«El asistente personal independiza a las personas con daños medulares»
POR: MERCEDES GONZÁLEZ
El padre exige un educador para su hija. »
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MÓNICA ROS MISLATA ?
El padre de un niña que padece el síndrome de Asperger -una especie de autismo- ha denunciado ante la Fiscalía de Menores a la Conselleria de Educación por no enviar el educador de apoyo que necesita la pequeña al IES La Morería, en Mislata. La joven, de 12 años, inició este curso la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el instituto que le recomendó la conselleria para poder contar con personal de apoyo que la ayudara a integrarse y estudiar con normalidad.
El síndrome de Asperger es un trastorno conocido como "ceguera emocional". Para las personas más severamente afectadas puede resultar imposible, incluso, reconocer el significado de una sonrisa. En el peor de los casos, el afectado ni tan siquiera comprende un gesto facial, corporal o de comunicación indirecta. Sin embargo, este trastorno, que afecta a la sociabilidad, es completamente compatible con los estudios, aunque se necesita personal de apoyo específico para "que presten atención, no se distraigan y aprendan a relacionarse con sus profesores y compañeros de forma normal".
Este año, la hija de J.J.O. iniciaba el instituto y su familia se preocupó, desde el mes de marzo, de preguntar en qué centro debía matricularla para que contara con el apoyo necesario. "Me aseguraron que el IES La Morería, en Mislata, contaría con personal de apoyo para ella. Pero no ha sido así y han dejado a mi hija desamparada. Si lo llego a saber la apunto a otro instituto y ya está", asegura indignado este vecino de Mislata. Por ello, el primer día de curso -y ante el incumplimiento del Consell- se plantó en la Conselleria de Educación para pedir explicaciones, por una parte, y una solución, por otra.
"En Educación me dijeron que ellos realizaron todos los trámites necesarios para conseguir el educador, pero que el problema reside en la conselleria de Hacienda, que no dispone de recursos económicos suficientes para pagarle el sueldo al educador que mi hija necesita y que ellos me aseguraron que estaría", asegura J.J.O. Por ello, en cuanto salió de la Conselleria de Educación se fue directo a la Fiscalía de Menores, donde interpuso la correspondiente denuncia "para que haga todo lo posible para solucionar esta situación. Me parece indignante que me hayan engañado y que me digan que el problema reside en que no hay dinero. La educación es fundamental. Mi hija necesita un profesor de apoyo y hay mil en paro que estarían encantados de trabajar. Voy a llegar hasta el final, pero mientras tanto la gran perjudicada es mi pequeña".
Falta de personal docente
Desde la dirección del IES La Morería de Mislata aseguraron que realizaron, en tiempo y forma, toda la burocracia necesaria para que la Conselleria de Educación mandara el educador de apoyo que necesitaba el centro, sabedores de que la hija de J.J.O. iba a iniciar la secundaria allí. Sin embargo, el educador ni ha llegado ni se le espera.
"Los profesores del instituto se han volcado con la pequeña, pero es cierto que necesita un profesor de apoyo que esté constantemente encima de ella. Hacemos lo que podemos, pero somos conscientes de que es insuficiente". No sabemos bien cómo debemos actuar si surge alguna crisis, o como podemos potenciarla o ayudarla. Esto es una cosa muy seria y queremos hacerlo bien", aseguraron desde la dirección del centro.
La protagonista de la trilogía "Millenium" -de Stieg Larsson-, Lisbeth Salander, aparece representada como una chica de inteligencia fascinante, memoria fotográfica y dificultades para relacionarse con la gente. En la primera parte de la trilogía, "Los hombres que no amaban a las mujeres", el coprotagonista Mikael Blomkvist se da cuenta de que su compañera de viaje padece el síndrome de Asperger, y que por ello se relaciona con dificultad. Sin embargo, en la segunda entrega, dos psicólogos debaten alegando que es un caso extraño, pues algunos síntomas coinciden pero otros no. En el caso de la hija de J.J.O., el padre de la pequeña asegura que "tuvimos suerte. Ya en preescolar nos advirtieron que prefería jugar sola y que se aparataba de los demás niños. La llevamos al especialista y seguimos trabajando con ella".
