilogía, "Los hombres que no amaban a las mujeres", el coprotagonista Mikael Blomkvist se da cuenta de que su compañera de viaje padece el síndrome de Asperger, y que por ello se relaciona con dificultad. Sin embargo, en la segunda entrega, dos psicólogos debaten alegando que es un caso extraño, pues algunos síntomas coinciden pero otros no. En el caso de la hija de J.J.O., el padre de la pequeña asegura que "tuvimos suerte. Ya en preescolar nos advirtieron que prefería jugar sola y que se aparataba de los demás niños. La llevamos al especialista y seguimos trabajando con ella".

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Asuntos sociales De insensibilidades Denuncia Pública Derechos humanos Discriminación Vida Independiente

Parece ser que últimamente en la Comunidad Valenciana existe cierta fijación de la Consellería por discriminar a las personas.

 

L’Horta

 

Una familia denuncia a la Conselleria por retirar el educador a su hija con autismo.

 

La menor, de 12 años y vecina de Mislata, padece el síndrome de Asperger y sufre problemas de socialización

24.09.09 –

JUAN MIQUEL | MISLATA

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«La niña ha conseguido resultados académicos brillantes en el colegio gracias al educador»

Patricia (nombre simulado) tiene 12 años y un síndrome, el de Asperger, que le dificulta las relaciones con su entorno. Sufre un grado menor de autismo, que le ha obligado, durante toda la etapa primaria, a contar con la ayuda de un educador porque «se recluye con frecuencia», según cuenta su padre, Juan O. B.

La Conselleria de Educación, sin embargo, se ha negado a que en el instituto donde ahora cursa sus estudios, en la Morería de Mislata, conserve el educador como tenía en su colegio. Por este motivo, su padre ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía del Menor.

El progenitor de la niña lamenta que su hija lleve desde el pasado 15 de septiembre sin una persona que le ayude cuando más lo necesita, en una etapa de cambios.

«En primaria ha tenido apoyo pedagógico, y fruto de esta atención ha logrado obtener unos resultados académicos brillantes. Ahora, sigue siendo necesario que personal especializado le explique las normas poco a poco y se eviten imprevistos que le puedan hacer sufrir problemas de conducta», asegura su padre.

Los responsables del gabinete psicopedagógico municipal, que han atendido a la menor durante toda la primaria, ven la necesidad de que siga sus estudios acompañada de un educador. Sin embargo, una vez en Secundaria, debe ser la Conselleria quien financie a este educador. Sin embargo, según consta en la denuncia, en la Conselleria de Educación han informado que se han realizado los trámites oportunos para que su hija tuviera el correspondiente apoyo en ese instituto, pero es un problema de hacienda, «al carecer de recursos económicos».

Por su parte, un responsable del instituto la Morería ha confirmado las necesidades pedagógicas de la menor. «Aunque a día de hoy se le atiende en todo lo posible, es primordial disponer de un educador especial que pueda prestarle la atención diaria que le corresponde», explica dicho responsable.

Las personas que padecen síndrome de Aspergen carecen de empatía, es decir, no saben apreciar la comunicación no verbal y en casos más graves ni siquiera conocen el significado de una sonrisa. Cuando no entienden qué pasa a su alrededor tienden a recluirse, lo que dificulta, en niños, su normal escolarización y su socialización con el resto de compañeros.

La plaza de psicóloga es otra de las necesidades que sigue sin cubrirse en este centro educativo. «Este instituto tiene escolarizados alrededor de 400 alumnos, de los cuales cerca de 300 son de secundaria y 100 de bachillerato, por lo que es imprescindible contar con psicólogos que ayuden a estos jóvenes», explican en el instituto.

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¿Piratas o carroñeros?... Asistencia personal. Denuncia Pública La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Vida Independiente

En Madrid también conocen que la Asistencia Personal es más barata, más efectiva, mejor atendida y más querida por las personas con diversidad funcional que la precisan. ¿Entonces?…

 

 

Juan CotinoMás negocio en Bienestar Social para una firma vinculada a Cotino

Las plazas concertadas con la consejería por el grupo Savia, del que forma parte Sedesa, aumentaron un 170% de 2006 a 2008

 

JAIME PRATS – Valencia – 24/09/2009

Entre los años 2006 y 2008, las plazas que la Generalitat concertó con el grupo Savia, una red de residencias de la tercera edad vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino, crecieron un 170%.

El PSPV sostiene que en 2008 Savia recibió unos 30 millones del Consell.

Bienestar Social indica que sólo se ha beneficiado a los usuarios.

En 2006, los Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL, tenían 213 plazas subvencionadas por la Consejería de Bienestar Social. Por entonces Cotino era consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras las elecciones de 2007, este importante dirigente del PP valenciano recibió el encargo del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de asumir la supervisión de la política social como vicepresidente tercero y de ocuparse de la Consejería de Bienestar Social.

