IBEC

España ha sido siempre un país endeudado, escasamente ahorrador. No se tiene memoria de los tiempos en que no necesitara de financiación externa. Pero ¿cómo se trató a los acreedores en las diferentes coyunturas? Aunque no abundan los estudios en la materia, un sucinto repaso de sus líneas generales nos puede dar una idea de lo que se nos viene encima, ya que España, sumada la deuda pública y la privada, debe la escalofriante cifra del 279% del PIB, la segunda deuda mundial después de EE UU.

Cuando Fernando VII, el rey felón, con la ayuda de ejércitos extranjeros, restableció el absolutismo, tachó de ilegítima la deuda contraída por los gobiernos liberales del Trienio (1821-23). El «repudio» de la deuda originó un caos sin precedentes; España pasó a ser un país apestado que no se recuperaría parcialmente hasta las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, medidas que permitieron liberar rentas con las que paliar el desastre y recuperar parte de la credibilidad. Los historiadores consideran que fue el mayor default de la historia contemporánea.

A lo largo del periodo liberal posterior, la deuda continuó siendo un quebradero de cabeza, abordado y sorteado, dentro de una cierta contención, con diferentes argucias, quitas y enmascaramientos. Encontramos así una gran variedad de medidas: conversión de la deuda a corto, o deuda flotante, en deuda consolidada a largo plazo. Conversión de la deuda consolidada, en deuda perpetua, que daba derecho al cobro únicamente de los intereses. En ocasiones se dividió la deuda, en activa, que permitía el cobro de intereses, y en deuda pasiva, sin derecho a los mismos. No fue frecuente practicar quitas al capital, aunque Bravo Murillo lo hizo, sin grandes abusos. También se ensayó el mecanismo de rebajar los intereses de la deuda privada, pero no de la pública, así como la recompra de deuda por el Estado en el mercado secundario, cuyos títulos estaban devaluados. Durante el Sexenio Revolucionario, se suspendió el pago de intereses, si bien la deuda siguió estando reconocida. También se experimentó con la fórmula de establecer impuestos a los tenedores de deuda y, desde luego, de fomentar la expansión monetaria con el fin de que la inflación compensara el monto del servicio del pago de la deuda.

Teniendo en cuenta tales precedentes –de los que se puede deducir que no hay nada nuevo bajo el sol– España, miembro de la UE y de la zona Euro, tienen que abordar ahora uno de sus problemas centrales, del que depende que se abra o se clausure su futuro durante décadas. El problema no es sencillo, porque lejos de ser exclusivamente técnico (pues los economistas y expertos, como estamos viendo, se tiran los trastos unos a otros) es principalmente un problema político, que ha de tener en cuenta no sólo cuestiones de justicia, sino, sobre todo, las consecuencias que las medidas a aplicar puedan acarrear, evitando que el remedio sea peor que la enfermedad.

Desde este punto de vista, y puesto que el problema ya está en la agenda, los criterios básicos a discutir en el debate público parecen ser los siguientes: 1) Evitar que ocurrencias o discursos populistas puedan aumentar la gravedad de la situación, hasta el punto de hacerla irreversible e inmanejable. 2) Explorar el camino de un tratamiento diferenciado para la deuda pública (peligrosamente inflada a consecuencia de la conversión de deuda privada en pública, a través del rescate de bancos y cajas) y la deuda privada, cuya reestructuración es más accesible y justificada (Amir Sufi) 3) Determinar si hay que abordar el problema de la deuda en el marco europeo, con los instrumentos existentes y otros que puedan implementarse, o por nuestra cuenta: en el segundo caso, la ruptura con el euro y con Europa estaría cantada, con las repercusiones económicas y sociales propias del caso. 4) Estimular la tasa de inflación de la zona euro como medio para compensar el peso de la deuda (Rogoff y Reinhart). 5) Interiorizar el hecho de que el aumento de la deuda tiene que ir acompañada de un aumento de las rentas disponibles por empresas y familias (Laborda). 6) Avanzar (o no) en la mutualización de la deuda a escala europea.

Este es un debate que se tiene que enfrentar desde la racionalidad y teniendo en cuenta el contexto de la situación de España. No valen pócimas milagrosas ni delirios autárquicos para consumo interno.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/12/01/deudas/1573435.html
http://polop.cpd.ua.es/dossierua/index.jsp?status=publicada&date=01-12-2014

Hay que recordar de vez en cuando el célebre ensayo que Max Weber, el gran sociólogo alemán, publicó en 1919 acerca de la «ética de la convicción» y «la ética de la responsabilidad».

La ética de la convicción, decía Weber, es la que se orienta a fines, al mundo de los valores y principios como guía de la acción. La ética de la responsabilidad, por contra, es la que tiene en cuenta, principalmente, las consecuencias de nuestras acciones, las repercusiones de éstas que van más allá de nuestra capacidad de control y de previsión. La primera, es la propia del pensador, de la persona de principios, del religioso, del juez, etc. La segunda es la propia del político, que tiene que prever los resultados de sus decisiones, conforme a la conocida máxima de que «el infierno está empedrado de buenas intenciones».