Más negocio en Bienestar Social para una firma vinculada a Cotino
JAIME PRATS – Valencia – 24/09/2009
Entre los años 2006 y 2008, las plazas que la Generalitat concertó con el grupo Savia, una red de residencias de la tercera edad vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino, crecieron un 170%.
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Bienestar Social indica que sólo se ha beneficiado a los usuarios.
En 2006, los Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL, tenían 213 plazas subvencionadas por la Consejería de Bienestar Social. Por entonces Cotino era consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras las elecciones de 2007, este importante dirigente del PP valenciano recibió el encargo del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de asumir la supervisión de la política social como vicepresidente tercero y de ocuparse de la Consejería de Bienestar Social.
Meses más tarde, en enero de 2008, un acuerdo tomado en sesión plenaria del Consell modificó las reglas de juego de la financiación de plazas concertadas en centros privados de la tercera edad. A finales de ese año, las residencias de Savia-Gerocentros vieron incrementadas las plazas concertadas con la Administración valenciana hasta alcanzar el número de 1.938, según un listado de la consejería al que ha tendio acceso este periódico. Esta cifra representa casi tres veces más de las plazas subvencionadas en 2006 y una cifra cercana a los 30 millones de euros de financiación pública, según el diputado socialista Antonio Torres.
Gerocentros del Mediterráneo, SL, es una empresa presidida por Sedesa Concesiones -filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)-, ligada a la familia de Juan Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino Escrivá, que es la persona que gestiona el Grupo Sedesa.
El control de la firma es compartido con la empresa Enrique Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria. A esta promotora-constructora le corresponde ocupar el puesto de consejero delegado.El año clave en el aumento de plazas concertadas por parte de Sedesa es 2008. En 2006, según las respuestas parlamentarias remitidas por el Consell a preguntas del diputado socialista Antonio Torres, el número de personas alojadas en las residencias del Grupo Savia con subvención pública eran 716 (bajo el bono-residencia 213 y con la modalidad de accesibilidad social 503). En el año 2007, el mismo en que Cotino accedió a Bienestar Social, el número de plazas financiadas con fondos públicos, según la misma fuente, creció ligeramente hasta alcanzar las 928 (680 de accesibilidad social y 248 de bono).
Sin embargo, el gran impulso a la subvención pública de plazas del grupo Savia llega en el año 2008. A finales de diciembre de ese año, la cifra se dispara hasta las 1.938 (1.563 de accesibilidad social y 375 de bono). En este caso, la información no proviene de las respuestas parlamentarias a las preguntas formuladas por el PSPV, ya que, a partir del año pasado, la Consejería de Bienestar Social dejó de detallar las plazas subvencionadas que corresponden a cada centro. Los datos se han extraído de un listado elaborado por el propio departamento de Bienestar Social al que ha tenido acceso este diario.
Este incremento del 170% de plazas se produjo meses después de un importante acuerdo del Consell, de enero de 2008, en el que se modificó el mapa de la atención residencial a la tercera edad diseñado por Rafael Blasco en 2001 cuando llegó a la Consejería de Bienestar Social. "Y no es ninguna casualidad la relación entre los dos hechos", como apunta el diputado socialista Antonio Torres. De hecho, este representante del PSPV sostiene que el acuerdo del Consell es la causa directa del aumento de plazas subvencionadas.
El llamado plan de las 9.000 plazas de Blasco pretendía que la iniciativa privada construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas residenciales para personas mayores a través de un concurso en el que la Generalitat elegía el lugar en el que debían construirse los centros. A cambio, la Administración se comprometía a ocupar el 30% de estas estancias bajo la modalidad que se denominó accesibilidad social. Este programa no obtuvo el resultado esperado y, tras muchos problemas, siete años después se quedó a 1.500 plazas del objetivo.
