Tomando la expresión del mundo de los negocios, se abre en España una ventana de oportunidad para salir del colapso y del bloqueo en que se encuentra.
El simulacro de una Cataluña que ha votado en su línea y cuyo resultado tiene varias lecturas, ninguna de ellas sencilla, obliga, como se suele decir, a mover pieza. Y esa pieza tiene que ser una pieza mayor, porque grandes son los desafíos.
Si hace apenas unos meses la reforma constitucional planteada por el Partido Socialista era poco menos que una solución abstracta, llena de incógnitas, resulta que la propuesta se está abriendo paso entre otras fuerzas, incluida la del propio Gobierno y el partido que lo sostiene, y en el conjunto de la sociedad española. Ya no es tan solo una metodología que pueda servir –con todas la reservas– para aliviar y reencauzar el conflicto catalán, sino para reparar otras disfunciones que la estructura constitucional padece después de los pasados treinta y seis años.
Si observamos con atención veremos que las dos reformas completadas hasta el momento –las reformas de los arts. 13 y 135– trajeron causa de exigencias europeas. La primera, para conceder el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos de la UE en las elecciones europeas; la segunda, tantas veces criticada, para satisfacer a los tenedores de deuda española. Ésta última dejó un balance claramente antidemocrático ya que se trató de un acuerdo entre los dos grandes partidos, de espaldas a la ciudadanía; y no un acuerdo cualquiera, sino uno que cambió sustancialmente las bases de la Constitución: restaurar ese paso en falso debería ser la primera tarea si de verdad creemos que la soberanía del pueblo español es el pilar sobre el que debe pivotar cualquier otro aspecto a reformar.
Más allá de esto, una reforma de la Constitución tiene que atenerse, además, al hecho de que la Constitución contiene y debe seguir conteniendo un pacto sustancial entre diversas fuerzas, diversos intereses, distintas concepciones. Es decir, tiene que basarse en el valor de la democracia pluralista. Por lo tanto, un proceso de reforma tiene que concitar tantos apoyos, a ser posible, como obtuvo la propia Constitución en su momento, salvando las transformaciones que ha experimentado la sociedad española a lo largo del tiempo transcurrido.
Si la Constitución española, tiene, como una de sus funciones principales, la solución pacífica de los conflictos sociales (en la medida en que el conflicto social está reconocido y está presente como contenido de la Constitución) es evidente que la oportunidad debe ser aprovechada para reequilibrar, en términos de mayores garantías constitucionales, el elenco de derechos sociales que han sido arrasados por la crisis económica y por las nefastas e ineficientes políticas que han sido aplicadas desde Europa y por los propios países. Un fortalecimiento que debe abrirse también a otros derechos propios de una sociedad avanzada, que ponga coto a los excesos de control institucional de los partidos políticos y que dé cauce a los procesos de participación democrática que la sociedad exige.
Tan importante es lograr, mediante una reforma ponderada, la necesaria estabilidad a través del pacto territorial interno, como estabilizar nuestra posición en el espacio europeo. Europa, que no es más que un espacio abierto a su vez al espacio global, no puede ser una estructura en que se disuelva nuestra propia capacidad de control democrático. Avanzar en la integración económica y política, sí, pero no a costa de entregarnos atados de pies y manos a entes gubernamentales y «expertos» no responsables. No vendría mal ampararnos en la lectura europea que ha hecho el TC de Alemania, en la «sentencia» Lisboa.
Las Constituciones son necesarias, entre otras muchas cosas, porque ofrecen estabilidad y certeza en un mundo aceleradamente cambiante. Y sólo desde esta base puede una sociedad enfrentar tales cambios y salir airosa.
Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/11/17/ventana-oportunidad/1568111.html