Meses más tarde, en enero de 2008, un acuerdo tomado en sesión plenaria del Consell modificó las reglas de juego de la financiación de plazas concertadas en centros privados de la tercera edad. A finales de ese año, las residencias de Savia-Gerocentros vieron incrementadas las plazas concertadas con la Administración valenciana hasta alcanzar el número de 1.938, según un listado de la consejería al que ha tendio acceso este periódico. Esta cifra representa casi tres veces más de las plazas subvencionadas en 2006 y una cifra cercana a los 30 millones de euros de financiación pública, según el diputado socialista Antonio Torres.

Gerocentros del Mediterráneo, SL, es una empresa presidida por Sedesa Concesiones -filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)-, ligada a la familia de Juan Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino Escrivá, que es la persona que gestiona el Grupo Sedesa.

El control de la firma es compartido con la empresa Enrique Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria. A esta promotora-constructora le corresponde ocupar el puesto de consejero delegado.El año clave en el aumento de plazas concertadas por parte de Sedesa es 2008. En 2006, según las respuestas parlamentarias remitidas por el Consell a preguntas del diputado socialista Antonio Torres, el número de personas alojadas en las residencias del Grupo Savia con subvención pública eran 716 (bajo el bono-residencia 213 y con la modalidad de accesibilidad social 503). En el año 2007, el mismo en que Cotino accedió a Bienestar Social, el número de plazas financiadas con fondos públicos, según la misma fuente, creció ligeramente hasta alcanzar las 928 (680 de accesibilidad social y 248 de bono).

Sin embargo, el gran impulso a la subvención pública de plazas del grupo Savia llega en el año 2008. A finales de diciembre de ese año, la cifra se dispara hasta las 1.938 (1.563 de accesibilidad social y 375 de bono). En este caso, la información no proviene de las respuestas parlamentarias a las preguntas formuladas por el PSPV, ya que, a partir del año pasado, la Consejería de Bienestar Social dejó de detallar las plazas subvencionadas que corresponden a cada centro. Los datos se han extraído de un listado elaborado por el propio departamento de Bienestar Social al que ha tenido acceso este diario.

Este incremento del 170% de plazas se produjo meses después de un importante acuerdo del Consell, de enero de 2008, en el que se modificó el mapa de la atención residencial a la tercera edad diseñado por Rafael Blasco en 2001 cuando llegó a la Consejería de Bienestar Social. "Y no es ninguna casualidad la relación entre los dos hechos", como apunta el diputado socialista Antonio Torres. De hecho, este representante del PSPV sostiene que el acuerdo del Consell es la causa directa del aumento de plazas subvencionadas.

El llamado plan de las 9.000 plazas de Blasco pretendía que la iniciativa privada construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas residenciales para personas mayores a través de un concurso en el que la Generalitat elegía el lugar en el que debían construirse los centros. A cambio, la Administración se comprometía a ocupar el 30% de estas estancias bajo la modalidad que se denominó accesibilidad social. Este programa no obtuvo el resultado esperado y, tras muchos problemas, siete años después se quedó a 1.500 plazas del objetivo.

Gerocentros del Mediterráneo (con una composición accionarial distinta a la de 2008) fue la principal adjudicataria del plan, al conseguir 20 de los 52 centros. Tras el acuerdo del Consell del año pasado, la Generalitat eliminó el tope del 30% a todos estos centros, que tenían dificultades para ocupar el 70% de las habitaciones restantes con clientes privados. De esta forma, se abrió la posibilidad de concertar el resto de plazas, como así ha sucedido, "de lo que se benefició la firma vinculada a Cotino", apunta Torres. Según sus cálculos, el grupo Savia pasó de facturar en 2007 casi 16 millones a Bienestar Social a 30 millones el año pasado.

"No se ha beneficiado a ningún centro, sino a los usuarios que necesitaban plazas", señalaron ayer a este diario fuentes de Bienestar Social. "Había dependientes que necesitaban asistencia y había que dársela; como había plazas libres para atenderlos, se ha hecho lo posible para cubrir su atención". Además, fuentes de este departamento apuntan que se ha realizado una concertación global también con centros sin ánimo de lucro. "Esto no beneficia más a ellos [Savia] que a otros".

Una argumentación similar es la que recoge el acta del acuerdo del Consell de enero de 2008. Este documento alude a las necesidades que plantea a la ley de Dependencia y a la necesidad de "dotar de una mayor agilidad en los procesos de asignación de plazas residenciales para personas mayores dependientes". También sostiene que la medida introduce "mayor transparencia".

