El Gobierno va a endurecer los requisitos para crear –y mantener– universidades. Aunque la norma que ultima el Ministerio de Universidades que dirige Manuel Castells aplicará a todos los centros, el foco se pone en que los campus privados tengan “más calidad”, tal y como ha declarado el ministro en reiteradas ocasiones, y para ello les obligará a dedicar más recursos a la docencia universitaria más básica (los estudios de grado) frente a los posgrados o la formación continua, a realizar una oferta académica variada y a dedicar una parte de su presupuesto a la investigación. Los centros tendrán cinco años para cumplir unos requisitos mínimos si son de nuevo cuño o para adaptarse a ellos si ya existen. En caso de no cumplir, no serán acreditados o perderán el permiso para ejercer, según figura en un Real Decreto (RD) que ha elaborado el Ministerio de Universidades.
El nuevo texto legislativo, al que ha tenido acceso elDiario.es, sustituirá al que está actualmente en vigor, aprobado en 2015 por José Ignacio Wert como ministro de Educación (entonces ambas carteras estaban juntas), que era más laxo con los criterios y que provocaba las críticas de los rectores de la universidad pública porque permitía la creación de centros de dudosa calidad y muy centrados en captar alumnos (la investigación difícilmente retorna la inversión), según su entender. La nueva normativa llega justo cuando Madrid acaba de aprobar un nuevo centro privado contra el criterio del Consejo de Universidades de la región –lo mismo que sucedió cuando el anterior presidente, Ángel Garrido, aprobó los últimos tres centros– y ya tiene el doble de universidades de iniciativa particular (12) que públicas (6). Galicia también está a punto de validar su primera universidad privada. En España habrá, cuando estas dos sean una realidad, 39 centros privados por 50 públicos.