¿Por qué falla el sistema representativo?

Desde el 15-M, el «no nos representan» ha pasado a ser un mensaje nuclear que sirve de enganche para una crítica general de las instituciones representativas de la democracia española. Se trata de una crítica que no solo toma cuerpo en España sino que se extiende a otros muchos países, especialmente a los que forman parte de la UE.

¿Cuáles son las causas? La primera de ellas tiene que ver con las consecuencias sociales de la crisis, con sus secuelas de paro, marginación, pobreza y desigualdad. En ausencia de una respuesta del «sistema», han sido los distintos movimientos de protesta que han proliferado en los últimos años los que han puesto los puntos sobre la íes. Son ellos los que han obligado a poner en la agenda la prioridad de atender a los damnificados y a contrarrestar las políticas de austeridad impuestas por la UE.

La crítica apunta, por otro lado, a un cuestionamiento del sistema representativo mismo, al que se acusa de estar anquilosado y manipulado por los partidos políticos. Se plantea que el diseño constitucional del 78 ha quedado rebasado por una dinámica social que exige más participación así como una regeneración efectiva de la democracia. Se cuestiona la viabilidad de un régimen electoral que apuesta, fundamentalmente, por la estabilidad de los Gobiernos, en lugar de ser un reflejo fiel de las opciones de la ciudadanía. Se critica asimismo que, si bien la Constitución contiene mecanismos de democracia participativa –como los referendos consultivos y vinculantes, la iniciativa legislativa popular, etc.– éstos son insuficientes a la vez que inútiles, pues están subordinados a las decisiones de los órganos representativos. Se plantea, en fin, que los partidos políticos han degenerado en «partitocracia», de manera que no sólo actúan colonizando las distintas instituciones sino que se valen de ellas para vivir en la opacidad y engendrar corrupción. Todos estos aspectos justificarían una reforma que tiene que alcanzar a la propia Constitución, aunque no están tan claras las posibles alternativas.

Porque yendo más lejos, una tercera causa del malestar hay que situarla en el funcionamiento de la Unión Europea, en la medida en que ésta utiliza las competencias soberanas que les hemos cedido sin tener en cuenta los marcos democráticos de los estados y sin la contrapartida de la exigencia de responsabilidad. En estas circunstancias, ¿cómo otorgar legitimidad a las instituciones representativas españolas si no pueden decidir en temas cruciales, como políticas económicas, deuda o moneda, sino que, antes bien, las políticas que vienen de la UE son las que conspiran contra lo establecido en nuestro sistema de convivencia?

Tal vez, la causa última del malestar respecto a la representación y al sistema de partidos tiene que ver con la desintegración de ese conglomerado que es el modelo de Estado Social y Democrático. Porque si el sistema representativo y el pluralismo de partidos se asentó durante décadas en el pacto social de postguerra, un pacto social entre Capital y Trabajo, hoy en día ese pacto se ha roto, tanto porque el Capital ha emigrado a la esfera global, como porque el Trabajo, en su sentido tradicional de clase se ha transformado, apareciendo nuevos movimientos y sujetos que reclaman su presencia en el espacio público.

La clarificación del ámbito político español debiera partir de la premisa de que la casi totalidad de las fuerzas políticas –incluso de las emergentes– se declara partidaria de un modelo de cohesión social y se sitúa en la órbita de la social-democracia, con distintos matices. El problema es si existe una auténtica social-democracia que impulse el proceso y le dé forma. La tentación de encapsular el «no nos representan» en el marco estrictamente español y practicar eso del «socialismo en su solo país», además de infantil, resultaría desastroso. El déficit de representación y la exigencia de más participación tienen muchas facies relacionadas entre sí. Apuntar coherente y responsablemente al objetivo exige reformas en el marco español y en la propia UE si no queremos que la globalización sea una apisonadora que nos aplaste a todos.

http://polop.cpd.ua.es/dossierua/index.jsp?status=publicada&date=16-02-2015
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/02/16/falla-sistema-representativo/1599703.html

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Lo viejo y lo nuevo

A finales de los sesenta, en plena ebullición contracultural, circulaba el siguiente mensaje, visible en los muros y en las protestas de los estudiantes parisinos: «si no vives como piensas terminarás pensando como vives».

Se trata de un mensaje certero, válido hoy día, pues invita a entender que frente al adocenamiento, frente a la aceptación o la rendición ante la realidad establecida, está el intento constante de cambiar las cosas para construir una realidad distinta. También nos habla del choque entre «lo viejo» y «lo nuevo» y de cómo, para captar «lo nuevo» y hacerlo prosperar, es necesario desprenderse de las ideas adquiridas y de las inercias mentales que habitan en la memoria e impiden reconocer lo que está por venir.

