Madrid, 9 de abril de 2025
La sede de la UNED en las Escuelas Pías de Madrid ha sido el escenario de la reunión del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), presidida por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. En ella se abordaron temas estratégicos para el futuro del sistema universitario español, centrando el debate en la financiación, la equidad en el acceso a la educación superior y la salud mental del estudiantado.
Descompensación entre universidad pública y privada
Durante el pleno, la ministra puso de relieve que en los últimos 25 años se han autorizado 27 universidades privadas, sin que se haya creado ninguna pública en ese mismo periodo. Esta tendencia ha generado una preocupante descompensación entre ambas redes, afectando a la equidad del sistema. Aunque la preferencia mayoritaria del estudiantado sigue siendo la universidad pública, las restricciones de oferta, especialmente en titulaciones de alta demanda como Medicina, dificultan el acceso a quienes proceden de entornos sociales con menores recursos.
Para revertir esta situación, se está trabajando en un nuevo Real Decreto que regule la creación de universidades, incorporando mayores exigencias de calidad, como un informe previo de la ANECA y del Consejo de Universidades, con el fin de evitar la proliferación de centros promovidos por intereses puramente mercantiles o fondos de inversión, como ya ha señalado el propio Ministerio en diversas comparecencias.
El compromiso con la salud mental
Uno de los ejes fundamentales del CEUNE ha sido la preocupación por el bienestar psicológico del estudiantado. Se ha reconocido el creciente impacto de los problemas de salud mental, especialmente tras la pandemia, y se ha resaltado el compromiso del Gobierno con la implantación de servicios estables, accesibles y especializados en las universidades.
La ministra anunció que se está acelerando el trabajo con la CRUE para coordinar un modelo común de servicios de atención psicológica en todas las universidades públicas, en cumplimiento de la LOSU, que obliga a dotar de servicios de atención psicopedagógica permanentes y gratuitos al estudiantado.
Propuestas del CEUNE
En este contexto, el CEUNE ha trasladado un conjunto de propuestas con el objetivo de articular una red pública de atención a la salud mental en el entorno universitario, incluyendo:
- Medidas de prevención desde la etapa preuniversitaria en coordinación con centros de secundaria y bachillerato.
- Asegurar que los Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios (SPPU) cuenten con personal titulado en psicología clínica.
- Establecer un pacto de financiación finalista, inspirado en el ‘Programa María Goyri’, entre el Ministerio, las comunidades autónomas y las universidades.
- Hacer estos servicios accesibles, de calidad, estables, bien coordinados y con la debida publicidad.
- Desarrollar un Plan de Promoción del Bienestar y la Salud Mental en cada universidad.
- Implantar protocolos de prevención de la conducta suicida, así como de intervención en casos de ideación o intentos, asegurando acompañamiento psicológico a las personas afectadas.
El papel de la AESPPU: diagnóstico y propuestas
En la reunión también se ha destacado el papel esencial de las universidades integradas en la Asociación Española de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios (AESPPU), que actúan como agentes preventivos y colaboradores en el impulso de una cultura institucional de la salud mental.
AESPPU ha presentado un informe en el que se identifican las principales debilidades del sistema actual, entre ellas:
- Ambigüedad normativa en la definición de “servicios de salud” y “acompañamiento psicológico”, así como la falta de concreción sobre qué se entiende por gratuidad o suficiencia de recursos.
- Desigualdad en la configuración y funcionamiento de los servicios, lo que provoca una grave disparidad entre universidades.
- Falta de personal especializado, lo que se traduce en ratios elevadas, largas listas de espera y servicios saturados.
- Carencia de visibilidad, lo que limita el conocimiento y acceso a los servicios por parte del estudiantado.
- Necesidad de personal específico, con dedicación exclusiva y funciones claramente diferenciadas de la docencia o la investigación.
Asimismo, AESPPU destaca la existencia de una multiplicidad de servicios universitarios (salud, psicopedagogía, diversidad, igualdad, etc.) que en ocasiones están descoordinados, y advierte de que muchas universidades cuentan con la misma dotación de recursos que hace décadas, a pesar del incremento del estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo, como personas con trastornos del espectro autista, dificultades del aprendizaje o enfermedades de larga duración.
Por todo ello, desde CEUNE y AESPPU se insiste en que la futura implementación del mandato de la LOSU debe ir acompañada de una reforma normativa clara, que delimite funciones, recursos, perfiles profesionales y condiciones mínimas de calidad y accesibilidad.
Vivienda y estatuto del estudiante
En la reunión también se ha abordado el acceso a la vivienda para jóvenes universitarios, con el anuncio de una empresa pública promotora de vivienda en suelo público universitario, lo que se complementará con la exigencia de que el 10% de plazas de nueva creación universitaria incluya residencia garantizada.
Por último, se ha abierto el proceso de modificación del Estatuto del Estudiante Universitario, con el objetivo de adaptarlo a los principios de la LOSU y a las nuevas necesidades del estudiantado del siglo XXI.
