Hoy, en ciertos círculos, se pone en solfa la Transición española que culmina en la Constitución de 1978, y que ahora se pretende identificar con lo que llaman casta y cosas así. No se acaba de entender que la verdadera transición que estamos atravesando, y que está determinando realmente la situación de España y de su futuro, es la transición globalizadora.
La Transición española de 1978 puede que no fuera perfecta, pero trajo consigo la creación de las reglas básicas de convivencia que, a diferencia de otros experimentos de la Historia, ha permitido la expresión democrática del pluralismo, el respeto a un marco exigente de libertades y derechos, y la articulación territorial de España sobre la base del reconocimiento de amplios poderes de autogobierno a los distintos territorios. Ello no significa que no haya aspectos que cambiar o reformar, pero la mayoría de tales posibles cambios tienen que ver (como ya ocurrió con la nefasta reforma del art. 135 de la CE) con la presión que viene de fuera, en este caso, por la procedente de la UE y de los mercados financieros, enloquecidos por obtener ganancias especulativas.
La transición globalizadora no es cosa de hoy o de ayer. Se trata de un fenómeno que tiene más de dos siglos, si bien la vanguardia del proceso está encabezada actualmente por el capital financiero que, a su vez, ha provocado la crisis más letal desde 1929, cuyos efectos son bien conocidos: la erosión de la soberanía de los Estados, particularmente de los integrados en la UE; la pérdida de control de los principales instrumentos de gobernabilidad, transferidos a instancias europeas: la destrucción de los derechos sociales a consecuencia del desempleo, el injusto reparto de las cargas y las medidas que priorizan los intereses de sectores privilegiados. Y, sobre todo ello, la percepción generalizada de que no hay un proyecto de futuro a la vista.
Se produce así la deslegitimación del marco constitucional propio sin que se haya creado en su lugar, como podría ser la UE, una estructura de integración supranacional que asuma verdaderamente las reglas, principios, valores y políticas de una auténtica constitución democrática y social. Hay que recordar que la UE nació con la pretensión, en su primera etapa, de garantizar la paz en Europa y, más recientemente, de fungir como un actor capaz de intervenir eficazmente en el escenario global. Pero en la situación actual, ni el segundo objetivo se ha logrado, ni el primero de ellos está asegurado.
Como ya ocurriera en episodios anteriores de la historia europea, las reacciones de las sociedades ante el bloqueo existente no se han hecho esperar: el repliegue hacia lo local, bajo la forma de los diferentes hiper-nacionalismos y populismos, la tentación de la refundación de los Estados y de la Constituciones (como si éste fuera el verdadero problema), o la proliferación de las políticas de la sospecha a la caza de chivos expiatorios. Frente a ello, lo cierto es que la percepción actual de Europa, abstraída y lejana al sentir de la ciudadanía, no ofrece precisamente un panorama alentador.
Y sin embargo, las alternativas son cada vez más nítidas y más urgentes: o reformar la UE, fortaleciendo sus instituciones y orientando sus políticas a la satisfacción de necesidades sociales, o el desmembramiento de la experiencia europea para caer de nuevo en el localismo nacionalista y populista, en el mesianismo y en el sálvese quien pueda.
Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/10/06/transicion/1552714.html
Leo en el diario «Público» un artículo firmado por mi admirado Vicenç Navarro, reputado politólogo y fecundo articulista, oficio éste en que se desempeña con singular claridad, a propósito de la cuestión soberanista y del «derecho a decidir», que, según él, corresponde ejercer a una Nación como la catalana.
Vicenç Navarro nos viene a decir que el «derecho a decidir» se apoya, por un lado, en razones democráticas, y, por otro, como reacción al nacionalismo españolista, un nacionalismo integrista y reaccionario que si bien se manifiesta de manera prepotente en la derecha española se habría apoderado de la izquierda, especialmente del PSOE, un partido que habría renunciado a su tradicional defensa de un modelo plurinacional y federal para España, para abrazarse, poco más o menos, a las mismas tesis que la derecha conservadora.
Para ejemplificar tal evolución, Vicenç Navarro contrapone la figura de Pascual Maragall, a quien concede la grandeza de haber intentado el acomodo de Cataluña en España, mediante el impulso de la reforma estatutaria de Cataluña (frustrado, según él, por el Tribunal Constitucional), a la figura de José Bono, quien vendría a representar, creo entender, el espíritu actual del nacionalismo español del PSOE. Para sostener su discurso, Vicenç Navarro se refiere a la Constitución española de 1978 como una especie de fraude impuesto en su momento por el Rey y el ejército con el fin de someter y hacer callar para siempre las legítimas aspiraciones de Cataluña para decidir su destino como Nación.