Dar la bienvenida a lo nuevo siempre trae consigo desgarros, tanto en las personas como en los grupos, los partidos, los países, es decir, en todos los que se instalan en un lugar confortable –definible– al abrigo de los retos que inevitablemente se presentan.

La izquierda se ha destacado siempre por su papel transformador del statu quo. Si miramos al caso de España, ha sido la izquierda, principalmente, la que más ha empujado en la dirección de construir una sociedad más justa e igualitaria, asentada en la extensión de la democracia, las libertades y la solidaridad. Apenas alcanzamos a valorar, por formar parte del paisaje cotidiano, el avance que en todos los órdenes –materiales, institucionales y culturales– ha experimentado la sociedad española en los más de treinta y seis años del cambio constitucional que tuvo lugar en 1978. La fórmula que se acuñó entonces –válida también en el presente– es la de un Estado integrado en torno a un modelo social y democrático de Derecho.

Pero es verdad que dicho modelo se ha visto seriamente afectado a raíz de las transformaciones de las últimas décadas. Desde los años setenta, en que ya se manifiesta la desintegración del Estado Social, hasta la Gran Recesión actual, con efectos aún más demoledores, se han ido minando los fundamentos del tal forma de Estado. Sólo dos datos: el capital, en sus variadas formas, ya no juega sus bazas en la liga local del Estado, sino que lo hace en el espacio global, mientras que el mundo del trabajo está recluido en lo local, sin perspectivas de hacer valer su fuerza negociadora por medios democráticos. Por otra parte, el Estado –España– que ha buscado abrigo en Europa para responder conjuntamente a los retos de la globalización, cediendo soberanía, se expone a políticas europeas que directamente conspiran contra su modelo constitucional.

La crisis ha traído consigo niveles muy elevados de desintegración social, pobreza y marginación, acompañadas de la incertidumbre ante el futuro. El resultado es una izquierda dividida, aunque en ascenso, entre lo viejo y lo nuevo.

El PSOE instalado aún en la una foto fija, acusa el desgaste de años de gobierno y del acomodo confortable de muchos de sus cuadros. Su principal reto es romper con las inercias adquiridas –programáticas, organizativas, éticas– y con las malas prácticas que lastran su credibilidad y le impiden conectar con lo «nuevo». Renovarse en serio, en la práctica, es la única posibilidad de mantener la presencia de un partido más que centenario que ha escrito páginas brillantes al servicio del bienestar y al progreso de nuestro país.

La izquierda emergente, representada por Podemos, ha acertado en conectar con una protesta social difusa que reivindica para España respeto y dignidad ante las políticas que vienen de Europa. Pero tendrá que desprenderse de las ideas «viejas» que su núcleo dirigente lleva en la mochila y que se han demostrado históricamente inviables y socialmente desastrosas.

«Lo nuevo», como decía, no está escrito en los libros ni se deriva de experiencias anteriores.

http://polop.cpd.ua.es/dossierua/index.jsp?status=publicada&date=09-02-2015

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Radiografía (express) del populismo

Una radiografía del populismo no es fácil de obtener. La sociología analiza este fenómeno desde diferentes ángulos, distinguiendo procesos que, por ejemplo, se han dado y se dan en Europa o en los Estados Unidos (donde también el populismo está enraizado y surge con inusitada fuerza de vez en cuando), vinculados normalmente a movimientos nacionalistas y a coyunturas concretas de crisis, de otros escenarios, como los que proporcionan diferentes países de Latinoamérica, donde se han llevado a cabo estudios detallados al respecto.

Sobre el fenómeno en Latinoamérica, una amplia literatura sobre el tema viene a distinguir entre un populismo clásico (Germani, Di Tella, Malloy, De la Torre) que abarcaría, entre otras, experiencias como la peronista en Argentina o la de Getulio Vargas en Brasil, con el telón de fondo de la crisis del 29, y el «neopopulismo» más reciente (Weyland, Conniff, Mayorga, O´Donnell) que abarca experiencias diversas, desde el fujimorismo y el liderazgo de Carlos Menem (populismo neoliberal) hasta el bolivariano o ecuatoriano (populismo revolucionario). Aunque la discusión continúa en torno a los rasgos característicos de unos y otros, parece abrirse camino la tesis de que los neopopulismos actuales, que arrancan de los cambios y las incertidumbres que crea la globalización, recogen algunos de los elementos del populismo clásico latinoamericano.

