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Edicto de Granada (31 marzo 1492). Los Reyes Católicos lo promulgaron en la Alhambra y decretaba la expulsión de los judíos de la Corona de Castilla y Aragón. Una medida que, aun violentando a escala social estrato tan íntimo de la conciencia individual como el de las creencias, dista abismalmente de otras «soluciones finales» que en el supercivilizado siglo XX pretendieron aplicarse al mismo renovado y, a estas alturas moralmente inconcebible, «problema».
En 1478, los Reyes Católicos decidieron introducir el Tribunal de la Inquisición en Castilla y, con posterioridad, en Aragón. Su principal misión sería controlar a los conversos, investigando aquellos casos sobre los que existían dudas de que se hubiera producido un Bautismo sincero. Las Cortes de Toledo decidieron, en 1480, que los barrios judíos debían estar apartados físicamente de los cristianos, por lo que ambas zonas debían estar separadas por gruesas murallas. Además, se les obligó a llevar en sus ropas una señal roja, un distintivo que los identificara como pertenecientes a la comunidad hebraica. Sin embargo, a pesar de sus grandes esfuerzos, las medidas de la Inquisición no fueron suficientes para solucionar el problema del odio hacia los judíos y a los conversos.
Los antecedentes más decisivos e inmediatos, los hechos que se produjeron a finales del siglo XIV, en concreto en 1391. A lo largo de ese año, los barrios judíos sufrieron numerosos ataques, siendo el primero de ellos el que tuvo lugar en Sevilla, extendiéndose después por distintos lugares de la Corona de Castilla y de Aragón. Estos ataques, conocidos con el término de “progromos”, tenían como objetivo el saqueo e, incluso, la matanza de judíos.