La visión de Torres -quien tuvo que esperar 10 meses a que el Consell le remitiera su acuerdo- es opuesta. "Lo que los ciudadanos quieren no son plazas en residencias sino servicios próximos, como ayuda a domicilio, teleasistencia o asistencia personal, que además son más baratos. Lo que ha hecho Cotino es potenciar los ingresos en residencias, unos servicios en los que tiene especial interés". Por ello el diputado socialista cree que el vicepresidente del Consell "ha prevaricado al primar la atención más cara sobre la más económica y la preferida por los usuarios".

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¿Piratas o carroñeros?... Discriminación La Generalitat Valenciana y la LEPrA Ley de Dependencia Noticias sobre la LEPrA Vida Independiente

Manifestacines grandilocuentes para seguir engañando a la gente. ¿Es esa la misión que le ha encargado Camps a Ángélica Such? ¿Que continúe mareando la perdiz como antes lo hizo Joan Cotino?

 

 

Such: “La aplicación de la ley de dependencia exige un alto contingente humano y de recursos”

  • En la Comunitat Valenciana hay más de 25.000 personas trabajando en empleos directamente relacionados con la aplicación de la Ley. 
  •                                                        
  • El 50% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes en la Comunitat Valenciana están dados de alta en la Seguridad Social

elperiodic.com

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image  La Consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha asegurado que la aplicación de la ley de dependencia “exige un alto contingente humanos y de recursos” y ha destacado que en la Comunitat Valenciana “hay más de 25.000 personas trabajando en empleos directamente relacionados con la aplicación de la Ley de Dependencia”.

Such ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la Jornada “El Empleo y la Dependencia” organizada por AERTE (Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de dependencia de la Comunidad Valenciana) y que hoy ha tenido lugar en Valencia.

En su intervención, la Consellera de Bienestar Social ha indicado que sólo durante este año “y gracias a una inversión pública de la Generalitat superior a los 400 millones de euros, se han generado 8.700 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo relacionados con el cuidado de personas dependientes. La Ley de Dependencia, más allá de la importantísima vertiente asistencial, tiene una incuestionable relevancia económica y social en cuanto a su potencial generador de empleo”.

Empleo estable y femenino

Such ha explicado que el desarrollo de la Ley “ha generado nuevos yacimientos de empleo entre el personal dedicado a la atención y a los cuidados personales, a la hostelería en residencias o centros de día, al mantenimiento de los centros, y entre el personal especializado: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y personal de gestión y administración de centros y programas”.

Asimismo, la Consellera ha destacado el conjunto de factores positivos sobre el empleo que se está generando en la medida que se trata de un empleo estable, con vocación de continuidad, con calidad creciente, mayoritariamente femenino, con unas buenas perspectivas tanto económicas como de estabilidad laboral. “De hecho –ha matizado- el sector asistencial es el primer sector en cuanto a crecimiento de empleo, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunitat Valenciana”.

Cuidadores no profesionales

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia contempla entre sus prestaciones, aquellas que van a destinadas a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

La prestación económica para ser atendidos por cuidadores no profesionales, exige que se den condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención (PIA).

Esta prestación es de carácter nominativo y la recibe la persona en situación de dependencia para los gastos derivados de su atención. El cuidador no profesional que lo atienda deberá cumplir las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social.

Respecto a este último punto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reguló un convenio especial para la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el 50% de todos los cuidadores no profesionales de personas dependientes que reciben este tipo de prestación, están dados de alta en la Seguridad Social a través de este convenio especial desarrollado por el Ministerio, cifra que supera a la mayoría de otras autonomías.

 

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Asistencia personal. Divulgación Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia perpetúa el cuidado de ancianos en casa.

 

 

Cuidadores_familiares_dependientesEl 51% de las ayudas concedidas es una paga para las mujeres que atienden a sus mayores – La falta de servicios y la tradición abocan a este recurso económico.

 

CARMEN MORÁN – Madrid – 22/09/2009

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La paga para el familiar que cuida de los ancianos en casa se ha disparado entre las ayudas previstas en la Ley de Dependencia. Más de la mitad de las prestaciones concedidas ya son para atender a los mayores en el domicilio, es decir, una retribución para las mujeres -hijas, esposas y nueras- que los han atendido y lo seguirán haciendo. La prestación económica por cuidados familiares, que así se llama, es mayoritaria en casi todas las comunidades autónomas y ya supone, como media, el 51,4 del total de ayudas concedidas. Así que, la dirección que están tomando las cosas es justo la contraria de la que dice la ley. La ayuda al cuidador familiar debe ser "excepcional" y siempre que se den las condiciones adecuadas en la vivienda. Se redactó así previendo situaciones que ya se daban en nuestro país y para que aquellas zonas, sobre todo rurales, donde no llegan los servicios, tuvieran una contrapartida económica.

Es más barato dejar al dependiente en la vivienda que una plaza de geriátrico.

Los familiares no han recibido aún la formación que se había prometido.