Ciertos rasgos son indicativos de lo que se entiende por populismo clásico (Meléndez Rebeco): 1) Crecimiento hacia dentro del Estado y políticas redistributivas, lo que quiere decir que se concibe al Estado como motor económico, protector de la economía local, distribuidor de subsidios, y controlador de precios. 2) Desarrollo del clientelismo, que se traduce en la creación de redes traducibles en votos, a los que se premia, mientras se desprestigia a los adversarios. 3) Relación directa entre lo nacional y lo popular: el pueblo abarca a todos, cualquiera que sea su procedencia, como portador de todas las virtudes. 4) Movilización de las masas, prometiendo movilidad social (que a veces es efectiva) pero obligándoles a definirse frente a las elites. 5) Maniqueísmo político, de reminiscencias religiosas, traducido en fórmulas simples y antagónicas (pueblo/oligarquía, pueblo/imperialismo) que achaca toda la culpa de los males a los oligarcas. 6) Culto a la personalidad del líder, ensalzado hasta la mitificación a través del contacto directo del líder con las masas, a despecho de las instituciones, que se juzgan inútiles y desacreditadas.

Como se decía, el neopopulismo, que arranca en las décadas de los ochenta y noventa, en pleno desarrollo de la globalización y de las tendencias culturales de la postmodernidad, abarca fenómenos complejos, unas veces vinculados al populismo neoliberal, otras al revolucionario. Se presentan normalmente como una forma de ejercer el poder mediante el apoyo directo al líder sin mediación institucional (Weyland) y se expresan en una suerte de estilo o estrategia política (Connif) que se nutre del debilitamiento de las estructuras políticas de las democracias. Lo característico en este caso es el uso masivo de los medios de comunicación y de la red, con una fuerte tendencia a la personalización de la política, la espectacularización de las relaciones del líder con sus seguidores, la utilización de un discurso fuertemente emotivo, y el proyecto de implantación de formas plebiscitarias de gobierno. No olvidemos (Baudrillard) la enorme capacidad de los medios y redes para proyectar una determinada hiper-realidad, es decir, un discurso narrativo simple, sobre la realidad tradicional.

Como es natural se podría acusar a muchos partidos convencionales, en América y en Europa, de rasgos populistas, ya que éstos se asocian también a las respuestas que los partidos tradicionales dan a la grave crisis del modelo económico-político y al poder de la propaganda de masas, que hoy nos aqueja. Pero los populismos genuinos que surgen o resurgen en Europa a raíz de la crisis tienen una identidad específica propia: bien vinculados al hipernacionalismo y la xenofobia, bien presentándose como revolucionarios, a la manera de los movimientos populistas latinoamericanos de los últimos tiempos; otros, como el caso de Syriza, tienen características de ambos.

Sigue abierta la discusión en torno a sus efectos, no siempre duraderos. El populismo requiere rapidez, soluciones inmediatas y contundentes, frente a la parsimonia de las instituciones. Ello hace que, con frecuencia, se agoten y defrauden a la misma velocidad. Se les ha llamado un tipo de «democracia delegativa» (O´Donnell) por cuanto, en los momentos de crisis, la ciudadanía abandona sus derechos y los delegan en el líder. Otros creen (Laclau) que son un modo de construir lo político mediante la articulación de demandas dispersas. En general, no apelan a una identificación de clases, sino a la transversalidad social, por lo que no suponen en el fondo un peligro para la base del sistema; de ahí que se haya indicado, en algunos casos, que sean vías que el propio sistema propicia para dar salida al malestar. En fin, todo un universo para los estudiosos.

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/02/02/radiografia-express-populismo/1594664.html

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La soberanía en Europa y el TLC

No cabe duda de que el próximo episodio que va a poner en cuestión la construcción europea, hoy erosionada desde distintos frentes, es el resultado de las negociaciones para poner en marcha el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.

La crisis económica, que empezó siendo una crisis financiera, ha tenido entre sus víctimas, aparte de la ciudadanía en sí, condenada a la marginalidad y la pobreza, a las reglas de convivencia escritas en las constituciones europeas, la española entre ellas. Cuando se habla de crisis constitucional no se está diciendo tanto que las constituciones son malas y que hay que revisarlas a fondo, sino, principalmente, que éstas no se cumplen. O lo que es lo mismo: el problema que tenemos es que las promesas constitucionales y sus reglas del juego están inermes ante la aplicación de políticas que no sólo han provocado la crisis sino que son las mismas que se pretenden imponer en lo que se denomina «la salida de la crisis».

Aunque la percepción social, sobre todo en los países del sur, está dando la espalda a las políticas de austeridad y al control que ejerce Alemania sobre todo el espacio europeo; y aunque la agenda europea, lenta e insuficientemente, parece estar cambiando de dirección, sigue adelante uno de los emblemas de la fase de financiación del modelo económico capitalista en la que estamos instalados, y este emblema no es otro que el mentado Tratado de Libre Comercio.