Como pensador de izquierdas, es de agradecer que Vicenç Navarro no apele a vidriosas cuestiones históricas, siempre sujetas a interpretaciones interesadas, ni a otras cuestiones poco objetivables, como el «sentiment», que si bien es un motivo respetable, con incidencia en el plano político, no es desde luego el mejor argumento para sostener, sobre bases racionales, ni el «derecho a decidir» ni el subsiguiente derecho de autodeterminación. Tal vez habría que reprochar si acaso a Vicenç Navarro la elusión de un análisis más profundo sobre el significado del nacionalismo en general que, como él bien sabe, ha estado tradicionalmente vinculado a los diferentes proyectos hegemónicos de la derecha, tal como también sucede ahora, en el proyecto puesto en marcha por el secesionismo catalán.
Al margen de las posiciones políticas o subjetivas de personajes como Pascual Maragall o José Bono, discrepo de Vicenç Navarro en cuanto al significado que éste da a la Constitución española de 1978. Porque la Constitución, lejos de ser el fraude a que él se refiere, lo que refleja precisamente, en su estructura objetiva, es un nacionalismo español débil, compatible con un derecho a la autonomía de nacionalidades (o si se quiere, de naciones) concebida con una amplitud tal que no tiene precedentes, ni en la historia de España (y de Cataluña) ni probablemente en ningún otro país, lo que incluye a muchos estados llamados federales. Hay que recordar que la Constitución, en este punto, reflejó un pacto territorial, un pacto al que se sumaron las fuerzas de izquierda y el propio nacionalismo catalán, y que a lo largo de treinta y cuatro años ha elevado la autonomía de Cataluña a un rango del que nunca disfrutó –ni siquiera soñó– desde la época moderna. Por otra parte, la Constitución no es un texto intangible, sino que cabe hacer en ella cambios y ajustes.
Discrepo también del concepto vaporoso de democracia que emplea Vicenç Navarro. El concepto de democracia narcisista –que en ocasiones se enarbola– en el sentido de que la mayoría lo puede todo y sobre todo, no es compatible, a mi modo de ver, con la esencia de la democracia constitucional. La decisión democrática, configurada de forma más o menos arbitraria, no puede, por ejemplo, vulnerar la esfera indecidible de los derechos fundamentales o servir de justificación para erradicar el pluralismo político. Sobradas experiencias históricas tenemos para saber que mediante un ejercicio aparente de democracia accedieron al poder partidos que tenían como objetivo, precisamente, erradicar la democracia. De igual modo, el «derecho a decidir», antesala, en este caso, del derecho de una parte del territorio a autodeterminarse, tiene también sus límites: por definición, no puede encontrar amparo en cualquier Constitución democrática, como es la española, cuya función esencial es garantizar el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, y no sólo de una parte de ellos; así como tampoco puede encontrar amparo en el Derecho Internacional, ya que Cataluña no es, por supuesto, un territorio colonial u ocupado, sino más bien uno de los territorios más ricos y prósperos del conjunto de España.
Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/29-09-2014/INFORMACION/D-DIARIO%20INFORMACION%2029%20SEP%20-%20ALICANTE%20-%20Alicante%20-%20pag%2019.jpg
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/09/29/derecho-decidir/1550244.html
Es una mala noticia que el máximo órgano de los socialistas españoles haya decidido que no habrá primarias abiertas para designar a sus candidatos en las próximas elecciones municipales. Dada la situación extremadamente fluida y problemática en que se encuentra el PSOE, el llamamiento a la participación de la ciudadanía en la elaboración de las listas, además de signo de apertura y de confianza en la ciudadanía, podría haber tenido efectos movilizadores.
Yo mismo, hace algunos años, no era muy partidario de esta fórmula de primarias, ya que creía que el modelo tradicional de partido, en el caso del PSOE, preservaba la identidad del proyecto; pero tras el agua que pasó bajo los puentes, a la vista de los errores cometidos, del distanciamiento de los partidos de los electores y de la clara demanda de éstos de abrirlos y hacerlos más participativos, he de admitir que la celebración de primarias abiertas es ya un proceso insoslayable y a todas luces necesario.
Ocasión perdida, pues, porque una vez confiada la selección de candidatos/as al voto de unos pocos cientos de militantes –caso de Alicante, por ejemplo– éstos actuarán de manera previsible, es decir, de la manera menos estimulante. De hecho, contradictoriamente; porque si por una parte se elige por primarias abiertas al líder máximo, por otra se deja la nominación de personas que deben mostrar liderazgo en ciudades importantes, al designio de los aparatos que, en no pocas ocasiones, han perdido el contacto con la ciudadanía.
La tendencia de todos los sistemas democráticos del mundo –bajo cualesquiera fórmulas– se cifra en reforzar y destacar las cualidades y los aspectos personales de los candidatos con el fin de conseguir las tan necesarias empatías. Este es un signo de los tiempos. La ciudadanía reclama, no tanto palabras y promesas abstractas, conceptos que sólo cobran sentido para los de la cofradía, sino personas identificables por su cercanía, por su capacidad y competencia para ser reconocidas como interlocutores fiables.
