Dentro de la política local existe un aspecto clave, y es el de la hacienda municipal, pues con ella se administra todo lo relativo a la comunidad vecinal.

La hacienda de las pequeñas villas y lugares señoriales, como es el caso de Petrer en el siglo XVII, contrasta con las finanzas estudiadas de las grandes ciudades forales. Petrer es el ejemplo de una pequeña comunidad agraria donde la composición de las rentas y gastos municipales puede estar mediatizada por la extracción  señorial y estatal, y donde la política fiscal aplicada incide en los arbitrios directos y en el recurso al crédito más que en la imposición indirecta.[1]

Respecto al funcionamiento de las claverías, el clavari se encargaba de registrar en los Llibres de Clavària las rentas y gastos municipales, pero hay que decir que de ellos no puede deducirse la existencia de un presupuesto municipal, pues no hay cómputo anticipado. Sólo se puede hablar de vago presupuesto al iniciarse el año financiero cuando los jurados trasladan al nuevo clavario la recaudación de una serie de ingresos conocidos.

Los jurados, durante el año financiero en curso, despachan al clavari cartas y mando de pago para cubrir todos aquellos gastos imprevistos que van surgiendo en  la actividad de los oficiales para los cuales no hay crédito ni dotación financiera habilitada. Este tipo de gastos se conocía como gasto corrent y era el que predominaba.[2]

Toda esta actividad de la clavería estaba supervisada por las revisiones de las cuentas que realizaba el señor feudal periódicamente a través de un juez de residencia. Dicho juez inspeccionaba la hacienda local para vigilar y garantizar la percepción de los derechos condales.

Una de las funciones de los oficiales y magistrados locales era la de atender y gestionar las fuentes de ingresos de la hacienda local, y para ello el municipio recurría a varios recursos financieros, distinguiendo así entre rentas por propios e ingresos por arbitrios.[3] Las primeras incluían los bienes de la villa (agua, tierra y casas) que podían ser utilizados de forma comunitaria y por ello no reportaban ingresos, o podían ser arrendados a particulares a cambio de una renta. De manera que estos bienes patrimoniales de la villa aportanban ingresos a la clavería local sin gravar a los habitantes del pueblo. Pero los propios de la villa de Petrer eran escasos, por lo que constituían una fuente de ingresos prácticamente nula en el s. XVII.[4]

Las rentas por propios y las regalías de Petrer cubrían menos de un cuarto del gasto general, lo que propiciaba que la mayor parte de los desembolsos y obligaciones financieras de la hacienda local debían ser cubiertas por arbitrios y por el recurso al crédito. De este modo, podemos observar como la fiscalidad incidía sobre la población, directamente con repartos y derramas, e indirectamente con sisas y peajes comerciales.

Los oficiales de la villa tenían capacdad para imponer arbitrios indirectos. Se trataba de gravámenes que recaían sobre las transacciones comerciales al por menor, es decir, la fiscalidad incidia sobre el consumidor y afectaba sobre todo a los no productores, a miembros de la comunidad que habían perdido propiedades y rentas y debían acudir al mercado para abastecerse.

La hacienda municipal de Petrer registra dos modalidades de imposición indirecta: la sisa sobre el consumo de carne en la venta menuda y la treta, impuesto que grava las mercadurías y productos que entran y salen del término de la villa.[5] Pero lo más destacado de las rentas de clavería de Petrer son los impuestos directos, ya que se establecen sobre la propiedad o renta de individuos e instituciones. Estos cargos directo podían ser de cuota fija por vecino o por habitante.

Durante el siglo XVII se produjo un incremento de las percepciones tributarias del municipio por arbitrios directos, suponiendo en el último tercio de la centuria casi la mitad de los ingresos totales de la clavería de Petrer. Esta aceleración del peso fiscal sobre los contribuyentes de Petrer se explica por la política