El Tratado de Libre Comercio que, desde la parte europea, se ha estado impulsando por parte de la Comisión Europea saliente y del que la opinión pública tiene pocos datos, ya que se negocia casi en la clandestinidad, alberga en su seno un factor destructivo que afectará, caso de llevarse a cabo, al modelo económico de las constituciones de muchos estados miembros de la Unión Europea. Es decir, que si la erosión de las constituciones (y de la soberanía de los Estados, que es la clave de las constituciones) ya es evidente como consecuencia de la crisis, el Tratado de Libre comercio les dará la puntilla, pues plantea un desafío en toda regla al principio de soberanía de los estados.

Entre otros muchos aspectos, lo que mejor simboliza el desprecio de la parte norteamericana (o más bien de las multinacionales norteamericanas, que son la verdadera parte negociadora) a la soberanía de los estados europeos, es el mecanismo de resolución de conflictos previsto para la aplicación del tratado, o ISDS. En virtud de tal mecanismo, incluido en el paquete negociador como un elemento esencial, las controversias entre los inversores y los gobiernos europeos no los dirimirá un tribunal ordinario, sino un tribunal o corte de arbitraje específicos (internacional), al margen de los sistemas judiciales de los estados. El argumento es que «hay que dar garantías a las corporaciones para que inviertan en Europa» y «evitar la discriminación de empresas en función de que sean europeas o no».

Además de poner en tela de juicio el entero sistema judicial europeo, la introducción del ISDS supondría empoderar a las corporaciones inversoras para moverse en un espacio propio, ajeno a la órbita del Derecho. Por otro lado, el reclutamiento de miembros de este tipo de órganos se obtendría de especialistas en derecho privado que, normalmente, lo son en virtud de sus conexiones con el mundo mercantil.

Numerosos grupos políticos, dentro y fuera del Parlamento Europeo, y otras tantas organizaciones de la sociedad civil (así como, me parece, una gran parte de la opinión pública europea), se han manifestado en contra del TLC y, específicamente, del citado mecanismo de resolución de conflictos. Y no les falta razón, porque su introducción supondría una mutación radical de las constituciones, además de una catarata de cambios legislativos a todos los niveles.

No deja de ser extraño que éste y otros aspectos del TLC sigan negociándose entre bambalinas ante la desinformación del gran público. Hay vida en España además de la corrupción y los preparativos de las elecciones. Todos los partidos, sindicatos y patronal, deberían de pronunciarse claramente al respecto antes de que la cosa no tenga remedio.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/01/26/soberania-europa-tlc/1591874.html

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Anarquía y populismo

Uno de los fenómenos más sorprendentes de la historia reciente es el declinar de los movimientos anarquistas que florecieron a lo largo del siglo XIX y en la primera mitad del XX, especialmente en España, uno de sus últimos bastiones.

Los movimientos anarquistas desaparecieron de la escena política, en parte por su rechazo a jugar un papel en las instituciones y en los gobiernos –ya que los anarquistas postulan el rechazo al Estado y a la participación político-electoral– y en parte porque tras la primera Gran Guerra y, sobre todo, tras la segunda, el mapa geopolítico no dejó apenas espacio para que se desarrollaran.

Cabe señalar, sin embargo, que la doctrina y la práctica del anarquismo ha dejado una huella profunda en la mentalidad de la gente, e influido en las transformaciones culturales y sociales de los últimos tiempos. Si prescindimos de la imagen del tipo que, pistola en mano, liquida al amo o al autócrata (o la de esos otros, que los hay en todas partes, que llevan a cabo actos de violencia ciega), una imagen impropia del ideal anarquista, se encuentra en el anarquismo una filosofía política genuinamente pacifista y liberal, en el sentido de que reivindica la autonomía del individuo en armonía con las comunidades de vida y con las leyes naturales.

La influencia del anarquismo en la política y en las diversas manifestaciones de la literatura y del arte está fuera de toda duda, ya desde los lejanos tiempos de Lao-Tsé (o los menos lejanos de Ëtiénne de la Boêtie y su fascinante tratado sobre la «Servidumbre Voluntaria») hasta los grandes escritores del XIX como Jonathan Swift, William Blake, Byron, Wilde, Thoreau o Tolstoi a la cabeza. No se podrían entender los movimientos libertarios y contraculturales actuales sin las contribuciones de filoanarquistas como Huxley, Orwell o Theodore Roszak, entre muchos otros.

