En el análisis del episodio inmobiliario de la última década destaca la evidencia de que la compra de vivienda con finalidad inversora es una variable crucial en el alza de los precios.
Así, mientras el censo de 2001 revela que el 32% del parque de casas iba dirigido a segundas residencias (habitadas o vacías), las cifras del Ministerio de Vivienda sitúan en el entorno del 35% la tasa actual. Este fin inversor del ladrillo ha favorecido la expulsión de los jóvenes del mercado inmobiliario, a través del factor precio, fenómeno que también se ha producido en países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
La explicación es sencilla: si los compradores son, en gran parte, inversores, los precios se sitúan en niveles prohibitivos para el colectivo de personas menores de 35 años. Esta cuestión se recrudece por la alta temporalidad laboral, que genera sueldos bajos e inestabilidad en el puesto de trabajo. Ante este problema, las entidades financieras han decidido ampliar los plazos de las hipotecas, impulsando aún más los precios como consecuencia de la menor renta necesaria para acceder a un piso en términos relativos. Hasta el momento, la argucia funciona, pero los expertos temen que un aumento del desempleo genere un repunte de la morosidad de los préstamos.
Para evitar problemas, los bancos diversifican el negocio, pero las cajas de ahorros tendrán más problemas porque han comenzado su política agresiva en el sector cuando éste empieza a dar señales de un leve agotamiento. La carga hipotecaria de los hogares duplica las cifras de 2001 y el Banco de España alerta sobre la elevada deuda familiar.
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