A propósito de la universidad

En Los políticos prometen lo imposible en ciencia (El País, 17/04/2019):

En la actualidad, nuestro país dedica apenas el 1,2% del PIB a estas políticas. Mirando atrás, a España le costó 10 años subir apenas cuatro décimas en este campo hasta el máximo histórico que se consiguió en 2010.

Desde el comienzo de la crisis, los sucesivos gobernantes han maltratado y ninguneado a la ciencia y la innovación, justo lo contrario que hicieron las principales economías de la UE. El sistema de investigación público perdió unos 20.000 millones de euros entre 2009 y 2017, según las sociedades científicas. El país ha perdido también más de 10.000 científicos, aunque no hay datos oficiales sobre cuántos son en total, ni cuántos se han ido al extranjero. Además, las leyes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para limitar el gasto público acabaron encadenando a los científicos hasta no poder renovar contratos laborales o comprar sillas debido a la compleja burocracia necesaria.

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Prueba de ello es que el actual Gobierno lleva meses de retraso en la concesión de 350 millones de euros para proyectos científicos que esperan unos 6.000 grupos de investigación, un tercio de todos los que hay en el país.

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“La ciencia no entiende de atajos, necesita tiempo para asimilar la inversión, dotar a los nuevos investigadores con recursos y laboratorios, no necesitamos una eclosión brutal, sino un crecimiento pausado y sin descanso”, resume Nazario Martín, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas. Lo mismo señalan desde Cotec, una fundación para la innovación apoyada por las grandes empresas españolas, que considera “imposible” que España pueda alcanzar el nivel del 2% —la actual media de la UE— en una legislatura.

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“Una sola empresa, Amazon, invierte más de 15.000 millones de euros al año en I+D, el triple que el Gobierno español”, clama Luis Serrano, presidente Somma, la alianza que agrupa a los centros de investigación más competitivos del país. Según Serrano, “el montante que el Gobierno español dedica al Plan Estatal, del que se nutren todos los grupos de investigación de España, es de unos 580 millones de euros, una cifra ridícula comparada con otros países. Con una subida del 50% en este capítulo se podría solucionar el gravísimo problema de los grupos de investigación, de las universidades y centros de investigación que son la columna vertebral del país”, resalta.

En Here’s the full list of people charged in the college admissions cheating scandal, and who has pleaded guilty so far se publica la lista de las personas encausadas en este escándalo, algunos y algunas ya se han declarado culpables (Insider, 12/04/2019):

The Department of Justice unsealed documents in March charging 50 people with participating in a scheme involving bribery, money laundering, and document fabrication to unfairly get students admitted to elite colleges.

Court documents reviewed by INSIDER said the scheme involved bribing college athletic coaches to recruit students regardless of their athletic ability, as well as cheating on entrance exams.

Prosecutors said the scheme was led by William Singer, a college-prep professional. He has pleaded guilty.

“Parents paid Singer approximately $25 million to bribe coaches and university administrators to designate their children as purported athletic recruits, thereby facilitating the children’s’ admission to those universities,” the Department of Justice said in a press release.

Dozens of wealthy people, including celebrities and CEOs of public and private companies, were charged.

La universidad española tiene muchos problemas, pero ¿cuál es el principal, que a su vez es el que menos se comenta y también es el que más fácil solución tendría?

En “Somos más de 120 alumnos en clase. Necesitamos más profesores” queda claro cuál es el principal problema de la universidad española (El País, 13/04/2019):

“Nosotros en Biología somos casi 120 por clase. El profesor no puede hacer magia”, cuenta la vallisoletana Aitana Belloso. Sus inquietudes electorales pasan por el plan Bolonia. “Necesitamos más profesores. Solo se premia memorizar. Luego, muchos de los compañeros tienen que ir a academias, que también se pagan”. Su matrícula cuesta 1.500 euros al año. “No puede ser que un profe tenga que evaluar la creatividad, la participación, los trabajos y los exámenes de tanta gente. Tengo amigos en Medicina que tienen profesores que dejan temarios sin dar. Y son los futuros médicos de este país, ¡deberían darlo todo!”.