No sería entendible la textura de los movimientos sociales que se desarrollan actualmente a gran escala sin tener en cuenta la influencia que, como la lluvia fina, se desprende del anarquismo. El concepto mismo de «movimientos sociales» lleva su sello, sean los diferentes movimientos solidarios, los relacionados con la defensa del medio natural, o con el cooperativismo y la liberación de la mujer. La Red, que permite la libre difusión de todo tipo de lectura y conocimiento, derribando dogmas y estatus de autoridad, es desde luego un vehículo particularmente propicio a sus formas de expresión.

Soy de los que piensan que buena parte de la protesta que está habiendo en España tiene una raíz profunda en los valores del anarquismo. Y por ello creo que su principal adversario no es tanto el capitalismo como tal (del que los anarquistas denuncian su control explotador), ni los gobiernos y las constituciones liberales o democráticas, sino, como ya lo fuera en la I Internacional, el marxismo-leninismo, el totalitarismo y su secuela de personajes sedientos de poder (del que los anarquistas denuncian su poder de dominación).

Dicho claramente: el principal enemigo del anarquismo procede de los partidos, hoy emergentes por toda Europa, que hacen de la concentración de poder su divisa, que no aceptan el pluralismo y que pretenden reeditar la toma del poder, cuando éste no está alojado siquiera en las instituciones que piensan asaltar; partidos que pretenden concentrar el poder en manos de un reducido grupo de iluminada vanguardia que ensalza a su vez al líder supremo con delirio. Partidos como éstos, no son solo una amenaza a la cultura anarquista, sino un fruto envenenado de la mejor tradición del movimiento obrero y de los valores de la democracia y la libertad.
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Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/index.jsp?status=publicada&date=19-01-2015&newspaper=&page=2
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/01/19/anarquia-populismo/1589352.html

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Tolerancia

Tolerancia es un término mal entendido en general. No pertenece a la categoría de los conceptos filosóficos abstractos, como ley, logos, realidad, o cosas así. No podemos acudir a Aristóteles (salvando su «Poética») o a Platón para que nos iluminen al respecto. Si acaso habría que recordar a J. Stuart Mill que habló de la tolerancia en un sentido más bien práctico, para recordarnos los límites del pensar y actuar en términos de verdades absolutas.

Tampoco la tolerancia es un concepto que se desprenda del dogma religioso: al contrario, todas las religiones, unas más y otras menos, albergan residuos de intolerancia porque determinan un mensaje de fe absoluta, que por mucho que se suavice topa de frente con otras creencias igualmente dogmáticas.

Así que la tolerancia es una conquista reciente, duramente experimentada en carne propia por las gentes y los pueblos que padecieron las catastróficas guerras de religión que ensangrentaron Europa en los siglos XVI y XVII y que humanistas como Erasmo se atrevieron a sintetizar como mensaje civilizatorio, de esta manera: nadie puede ser juzgado por su credo o religión; hay que tolerar las diferentes opiniones en el ámbito religioso, pero siempre que no pretendan imponer sus creencias por encima de la razón (que dos y dos son cuatro no es opinable) y que despojen al ser humano de su dignidad y sus derechos inalienables. Sólo así es posible asegurar la paz y el progreso de los pueblos.

No hay duda de que el principio de tolerancia religiosa fue el punto de partida para el desarrollo del conjunto de los derechos y libertades que hoy son emblemas civilizatorios, especialmente por lo que se refiere a la libertad de expresión y de pensamiento, de debate y de crítica, los cuales, si cayeran o se disolvieran, sumirían a la sociedad entera en los abismos de la barbarie. De manera que la intolerancia –es decir, el código penal y la alerta ante cualquier ataque a las libertades– tiene que aplicarse con toda contundencia a los intolerantes que hieren el corazón de la convivencia.

Los atentados terroristas de París ponen de manifiesto que estamos ante una amenaza creciente, una verdadera guerra que, en nombre del Islam fundamentalista, pretende silenciarnos y amedrentarnos. Como algunos expertos han apuntado, la masacre de «Charlie Hebdo» supone un giro en la estrategia del yihadismo terrorista; ya no se trataría de ataques masivos, como el 11-S o el atentado de Atocha, sino de ataques selectivos ejecutados por células organizadas que castigan sectores concretos, en este caso el sector de la prensa libre e independiente, para esconderse y atacar de nuevo. Frente a esta barbarie, la única respuesta es la unidad y la acción contundente para preservar por encima de todo los valores en los que se asienta la tolerancia misma.

«Charlie Hebdo» no es una publicación cualquiera. Es una revista satírica que ejerce la crítica a través del humor. Y no hay cosa que perturbe más a una mente totalitaria que la fuerza liberadora de la distancia irónica. Recordaba estos días al personaje que creó Umberto Eco en «El Nombre de la Rosa», Jorge de Burgos, un monje intolerante que pretendía ocultar (aunque para ello tuviera que asesinar), precisamente, el descubrimiento de un libro que se consideraba perdido, la «Poética» de Aristóteles, donde se hace una defensa de la comedia y del humor como posibilidad de cuestionar los absolutos establecidos. Sin ironía, sin humor, sin libertad de expresión, no hay convivencia civilizada, no hay esperanza de paz y de dignidad.