No es que ambas éticas sean inconciliables, pero no cabe duda de que lo que se exige al político, a diferencia del santo, son resultados y no sólo elevados principios. Que Weber escribiera su ensayo en la fecha citada no es casual. Ya por entonces se vislumbraba en el horizonte, tras los horrores de la primera Gran Guerra, las consecuencias catastróficas que asolaron Europa la siguiente década.

Los momentos de incertidumbre y crisis, como los actuales, no sólo en España sino en toda Europa, son propicios a la exaltación de las convicciones, a las llamadas al rearme moral y a la consideración –de indudable raíz religiosa– de que lo que ocurre es consecuencia de los pecados cometidos, especialmente por los políticos, al tiempo que decae esa otra parte de la ecuación, propia de la política, que mira a las consecuencias.

Lo peculiar del caso español, y por eso estamos en una singular encrucijada, es que no se da ni una cosa ni la otra. Las fuerzas políticas emergentes, a las que se supone guiadas por altas cotas de moralidad, esconden sus convicciones, mientras que entran en el maquiavélico juego de asegurarse su propio éxito. Las fuerzas políticas establecidas, a las que se supone metidas de lleno en la lógica de la responsabilidad, hacen dejación de ésta y se dedican a desempolvar discursos morales en los que ya nadie cree.

Un poco de orden se necesita. La encrucijada española está enmarcada en seis principales problemas. 1) Las relaciones con Europa, en la medida en que las políticas europeas actuales profundizan la crisis y conspiran contra principios básicos de la Constitución. 2) El problema de la integración territorial de España ante el desafío soberanista. 3) La situación enquistada de desigualdad, desempleo y pobreza. 4) La actualización de ciertas instituciones, especialmente las que tienen que ver con el proceso democrático, sistema electoral y participación, lucha contra la corrupción y transparencia. 5) la orientación de las políticas públicas en materia de educación, sanidad, servicios sociales y dependencia. 6) la orientación de la política económica y fiscal

Habría que exigir a las fuerzas política en este trance que, con la máxima convicción, pero también con la máxima responsabilidad, puesto que son fuerzas políticas, se pronunciaran claramente y sin tapujos sobre qué piensan hacer y proponer. Que no lo eludan bajo el manto de cálculos electorales, porque, la verdad, no nos lo podemos permitir. Por otro lado, ello sería la condición necesaria para abordar un cambio constitucional que fortalezca la convivencia en democracia. Y todo ello debería empezar por el propio Gobierno, que no puede permanecer a la espera de lo que digan los demás, en actitud pasiva, sino que debería ser el primero, por sentido de la responsabilidad, en enseñar sus cartas.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/11/10/encrucijada-espanola/1565553.html

Es curioso que el término «deconstrucción», en principio un tanto oscuro, se haya colado en el debate público y se utilice como herramienta para explicar el significado de los cambios que, según parece, están próximos a producirse.

La «deconstrucción», como propuesta filosófica, estuvo refugiada durante años en textos destinados a reducidos círculos y a ser objeto de un alto debate intelectual, en el cual destacaban brillantes filósofos franceses. Luego se abrió paso (ya en EE UU) en otras muchas parcelas de la cultura y de la ciencia, en la arquitectura por ejemplo, e incluso en saberes como el Derecho, especialmente refractario éste a ser, justamente, deconstruido.

Sin embargo, ahora se emplea corrientemente entre el gran público, ¿por qué?

Tal vez porque proporciona la imagen de algo que se disuelve, que no está firmemente fundado (porque la impresión general es que nada se apoya en lo verdaderamente sólido -¡y nunca lo estuvo, que diría un deconstructivista!)

En general, la filosofía deconstructiva, si puede llamarse así, es antiautoritaria en el sentido de que trata de desenmascarar las tramas que están detrás de toda presunta autoridad, incluida la autoridad de la lengua y de los significados de los conceptos. Por otro lado, es una filosofía que nace de la desilusión con la modernidad, ya que no cree que la modernización de las sociedades (y del sistema económico que le acompaña) esté incompleta y que haya que implementarla, sino más bien que ha llegado a su límite, esto es, al comienzo de su propia deconstrucción.

Todo esto no tiene nada que ver con el hecho de que las más firmes instituciones, como la familia, el Estado, la Constitución, o los conceptos que definen los soportes privilegiados de la sociedad, como el de varón, político, sacerdote, etc., estén en franco proceso de disolución. La cuestión es más bien que, para el deconstruccionismo, lo que sucede no es más que el desarrollo necesario de la capacidad de desvelamiento de la mente humana, y de la necesidad de ésta de ampararse en el único concepto que no puede ser deconstruído: la idea de Justicia, que no coincide con el Derecho existente ni con las leyes.

Así que tomando cada uno de estos elementos, ya tenemos una guía para navegantes. En un momento de crisis como el actual, en que lo que se deconstruye es el propio sistema (Estados Unidos, decían estos filósofos, «es la desconstrucción») las temáticas y la dinámica política giran en torno a, por una parte, el desvelamiento de las tramas que se esconden tras del poder, cualquiera que sea, lo que incluye las tramas de corrupción. Por otra, la conciencia cada vez más extendida de que se ha llegado al límite (económico, medioambiental y político) de lo que llamamos modernidad. Y, por último, que hay que apelar a una idea de Justicia reparadora, que no se encuentra expresada en el Derecho y en las leyes.