Aunque quizás el problema no sea que falten más profesores, sino lo que aparece en uno de los comentarios de los lectores:

¿Quizás hagan falta menos universitarios en vez de más profesores?

En Los partidos reconocen la infrafinanciación universitaria (El País, 09/04/2019):

Ningún partido pone en duda que para que España progrese económica y socialmente necesita una universidad de calidad, que hay urgencia en dotar de más fondos a los campus y deben de contar con mayor autonomía —no en el papel, sino de facto— siempre con rendición de cuentas.

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La crisis trajo consigo una sangría económica y de empleo (se perdieron el 13% de los puestos fijos al no reponerse los jubilados) para las universidades de la que no se ha recuperado. En 2019 ya ni el Partido Popular, que gobernó parte de esos años, niega la infrafinanciación. Según datos de la OCDE el gasto por alumno bajó un 13% entre 2010 y 2015, mientras subía un 5% de media.

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Existe entre los grupos también el consenso de que, además de una mayor financiación, tiene que existir estabilidad presupuestaria. Hoy los campus no saben con qué dinero van a disponer a medio plazo, lo que condiciona sus planes.

En La universidad, el último caramelo para la especulación (El País, 05/04/2019):

Con la llegada de estos nuevos actores al sector educativo siempre sobrevuelan las dudas sobre si serán capaces de mantener la calidad de la enseñanza de los centros. Porque no hay que olvidar que estos fondos buscan rentabilizar sus compras al máximo y en el menor tiempo posible.

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Pero en círculos académicos se tienen serias dudas sobre ello. “Personalmente, estoy radicalmente en contra de este tipo de operaciones”, afirma Carlos Andradas, rector en funciones de la Universidad Complutense de Madrid, “porque la educación en general y la universidad en particular nunca deben ser un negocio, y si un fondo se mete es para obtener una rentabilidad cuanto más alta mejor”. Estos inversores han descubierto que hay un nicho en las universidades privadas, donde a los alumnos se les ofrecen contactos que dan lugar a empleos y a salarios altos, y lo quieren explotar, continúa. Andradas cree que la educación superior debe promover la igualdad de oportunidades, justo lo contrario de lo que hacen muchos centros privados, “donde ya hemos constatado que la gente paga por obtener títulos”. Y critica a este tipo de centros, además, por la falta de un tejido investigador sólido.

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Los portavoces de las universidades públicas consultados se quejan de la falta de recursos a la que se enfrentan sus instituciones desde hace una década. “Ante la carencia de presupuestos, no podemos expandirnos y fomentar la investigación y eso da ventaja a las universidades privadas”, señala Oriol Escardíbul, de la Universidad de Barcelona. A su juicio, Madrid y Barcelona han sido las plazas más penalizadas por los recortes. Y precisamente en la comunidad capitalina, el PP y Ciudadanos han dado luz verde a la instalación de tres nuevas universidades privadas, “a las que nos hemos opuesto y presentado una demanda para paralizarlas porque ya hay muchas universidades en Madrid. Con estas tres, las privadas serían 15, frente a las seis públicas. Y, además, porque su modelo favorece la desigualdad”, según Carlos Andradas, de la Complutense.

En La “cuantofrenia”: una definición de la estupidez que impera en la universidad (El Confidencial, 08/04/2015):

Villena apuntaba que los medios que se emplean en la universidad para conseguir mejorar la docencia estaban produciendo justo los resultados contrarios..Señalaba además que a ese “evidente recalentamiento que ha llevado a que los profesores tengan cada vez más clases y a más alumnos”, se le ha sumado “un nuevo castigo: los profesores e investigadores se ven sometidos a una evaluación cuantitativa constante que se concentra en la exigencia de una continua producción de artículos de alto impacto”.

Evaluar a los docentes por la calidad de su producción científica no es, a priori, una mala idea, porque les obliga a estar al tanto de las novedades de su campo, a profundizar en sus investigaciones y, como resultado, a ofrecer a los alumnos una enseñanza de mayor calidad. El problema no está en la intención, sino en los instrumentos que la acompañan.

