Fin de un capítulo

La abdicación del Rey Juan Carlos cierra un capítulo de la historia reciente de España. Una historia que conviene recordar, porque la monarquía, desde mediados del siglo XIX, ha sido –y es al día de hoy– una institución problemática.

La reinstauración de la monarquía en la persona de Juan Carlos, si bien vino impuesta por voluntad del dictador, adquiere su legitimación efectiva mediante una triple vía: la aprobación de la Constitución de 1978, la intervención en el frustrado golpe de Estado del 23-F, y la normalización democrática que desemboca en la integración de España en Europa.

Las tres vías responden a las circunstancias y condicionantes de la España de la transición. La aprobación de la Constitución incluyó la forma de Estado monárquica, a la que se avino la inmensa mayoría de las fuerzas políticas del momento, incluida la representada por el Partido Comunista. La intervención del Rey en los sucesos del 23-F devolvió la imagen de un Rey comprometido con la democracia. La normalización democrática y el ingreso en el club europeo rubricaron la estabilidad política, un valor que ha primado, durante todo este tiempo, sobre cualquier otro.

Desde este punto de vista, es muy probable que la figura de Juan Carlos sea juzgada generosamente por la posteridad.

Pero la monarquía española carece (a pesar de ser la más antigua de Europa) del anclaje seguro de otras monarquías europeas, basadas en la tradición y el respeto secular de los súbditos. En España, el argumento principal sobre el que se sostiene la monarquía es de carácter utilitario, algo que en sí mismo es un argumento débil, pues oscila merced a los acontecimientos.

El capítulo que se viene a cerrar con la abdicación de Juan Carlos I nos sitúa ante un mar de incógnitas. La sensación generalizada de estar bordeando un fin de ciclo se manifiesta en la sociedad española con una crítica aguda del funcionamiento de las instituciones, la exigencia de mayor calidad democrática, la solución pacífica del conflicto territorial, y la angustiosa necesidad de encarar, como país, un proyecto político nuevo.

Tal vez, en la decisión del Rey de abdicar, haya tenido peso la idea de que el sucesor puede simbolizar esa renovación. Un nuevo capítulo que escribir. Pero hay que advertir que la España de 2014 no es la del 78 del siglo pasado y que, así como entonces la figura de Juan Carlos aglutinó a los principales partidos (que casi se convirtieron en los partidos dinásticos de la Restauración), hoy la monarquía está en el centro de una tormenta que parece atraer sobre sí todos los rayos. La crisis del sistema de partidos, la corrupción y la falta de proyecto, ha hecho revivir a los republicanos de convicción y ha espoleado a otros muchos que vinculan la solución de sus problemas cotidianos a la caída de la monarquía.

No comparto la idea de que se celebre un referéndum sobre la forma de Estado en el actual marco constitucional. No sólo porque no es realista, ya que la llave del referéndum está bien guardada, sino porque no soy partidario de las monarquías plebiscitarias, cualquiera que sea su resultado. La determinación de la forma de Estado, si acaso, tiene su lugar y su cometido precisos en el contexto de un proceso constituyente.

A pesar de la imprevisión constitucional, la sucesión se llevará a cabo mediante la implementación de una Ley Orgánica, que en poco tiempo se aprobará en las Cortes. Quedan, en el plano técnico, muchas cuestiones por esclarecer, especialmente las referidas al estatus del Rey que abdica. Pero en una época de turbulencias la estabilidad de la monarquía no está asegurada. El futuro Rey se puede reinventar, pero la sociedad española está expectante ante el desafío que supone cómo reinventarse ella misma.