En Murcia apenas se ha concedido más que dinero para las cuidadoras.

Pero dos factores han dado la vuelta a la tortilla: las preferencias de los ciudadanos, guiados aún por modelos tradicionales de cuidados a la vejez, y lo barata que les sale a las comunidades esta prestación, mucho más que una plaza en un geriátrico. A ello se añade la escasez de servicios, que aboca a los profesionales, en ocasiones, a recetar esta ayuda económica con tal de que el ciudadano reciba algo. Los trabajadores sociales reconocen que, a veces, no es lo más adecuado para el anciano, pero no hay otra cosa que ofrecer. La ley prevé, además, formación para el cuidador, que tampoco la está recibiendo.

Espectacular es el caso de Murcia, que, a juzgar por los datos, no ha hecho otra cosa en la Ley de Dependencia más que dar esa ayuda. Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla (ambas bajo la gestión del Gobierno), todas muy por encima de la media, que ya es bien alta. "Con estas cifras se puede decir que se ha desvirtuado la ley. Estas ayudas se contemplaron como algo excepcional para algunas zonas rurales, donde es más difícil que lleguen otros servicios, pero se están generalizando", explica Montserrat Muñoz, coordinadora ejecutiva de Política Institucional de IU. Muñoz, que participó activamente en el nacimiento de esta ley, opina que "estas ayudas están evitando que se cree empleo de calidad ligado al bienestar de los ciudadanos". Y añade: "La mayoría de los cuidadores son mujeres, lo que las consolida en el papel que han desempeñado siempre. No se les está dando un empleo, aunque éste fuera con un gran sesgo sexista".

La secretaria de Asuntos Social del PSOE, Marisol Pérez, opina que esta desviación de la ley hacia la prestación económica es propia de los inicios, pero que cambiará. "No hay suficientes servicios aún y sí una cultura familiar que persiste: esta tarea la hacían muchas mujeres y algunas quieren seguir haciéndola. Cuando se hizo la ley, éramos conscientes de esa realidad social. Se necesitará un cambio generacional para modificar esa costumbre, pero, mientras tanto, esas mujeres tienen ahora ventajas, cobran por ello y se dan de alta en la seguridad social", explica.

Por su parte, el portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, lamenta que "lo excepcional se esté convirtiendo en ordinario. Si se consolida este modelo, finalmente, la gente contará con un poco más de dinero, pero no se habrán resuelto los problemas de autonomía personal ni de calidad de vida. Por no hablar del empleo que dejará de generarse. Y encima, el aumento de esa prestación no va acompañado del apoyo y la formación a los cuidadores que también preveía la ley".

Una plaza en una residencia para ancianos (o discapacitados) es la segunda ayuda más concedida, con casi un 20% de los casos. Pero esto es engañoso, porque muchas de las personas que aparecen como beneficiarias de una plaza geriátrica (86.220 en total) ya estaban atendidas allí antes incluso de que se aprobara la ley. Las comunidades autónomas se limitaron, entonces, a registrarlos en las listas y a recibir dinero por cada uno de ellos, como han reconocido algunos responsables autonómicos. Madrid sorprende por encima de todas las demás, 55 puntos por encima de la media en la supuesta concesión de plazas residenciales. Con esas cifras, la comunidad madrileña habría debido abrir en los últimos tres años docenas de geriátricos.

El Gobierno se hartó de las cifras que las comunidades reflejaban sobre la concesión de nuevas plazas en residencias y sacó un decreto en febrero en el que advertía a las comunidades de que sólo les daría dinero si el procedimiento de solicitud y reconocimiento de una ayuda lo había solicitado el propio beneficiario. Las comunidades pararon. Pero Madrid, por ejemplo, ya había sumado por entonces de un mes para otro más de 4.000 personas nuevas ingresadas en una residencia.

El resto de las prestaciones se han concedido en porcentajes muy escasos (ver gráfico) y alguna de ellas, como la ayuda a domicilio, está en manos de los ayuntamientos. Por tanto, la gran novedad, tres años después de iniciarse la Ley de Dependencia, ha sido la paga a los familiares por cuidar a sus ancianos, justo lo contrario de lo previsto. Pero, al menos, es una ayuda derivada directamente de esta ley, porque antes no existía. De todas las demás, caben dudas.

A las comunidades les sale muy barato prescribir estas ayudas. Castilla y León (PP), que ha hecho públicos datos como el número de beneficiarios y el de prestaciones, así como la financiación que recibe, ha calculado que si concediera un 51,4% de ayudas a los familiares (la media nacional), en lugar del 34,8% que da en la actualidad, se ahorraría 6,1 millones de euros al mes.

Hoy se reúnen los consejeros con el Gobierno para aprobar, previsiblemente, un nuevo modelo de información que clarifique las estadísticas de la Dependencia.