Deconstrucción no es sinónimo de destrucción, ni siquiera de lo que Schumpeter denominó «la destrucción creadora». Tiene que ver con la pérdida de control sobre los hechos condicionantes de nuestra vida. Si se quiere, la imagen más evocadora es la del carro de Dschagannath, citado por A. Giddens, que una vez al año transporta la imagen de Krishna, moviéndose por sí solo sin destino aparente, atropellando inevitablemente a la gente que, presa del pánico y del éxtasis religioso, intenta guiarlo, moderarlo y pararlo.

Es decir, lo que se espera es un acontecimiento, algo que nos saque de este largo sopor.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/11/03/deconstruccion/1562832.html
http://polop.cpd.ua.es/dossierua/index.jsp?status=publicada&date=03-11-2014

En tiempos como los actuales en que se cuestionan las instituciones del Estado, en que se exige la efectividad de determinados derechos –que si bien declarados en la Constitución, están siendo arrasados por la crisis– y en que se percibe que el modelo territorial diseñado en 1978 tiene serias dificultades para brindar un marco integrador de la convivencia, es lógico que se multipliquen los reclamos a favor de un cambio constitucional, unas veces con objeto de proceder a reformas más o menos concretas y limitadas, y otras veces, apelando al Poder Constituyente.

La experiencia histórica de los cambios constitucionales en numerosos países nos ha hecho comprender –y por tanto desechar– los conceptos altisonantes, envueltos en ropajes míticos e incluso místicos, que rodean dichos procesos. Porque en realidad son procesos?. en el curso de los cuales, lo que empieza como una reforma, puede acabar siendo una revisión significativa –o incluso de naturaleza constituyente– del ordenamiento constitucional (caso de España, en 1978), y lo que empieza como un proceso constituyente, termina siendo una reforma (caso de muchas constituciones latinoamericanas recientes, que pese a que se presenten como «revolucionarias» no suponen un verdadero cambio estructural de las precedentes).

Por esta razón, y por lo que se refiere al momento español, conviene poner el foco en las reglas de reforma constitucional previstas en el texto y clarificar su función. Lo haré telegráficamente, en forma de enunciados generales.

1.- Las reglas sobre la reforma constitucional, contenidas especialmente en los arts. 167 y 168 de la CE, no son el fundamento de la supremacía normativa de la Constitución. Sirven en todo caso para mantener la estabilidad de la norma suprema y para permitir (con mayores o menores dificultades) que determinadas reformas de la misma se puedan llevar a cabo sin que ello derive en la destrucción del orden constitucional.

2.- La Constitución española prevé expresamente la posibilidad de una «reforma total». La Constitución de 1978 no contiene «cláusulas intangibles», es decir, inmodificables, como si lo hace la mayoría de las constituciones de otros países. Ello no equivale a sostener, sin embargo, que cualquier cambio de la Constitución pueda pasar como una mera reforma.

No sería, por ejemplo, una reforma sino una ruptura, la anulación del principio de la independencia de los tribunales de Justicia; la erradicación del pluralismo político; el vaciamiento de los derechos fundamentales; la eliminación de las condiciones que hacen posible el proceso democrático, etc., es decir, los principios esenciales del tipo de Estado que resultan del ordenamiento constitucional. En otras palabras: la revisión total, aceptada en nuestra Constitución, no puede convertirse en el fundamento de un «poder constituyente» (porque el llamado «poder constituyente» se manifiesta «fuera del Derecho», es decir, como poder fáctico).

3.- Sería fraudulenta la utilización de las reglas de reforma para reformar esas mismas reglas. Así, por ejemplo, sería un fraude constitucional utilizar la llamada reforma simple del art. 167 para cambiar esas mismas reglas, o las del art. 168, que prevé la reforma total o agravada. (Si sería, sin embargo, posible, utilizar las reglas del art. 168 para modificar el 167, pues «quien puede lo más, puede lo menos»). Las reglas sobre la reforma hay que verlas como «constitutivas», como las del ajedrez: si se cambian, el juego cambia, y se convierte en otro juego.

Todo esto puede parecer un tanto obtuso y pretenciosamente técnico: pero cuando, tal como ocurre ahora, se suele esconder el significado de las palabras y se pretende disfrazar en ellas el contenido del propio deseo; cuando los malabarismos semánticos están a la orden del día en la controversia política, no está de más perfilar lo que afecta a las reglas elementales de la convivencia.

Hay que distinguir, pues, entre quienes se sitúan «dentro del Derecho» y quienes se sitúan «fuera», a la hora de reclamar un cambio constitucional.

Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/20-10-2014/INFORMACION/D-DIARIO%20INFORMACION%2020%20OCT%20-%20ALICANTE%20-%20Alicante%20-%20pag%2022.jpg
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/10/20/reforma-constitucional-limites/1557635.html