Gerocentros del Mediterráneo (con una composición accionarial distinta a la de 2008) fue la principal adjudicataria del plan, al conseguir 20 de los 52 centros. Tras el acuerdo del Consell del año pasado, la Generalitat eliminó el tope del 30% a todos estos centros, que tenían dificultades para ocupar el 70% de las habitaciones restantes con clientes privados. De esta forma, se abrió la posibilidad de concertar el resto de plazas, como así ha sucedido, "de lo que se benefició la firma vinculada a Cotino", apunta Torres. Según sus cálculos, el grupo Savia pasó de facturar en 2007 casi 16 millones a Bienestar Social a 30 millones el año pasado.
"No se ha beneficiado a ningún centro, sino a los usuarios que necesitaban plazas", señalaron ayer a este diario fuentes de Bienestar Social. "Había dependientes que necesitaban asistencia y había que dársela; como había plazas libres para atenderlos, se ha hecho lo posible para cubrir su atención". Además, fuentes de este departamento apuntan que se ha realizado una concertación global también con centros sin ánimo de lucro. "Esto no beneficia más a ellos [Savia] que a otros".
Una argumentación similar es la que recoge el acta del acuerdo del Consell de enero de 2008. Este documento alude a las necesidades que plantea a la ley de Dependencia y a la necesidad de "dotar de una mayor agilidad en los procesos de asignación de plazas residenciales para personas mayores dependientes". También sostiene que la medida introduce "mayor transparencia".
La visión de Torres -quien tuvo que esperar 10 meses a que el Consell le remitiera su acuerdo- es opuesta. "Lo que los ciudadanos quieren no son plazas en residencias sino servicios próximos, como ayuda a domicilio, teleasistencia o asistencia personal, que además son más baratos. Lo que ha hecho Cotino es potenciar los ingresos en residencias, unos servicios en los que tiene especial interés". Por ello el diputado socialista cree que el vicepresidente del Consell "ha prevaricado al primar la atención más cara sobre la más económica y la preferida por los usuarios".
El 51% de las ayudas concedidas es una paga para las mujeres que atienden a sus mayores – La falta de servicios y la tradición abocan a este recurso económico.
CARMEN MORÁN – Madrid – 22/09/2009
La paga para el familiar que cuida de los ancianos en casa se ha disparado entre las ayudas previstas en la Ley de Dependencia. Más de la mitad de las prestaciones concedidas ya son para atender a los mayores en el domicilio, es decir, una retribución para las mujeres -hijas, esposas y nueras- que los han atendido y lo seguirán haciendo. La prestación económica por cuidados familiares, que así se llama, es mayoritaria en casi todas las comunidades autónomas y ya supone, como media, el 51,4 del total de ayudas concedidas. Así que, la dirección que están tomando las cosas es justo la contraria de la que dice la ley. La ayuda al cuidador familiar debe ser "excepcional" y siempre que se den las condiciones adecuadas en la vivienda. Se redactó así previendo situaciones que ya se daban en nuestro país y para que aquellas zonas, sobre todo rurales, donde no llegan los servicios, tuvieran una contrapartida económica.
Los familiares no han recibido aún la formación que se había prometido.
En Murcia apenas se ha concedido más que dinero para las cuidadoras.
Pero dos factores han dado la vuelta a la tortilla: las preferencias de los ciudadanos, guiados aún por modelos tradicionales de cuidados a la vejez, y lo barata que les sale a las comunidades esta prestación, mucho más que una plaza en un geriátrico. A ello se añade la escasez de servicios, que aboca a los profesionales, en ocasiones, a recetar esta ayuda económica con tal de que el ciudadano reciba algo. Los trabajadores sociales reconocen que, a veces, no es lo más adecuado para el anciano, pero no hay otra cosa que ofrecer. La ley prevé, además, formación para el cuidador, que tampoco la está recibiendo.
