Una universidad privada ¿es un negocio o realiza una función social?

En La universidad, el último caramelo para la especulación (El País, 05/04/2019):

Con la llegada de estos nuevos actores al sector educativo siempre sobrevuelan las dudas sobre si serán capaces de mantener la calidad de la enseñanza de los centros. Porque no hay que olvidar que estos fondos buscan rentabilizar sus compras al máximo y en el menor tiempo posible.

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Pero en círculos académicos se tienen serias dudas sobre ello. “Personalmente, estoy radicalmente en contra de este tipo de operaciones”, afirma Carlos Andradas, rector en funciones de la Universidad Complutense de Madrid, “porque la educación en general y la universidad en particular nunca deben ser un negocio, y si un fondo se mete es para obtener una rentabilidad cuanto más alta mejor”. Estos inversores han descubierto que hay un nicho en las universidades privadas, donde a los alumnos se les ofrecen contactos que dan lugar a empleos y a salarios altos, y lo quieren explotar, continúa. Andradas cree que la educación superior debe promover la igualdad de oportunidades, justo lo contrario de lo que hacen muchos centros privados, “donde ya hemos constatado que la gente paga por obtener títulos”. Y critica a este tipo de centros, además, por la falta de un tejido investigador sólido.

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Los portavoces de las universidades públicas consultados se quejan de la falta de recursos a la que se enfrentan sus instituciones desde hace una década. “Ante la carencia de presupuestos, no podemos expandirnos y fomentar la investigación y eso da ventaja a las universidades privadas”, señala Oriol Escardíbul, de la Universidad de Barcelona. A su juicio, Madrid y Barcelona han sido las plazas más penalizadas por los recortes. Y precisamente en la comunidad capitalina, el PP y Ciudadanos han dado luz verde a la instalación de tres nuevas universidades privadas, “a las que nos hemos opuesto y presentado una demanda para paralizarlas porque ya hay muchas universidades en Madrid. Con estas tres, las privadas serían 15, frente a las seis públicas. Y, además, porque su modelo favorece la desigualdad”, según Carlos Andradas, de la Complutense.