En primera instancia, porque ”la publicación de estos artículos ocupa el lugar central y todo lo demás se subordina a esta actividad capital. La docencia y las clases han de llegar a un mínimo para permanecer en la institución, pero dicha permanencia y la promoción se aseguran fundamentalmente gracias a la publicación en los journals más importantes”. Una tendencia, que, avisa Carlos Jesús Fernández Rodríguez, profesor de sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, “se suma a una dinámica de intensificación del trabajo académico que es muy fuerte en los países anglosajones y que cada vez se extiende más al resto de comunidades científicas. No se trata solamente de dar clase, sino de investigar, solicitar fondos, ir a congresos, escribir, evaluar, publicar… Por supuesto, esta tendencia a la sobrecarga varía mucho entre centros y disciplinas de conocimiento, y los individuos concretos”.

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La consecuencia de todo este proceso para el ámbito docente ya la había advertido el profesor Michael Espeland al señalar que el efecto más frecuente es que “la gente tienda a centrarse sólo en los aspectos de su trabajo o de su rendimiento que son evaluados, y deje de lado los demás”, y que eso es lo que solía ocurrir en la enseñanza, ya que, en un contexto de notable carga de trabajo, los docentes se ocupaban sólo de aquellas tareas que les iban a ser útiles profesionalmente, como la investigación, ignorando otras que podían ser importantes para los alumnos.

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la pérdida de conocimiento sobre la sociedad al que nos conduce esta tendencia cuantofrénicaPero este sistema de calificación, utilizado en un contexto de pocos recursos y gran presión, y que revela notables deficiencias, es muy útil para esa nueva burocracia ilustrada a la que se refería Villena en su artículo. Como señala Subirats, se trata de algo muy cómodo para los evaluadores, porque ya no tienen que leerse los artículos para saber si son o no valiosos. “A las comisiones de evaluación de la calidad científica les ha facilitado mucho la vida este sistema, porque basta con saber dónde ha sido publicado el artículo para darle una calificación. Lo peculiar en este sistema es que son los fondos públicos los que pagan para que se haga la investigación, y también para medirla, ya que hablamos de empresas privadas. Incluso algunos journals cobran ya por publicar, con lo cual…”.

Investigar necesita recursos.

Que te den recursos es complicado, tienes que redactar un proyecto bien elaborado, y luego es difícil, tienes que competir contra otros proyectos.

Pero además, ahora también compites, ganas el proyecto, y ni con esas te dan los recursos necesarios para investigar.

En Centros de investigación punteros alertan del “colapso” inminente de la ciencia española (El País, 28/03/2019):

Directores de 27 centros de investigación del campo de la biomedicina exigen hoy en una carta abierta al Gobierno que tome medidas urgentes para solucionar la parálisis que afecta a miles de grupos de investigación.

Los firmantes de la carta, publicada por EL PAÍS, denuncian el retraso de “siete meses” en la concesión de dos grandes programas de investigación estatal de los que dependen 6.600 grupos de investigación del país. “Pese a que los proyectos deberían haberse iniciado el 1 de enero de este año, no lo harán hasta los últimos meses de este año según los cálculos más optimistas”, denuncian los firmantes. El programa programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad y el de fomento de la Investigación científica y técnica de excelencia suponen una financiación de 350 millones de euros, según fuentes del Ministerio de Economía. Los firmantes destacan que este problema se viene produciendo desde hace años.

En ¿Queremos una universidad burocrática o innovadora? (El País, 11/11/2014):

En los últimos años hemos asistido a una serie de cambios en la universidad española, entre los que destaca su creciente burocratización. […] Sin embargo, ¿es este el modelo organizativo deseable para la universidad española? ¿A qué nos va a llevar incrementar sin límites las normas, el control y la burocracia en la universidad? ¿Existen otros modelos organizativos en los que la universidad española debería fijarse?