A los valientes caídos de «Charlie Hebdo» y sus familias, y a toda Francia, la solidaridad y el respeto de las personas libres y honestas. A los terroristas, a los que apoyan y colaboran con ellos, tiene que llegar el mensaje de que la democracia nunca se dejará intimidar por la cobardía y la barbarie.
20150112 Artículo diario informacion J.ASENSI
http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/12-01-2015/INFORMACION/D-DIARIO%20INFORMACION%2012%20ENE%20-%20ALICANTE%20-%20Alicante%20-%20pag%2020.jpg
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/01/12/tolerancia/1586788.html

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Un tiempo nuevo, ajustes necesarios

A medida que se perfilan las próximas elecciones, en medio de la crisis, los partidos tratan de organizarse en lo que, desde todos los puntos de vista, será un punto y aparte de lo conocido hasta ahora. Esto afecta principalmente a los dos grandes partidos y, si me apuran, dadas las peculiaridades en su manera de organizarse, con más tensiones y dificultades por lo que se refiere al PSOE.

El punto débil del PSOE radica en el aún no consolidado liderazgo de Pedro Sánchez, un requisito imprescindible para que los socialistas remonten en las encuestas. A pesar de que Pedro Sánchez es el primer Secretario General que emana de unas primarias abiertas, un hito en la historia del partido (y un ejemplo para los demás), su liderazgo sigue cuestionado por las reservas mentales que todavía afloran por parte de Susana Díaz, una lideresa con mando en plaza, aunque vinculada a la manera tradicional de hacer las cosas.

El hecho de que Susana Díaz no haya mostrado todavía sus cartas, y no haya dado su apoyo decidido a Pedro Sánchez como candidato a las elecciones generales, puede deberse a su intención de reservar su propia candidatura a la vista del resultado de las elecciones locales y autonómicas que se convocarán en el próximo cuarto domingo de mayo. Pero este sería un cálculo interesado y equivocado si tenemos en cuenta que Pedro Sánchez y el PSOE no han tenido tiempo suficiente para trasladar a la esfera local el cambio que aquél encarna. Y no hay que olvidar a la derecha, interesada en airear la dualidad y la confusión en las filas socialistas.

Aunque la situación no es la misma en todas partes, perviven todavía demasiados vicios y un infecundo anquilosamiento del partido en ciudades y áreas locales concretas que pueden lastrar el resultado en este caso. Pensemos, por ejemplo, en Alicante, donde es evidente que se arrastran desencuentros –si no una verdadera batalla– entre un grupo municipal dividido y el partido, una situación, por desgracia para el PSOE, no resuelta, al margen de que siguen perviviendo esquemas de funcionamiento ya conocidos que han degradado la imagen del partido, entre ellos, una política de fichajes de elementos próximos al PP, en abierta contradicción con la estrategia que impulsa a nivel general el propio Pedro Sánchez.

Susana Díaz (y algunos otros barones), por otra parte, está en medio de una contradicción que no le deparan buenas cartas para disputar a Pedro Sánchez la candidatura en las elecciones generales, que es donde se va a dar la madre de todas las batallas. Dado que Susana Díaz es inédita en apoyo electoral directo, y dado que, como digo, no puede obtener réditos de un fracaso en las elecciones locales, la vía de adelantar las elecciones autonómicas en Andalucía tampoco le proporcionaría ventajas, pues la mantendría vinculada a la gobernabilidad en la región, sin opciones para preparar su salto a la política nacional.

Analizando la situación fría y objetivamente, la mejor opción que tiene el PSOE y, en mi opinión, la única que puede hacer que el partido remonte en apoyo popular, es un cierre de filas en torno a Pedro Sánchez y a los objetivos que persigue. El Secretario General ha dado muestras efectivas de que, realmente, el partido socialista ha inaugurado un tiempo nuevo, con equipos mucho más eficientes, y con una más que sobrada capacidad para abrirse a reivindicaciones sociales que no esperan, para introducir la decencia en las instituciones y para dar la vuelta a la paralización de España.