Espectacular es el caso de Murcia, que, a juzgar por los datos, no ha hecho otra cosa en la Ley de Dependencia más que dar esa ayuda. Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla (ambas bajo la gestión del Gobierno), todas muy por encima de la media, que ya es bien alta. "Con estas cifras se puede decir que se ha desvirtuado la ley. Estas ayudas se contemplaron como algo excepcional para algunas zonas rurales, donde es más difícil que lleguen otros servicios, pero se están generalizando", explica Montserrat Muñoz, coordinadora ejecutiva de Política Institucional de IU. Muñoz, que participó activamente en el nacimiento de esta ley, opina que "estas ayudas están evitando que se cree empleo de calidad ligado al bienestar de los ciudadanos". Y añade: "La mayoría de los cuidadores son mujeres, lo que las consolida en el papel que han desempeñado siempre. No se les está dando un empleo, aunque éste fuera con un gran sesgo sexista".
La secretaria de Asuntos Social del PSOE, Marisol Pérez, opina que esta desviación de la ley hacia la prestación económica es propia de los inicios, pero que cambiará. "No hay suficientes servicios aún y sí una cultura familiar que persiste: esta tarea la hacían muchas mujeres y algunas quieren seguir haciéndola. Cuando se hizo la ley, éramos conscientes de esa realidad social. Se necesitará un cambio generacional para modificar esa costumbre, pero, mientras tanto, esas mujeres tienen ahora ventajas, cobran por ello y se dan de alta en la seguridad social", explica.
Por su parte, el portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, lamenta que "lo excepcional se esté convirtiendo en ordinario. Si se consolida este modelo, finalmente, la gente contará con un poco más de dinero, pero no se habrán resuelto los problemas de autonomía personal ni de calidad de vida. Por no hablar del empleo que dejará de generarse. Y encima, el aumento de esa prestación no va acompañado del apoyo y la formación a los cuidadores que también preveía la ley".
Una plaza en una residencia para ancianos (o discapacitados) es la segunda ayuda más concedida, con casi un 20% de los casos. Pero esto es engañoso, porque muchas de las personas que aparecen como beneficiarias de una plaza geriátrica (86.220 en total) ya estaban atendidas allí antes incluso de que se aprobara la ley. Las comunidades autónomas se limitaron, entonces, a registrarlos en las listas y a recibir dinero por cada uno de ellos, como han reconocido algunos responsables autonómicos. Madrid sorprende por encima de todas las demás, 55 puntos por encima de la media en la supuesta concesión de plazas residenciales. Con esas cifras, la comunidad madrileña habría debido abrir en los últimos tres años docenas de geriátricos.
El Gobierno se hartó de las cifras que las comunidades reflejaban sobre la concesión de nuevas plazas en residencias y sacó un decreto en febrero en el que advertía a las comunidades de que sólo les daría dinero si el procedimiento de solicitud y reconocimiento de una ayuda lo había solicitado el propio beneficiario. Las comunidades pararon. Pero Madrid, por ejemplo, ya había sumado por entonces de un mes para otro más de 4.000 personas nuevas ingresadas en una residencia.
El resto de las prestaciones se han concedido en porcentajes muy escasos (ver gráfico) y alguna de ellas, como la ayuda a domicilio, está en manos de los ayuntamientos. Por tanto, la gran novedad, tres años después de iniciarse la Ley de Dependencia, ha sido la paga a los familiares por cuidar a sus ancianos, justo lo contrario de lo previsto. Pero, al menos, es una ayuda derivada directamente de esta ley, porque antes no existía. De todas las demás, caben dudas.
A las comunidades les sale muy barato prescribir estas ayudas. Castilla y León (PP), que ha hecho públicos datos como el número de beneficiarios y el de prestaciones, así como la financiación que recibe, ha calculado que si concediera un 51,4% de ayudas a los familiares (la media nacional), en lugar del 34,8% que da en la actualidad, se ahorraría 6,1 millones de euros al mes.
Hoy se reúnen los consejeros con el Gobierno para aprobar, previsiblemente, un nuevo modelo de información que clarifique las estadísticas de la Dependencia.
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