De acuerdo con Henry Mintzberg (1989), un conocido profesor de la Universidad de McGill en Canadá, la universidad es una organización de tipo profesional, al igual que los hospitales, despachos de abogados, consultorías, etcétera. Este tipo de organizaciones se caracterizan por el hecho de que su mecanismo de coordinación fundamental es la normalización de habilidades; es decir, el modo en que se logra que el trabajo se realice es debido a que se confía en la formación y capacitación de los profesionales de la organización. Tendrían, pues, un menor peso otros mecanismos de coordinación como la supervisión directa, o la normalización de los procesos de trabajo —instaurar normas sobre cómo hacer su trabajo—. En estas organizaciones existirían dos comunidades, una más regida por planteamientos democráticos, el personal docente e investigador, y otra más regida por planteamientos burocráticos, el personal administrativo y de servicios. Por lo tanto, la normalización de los procesos de trabajo, elemento fundamental de otras organizaciones más burocráticas, sería un mecanismo que debería tener un peso relativo en la universidad, y estar sobre todo asociado al personal administrativo y de servicios.

Sin embargo, esto no está ocurriendo así. La burocracia se ha apoderado de la universidad. Existe una creciente desconfianza en el personal docente investigador, y de hecho también en el administrativo y de servicios, que conlleva un control permanente de todos ellos, la continua realización de informes y actas, y la obligatoriedad de seguir unos procedimientos largos, costosos y en la mayoría de los casos inútiles. Todo esto repercute en que el profesorado universitario, dedicado a la burocracia, apenas tiene tiempo para centrarse en la docencia y menos en la investigación. A pesar de ello, y dada la responsabilidad de muchos de estos profesionales, estos dedican parte de su tiempo libre a las tareas universitarias, generando disfunciones como las adicciones al trabajo o el síndrome del quemado (burnout). Entiendo que esta no es la universidad que deseamos.

En Diez poderosas ideas para reiniciar la Universidad (El País, 19/03/2019):

1. Normas más flexibles.
2. Nuevos formatos.
3. Autoaprendizaje.
4. Experiencias de aprendizaje.
5. Otros perfiles docentes.
6. Comunidades de aprendizaje.
7. Nuevos perfiles de alumnos.
8. Conexión con la sociedad.
9. Cultura de innovación.
10. Innovación abierta.

¿No sobraban universidades? ¿No había que fusionar universidades? ¿No había que cerrar universidades?

Sin embargo, hace unas semanas se publicó la noticia PP y Ciudadanos se alían para crear tres universidades privadas en Madrid (El País, 07/03/2019):

El ruido de las carreras por los pasillos de la Asamblea de Madrid, provocado por el timbre que convoca a los diputados a votar, rodea este jueves de suspense la conversión en universidades de tres centros adscritos privados: Villanueva (de Fomento centros de enseñanza, vinculado al Opus), ESIC (de la Congregación Religiosa de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús) y Cunef (de la Fundación Española de Banca para Estudios Financieros). Pese a la oposición de los seis rectores de los centros públicos regionales, el Gobierno de Ángel Garrido (PP) logra el apoyo de Ciudadanos para transformar sin ningún debate previo y en una sola votación el espacio universitario madrileño. Se vota en un clima de máxima tensión: falta una diputada de Podemos y otro del PP, porque no han llegado a tiempo, y eso provoca que reine la confusión hasta que el proyecto se tramita por la vía más rápida y por solo un voto.

Han pasado más de 20 años desde que abrió la última universidad pública de la Comunidad, la Rey Juan Carlos (1996). Desde entonces se han triplicado las privadas (Pontificia, CEU, Alfonso X, Francisco de Vitoria, Udima, Camilo José Cela, Europea, Antonio de Nebrija e ICADE); han abierto sedes regionales centros con raíces en otras Autonomías (la Universidad de Navarra o el Instituto de Empresa); y se han instalado instituciones extranjeras (como la universidad de Saint Louis). En paralelo, el Gobierno de Garrido ha renunciado a aprobar la nueva ley del espacio universitario madrileño, que era más exigente en los requisitos para ser universidad, tras las quejas de las públicas (Complutense, Autónoma, Alcalá, Politécnica, Rey Juan Carlos y Carlos III). Un texto que llegó a votarse en la Cámara en 2018, y que no salió adelante por un error de Cristina Cifuentes.

Pese a todos esos precedentes, el PP y Ciudadanos han optado por impulsar tres nuevas universidades privadas cuando las elecciones autonómicas de mayo ya están en el horizonte.