Sería de desear, no obstante, que el mismo impulso que Pedro Sánchez representa, y puesto que el desafío que tiene por delante se concreta en las próximas elecciones locales, tuviera muy en cuenta la necesidad de presentar en las grandes ciudades y municipios, líderes y equipos coherentes, transparentes y alineados con la política que el PSOE está desplegando a nivel federal. Ajustes necesarios para encarar un tiempo nuevo.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/12/22/tiempo-nuevo-ajustes-necesarios/1581196.html

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Concurs per a la publicació d’un treball d’investigació o tesi doctoral finalitzat o defensada durant l’any 2014

Concurs per a la publicació d’un treball d’investigació o tesi doctoral finalitzat o defensada durant l’any 2014. [2014/10623] (pdf 179KB)
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/20/pdf/2014_10623.pdf

Concurso para la publicación de un trabajo de investigación o tesis doctoral finalizado o defendida durante el año 2014. [2014/10623] (pdf 179KB)
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/20/pdf/2014_10623.pdf

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Hacia un estado policial

Como bien se sabe, y vengo reiterando a menudo, la salud democrática de una sociedad se refleja en unos cuantos índices o termómetros especialmente relevantes. Uno de ellos es el espacio de las libertades fundamentales que la Constitución consagra, y más concretamente, la salud de libertades tales como las de reunión y manifestación.

Como se temía, el Congreso de los Diputados, a impulsos del Gobierno y del Ministerio del Interior, ha aprobado en solitario (con el solo voto de UPN) una ley llamada impropiamente «Ley Orgánica de protección (¿) de la Seguridad Ciudadana». Bajo este rótulo se esconde la respuesta represiva del Gobierno de Mariano Rajoy a lo que ha sido –durante estos años de crisis, malestar e indignación de amplios sectores sociales– la protesta ciudadana en la calle a través del ejercicio legítimo de sus derechos. Las distintas «mareas» y las miles y miles de manifestaciones absolutamente pacíficas (sin intervención policial), salpicadas en casos puntuales de previsibles actuaciones de grupos violentos, han servido de excusa para alterar sustancialmente los parámetros constitucionales, instalando un intolerable estado policial.

Haciendo uso de su mayoría absoluta, el Gobierno ha comenzado por incumplir la norma constitucional, cuyo art. 81, sólo autoriza al «desarrollo», mediante Ley Orgánica, de derechos como los citados de reunión y manifestación: Pero «desarrollar» no significa «regular» y mucho menos dotar de carácter orgánico a todo un conjunto de medidas limitadoras de libertades fundamentales, como con todo descaro se establece en las disposiciones adicionales del proyecto aprobado.

Pero esto no es todo. La norma ómnibus en cuestión afecta a principios constitucionales de primer orden, como el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. A partir de ahora, desaparecen las faltas, cuyo enjuiciamiento se reservaba a la autoridad judicial. En su lugar, las sanciones administrativas, instruidas por la policía, cuyo valor probatorio, según esta ley, se presume salvo prueba en contrario, llevará al pago de multas de hasta seiscientos mil euros y obligará al infractor a defenderse ante los tribunales de lo contencioso mediante el pago de las correspondientes tasas. Así mismo, las amplias facultades preventivas y represivas derivadas de los numerosos tipos legales establecidos, dotará a las fuerzas de seguridad de una discrecionalidad desconocida desde la Ley de Orden Público del franquismo. Por otra parte, los supuestos establecidos para la identificación de personas, la responsabilidad subsidiaria de parientes y tutores por actos de menores, «las devoluciones en caliente» de emigrantes, y otros muchos supuestos cuya relación pormenorizada no puede hacerse aquí, no solo vulneran principios bien establecidos de orden constitucional sino normas y tratados internacionales.

En definitiva, la ley atenta, a mi modo de ver, contra dos elementos básicos del Estado Constitucional de Derecho: Primero: la «seguridad», al contrario de lo que expresa la Ley, no es un valor autónomo que cabe contraponer a los derechos fundamentales, sino que son éstos los llamados a delimitar el espacio del orden público. Segundo: se invierte el principio según el cual, en el espacio público, está permitido todo aquello que no esté expresamente prohibido. Ahora, sólo se podrá hacer lo que esté permitido, y lo que esté permitido dependerá de la discrecionalidad.

Las respuestas, lógicamente, no se han hecho esperar. La oposición en bloque ha rechazado la ley, apuntando a la presentación del pertinente recurso de inconstitucionalidad y al compromiso de derogar la ley cuando cambie la correlación de fuerzas del Parlamento (esto es –dicho sea de paso– lo que la Constitución quería evitar en materia de derechos fundamentales: que una mayoría coyuntural, aunque ésta sea absoluta, se erija en legislador constitucional). La ciudadanía, por su parte, tiene su punto de vista acerca de esta ley. En una encuesta de Metroscopia, un 82% muestra su rechazo. Por algo será: no se quiere un estado policial.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/12/15/policial/1578582.html
http://polop.cpd.ua.es/dossierua/index.jsp?status=publicada&date=15-12-2014

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No olvidemos la Constitución

Debido a la crisis, olvidamos a menudo el servicio que la Constitución de la concordia ha rendido a nuestro país a lo largo de tantos años. En un mundo extremadamente cambiante, abierto a la globalización y a formas inéditas de explotación y dominación, la Constitución es una de las escasas anclas que aporta certeza y seguridad. Como en el mito de Ulyses, la Constitución funge como el piloto que tiene que atarse al mástil del barco que va a derecho a estrellarse contra los escollos, atraído por el dulce canto de las sirenas: el único modo de salir victorioso de la prueba.

La verdadera sustancia de la Constitución reside en su capacidad de albergar pactos y de establecer instrumentos que permitan la solución pacífica de los conflictos sociales en un marco de respeto a los derechos de todos, de garantía del pluralismo de las ideas, de participación democrática de la ciudadanía. Precisamente por ello, la Constitución no es un texto meramente declarativo, sino un auténtico «nomos» o background de valores, principios y reglas civilizatorias, cuya misión es prevalecer frente a las veleidades del legislador y los vaivenes de la política.

La Constitución del 78 ha resistido bastante bien, a lo largo de sus treinta y seis años de existencia, las pruebas a que ha sido sometida. Ha atravesado diferentes coyunturas, cambios políticos y sociales, procesos acelerados de modernización; ha sido el bastión desde el que se ha defendido la extensión de derechos, antes impensables, hasta convertir España en una de las sociedades más abiertas del mundo. Por sí misma, la Constitución no ha constreñido ni ahogado el protagonismo de la sociedad civil, ni ha sido la responsable del malestar que hoy atravesamos.

Es cierto, sin embargo, que el paso del tiempo, unido a la crisis profunda que se ha cebado sobre la sociedad española, afectando principalmente a los sectores más vulnerables, debe llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de efectuar determinados cambios con el fin de restablecer su plena normatividad, de manera que nos dotemos de los necesarios instrumentos para afrontar, tanto los problemas acuciantes del presente, como los retos de futuro.

El problema más inmediato es restablecer el pacto social, un emblema de la Constitución que ha sido vulnerado por años de políticas neoconservadoras, dentro y fuera de España. Propuestas como contrarrestar la nefasta reforma del artículo 135, mediante el reforzamiento de las garantías constitucionales del Estado Social (salud, educación, pensiones, dependencia, reparto justo de las cargas, etc.), es la condición para alcanzar y mantener la paz social.

También el pacto territorial, firmado en la Transición, amenaza con saltar por los aires a consecuencia del desafío soberanista en Cataluña. Dejar las cosas como están, sin hacer nada, nos conducirá inevitablemente a un escenario catastrófico de incalculables consecuencias, incluida la destrucción del entero orden constitucional que sustenta la razón de ser de España como Estado. La oportunidad de una reforma del modelo territorial, que no es otra cosa que llevar a la Constitución muchos de los avances ya existentes en los Estatutos de Autonomía, completados con algunas reformas institucionales que aseguren el respeto a la diferencia y a la solidaridad, es una operación urgente, que requiere de audacia y sentido de Estado.

España está inserta en Europa, pero la dinámica europea, impulsada por grupos de interés no responsables, por una burocracia al servicio de sus mandantes, sean multinacionales o tenedores de deuda, amenaza con hacer imposible el sueño de una Europa verdaderamente integrada política y socialmente, que haga honor a sus valores. Se echa en falta en Europa un verdadero partido constitucionalista; pero en todo caso, la Constitución debería reformarse para, por una parte, impedir que la dinámica europea altere por la puerta trasera nuestro modelo democrático y social de Estado y, por otra, para avanzar hacia la plena constitucionalización de la propia Europa.

Hay por último ciertos defectos de origen en la Constitución del 78 que han permitido el deterioro de las instituciones y su colonización por los partidos políticos. Reforzar las instituciones, haciéndolas más transparentes y eficaces, es una cuestión que debe resolverse mediante el acoplamiento de éstas a las exigencias de una sociedad que reclama nuevas formas de participación y de comunicación.

Dentro de este marco, las fuerzas políticas son las que tienen que llevar adelante sus propuestas y sus programas por procedimientos democráticos. Éste es el espacio que queda abierto a las diferentes opciones políticas, pues la sociedad abierta es una sociedad conflictiva. Estos días, que conmemoramos la Constitución de 1978, es una buena ocasión para hacer balance; para no olvidar su legado y para actualizar responsablemente sus contenidos de cara al futuro.
Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/12/08/olvidemos-constitucion/1576108.html

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