La situación política de España y de todo el entramado institucional que procede de la Transición se encuentran en estado convulso. Uno de los factores, si no el principal, responsable de este estado de cosas, es el papel que han jugado y juegan los partidos. Si en los tiempos que siguieron a la Transición tal vez fue necesario concentrar el poder en los partidos para fortalecer la incipiente democracia, en los tiempos actuales, caracterizados por la crisis, la desigualdad, la desconfianza en las instituciones y el reclamo de mayor participación de la ciudadanía en la definición de los objetivos y en modo de gobernar, los partidos cerrados, jerárquicos y opacos tienen poco que hacer.
Tal vez algunos piensen que esta situación les favorece. Son quienes prefieren no cambiar nada y que el control que detentan en las viejas estructuras les puedan permitir seguir ganando asambleas aunque sea a costa de perder elecciones, y lo que es peor, de dilapidar el crédito ante los electores. Creen que la marca, los caminos trillados y la mera contabilidad de los votos que controlan es suficiente para seguir tirando y mantener cuotas menguantes de poder, útiles, únicamente, para colocar allí a sus mantenidos.
Un ejercicio de transparencia y de búsqueda del apoyo ciudadano, como son las primarias abiertas, tiene toda esta serie de efectos benéficos, a los que hay que añadir que es un instrumento más para extirpar, de una vez por todas, los quistes de corrupción que anidan en las organizaciones en que el oxígeno no entra.
Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/09/22/hay-primarias/1547762.html
Cuando hace poco más de un año, la Troika (FMI, BCE y Comisión Europea) aplicó durísimas medidas de austeridad a Grecia, que incluían la posibilidad de privatización del Partenón, la cuna de la idea de democracia, Günter Grass, el gran novelista y Premio Nobel, publicó un bello poema titulado «La vergüenza de Europa», que causó enorme revuelo en Alemania. Algunos versos se reproducen a continuación:
«–Próximo al caos, por no ajustarse al mercado, estás lejos de la tierra que fue tu cuna.
–Lo que buscaste con el alma y te sirvió, lo descartas ahora valorándolo como chatarra.
–Puesto en la picota como deudor desnudo, padece un país al que era común reconocer gratitud.
–¡Bebe de una vez, bebe! Grita la claque de los comisarios, pero Sócrates te devuelve furioso el vaso lleno hasta el borde.
–En coro maldecirán los Dioses, cuyo Olimpo expropiar exiges, lo que te es propio.
–Sin alma te marchitarás, sin el país cuyo espíritu a ti, Europa, te concibió».
Se enfrentan aquí dos visiones, dos filosofías y dos Premios Nobel, Günter Grass y la propia Unión Europea, que también fue galardonada en 2012 con el de la Paz, aunque la gente se pregunte si ésta última lo merecía, cuando ofrece una imagen tan poco convincente.
Lo que Europa debe a Grecia –que obviamente, como país, tiene que hacer esfuerzos reformistas y construir una administración fiable– es mucho más de lo que Grecia debe a Europa, es decir, a sus principales bancos. Y lo mismo se puede decir de España y de otros países del Sur. Como destaca el poema, el deudor ha sido expuesto en la picota –para general escarmiento– y los hombres de negro le fuerzan a que apure la copa de cicuta.
Debe constatarse que la Economía Política ha fracasado estrepitosamente ante la mayor crisis desde que la UE comenzó su andadura. Los múltiples conflictos y posibilidades, y el gran proyecto que Europa supone, han sido reducidos a un esquema brutal que divide y somete a los deudores desnudos a la voluntad de los acreedores (la banca excesiva y fallida), mientras la Alemania de Merkel se limita a dejar hacer y «salir del paso» con el fin de sacar su Euro a flote. Pero ni esto será posible si no cambia el rumbo.
Tan importante es el Euro y la Unión Monetaria como la solidaridad con los países que padecen la crisis más devastadora que se recuerda desde que el proyecto europeo comenzó su andadura. Para su vergüenza, Europa ha dejado caer a millones y millones de desempleados, buena parte de ellos en España. Porque por importante que sea el desarrollo económico, sólo puede entenderse en sentido instrumental, al servicio de una Europa como comunidad de valores.
«Próximo al caos –dice G. Grass–, por no ajustarte al mercado, estás lejos de la tierra que fue tu cuna». Se trata de que los mercados se sometan a la democracia, de mercados conformes con la democracia y no de una democracia conforme con los mercados. Éste y no otro es el camino.
Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/15-09-2014/INFORMACION/D-DIARIO%20INFORMACION%2015%20SEP%20-%20ALICANTE%20-%20Alicante%20-%20pag%2032.jpg
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/09/15/verguenza-europa/1545370.html
(O cómo frenar la ofensiva conservadora en las elecciones locales)
El retraimiento, esto es, la negativa a participar en unas elecciones en las cuales las reglas del juego están trucadas, son inequitativas o, simplemente, las impone uno de los actores en beneficio propio (convirtiendo la ley en un instrumento al servicio de su interés particular), es la respuesta más coherente que se puede dar. Porque participar en tales condiciones es legitimar la ley injusta. No participar significa denunciar la farsa y oponerse a la mayor de las perversiones de la democracia.
Tenemos ejemplos sobrados en la Historia, desde el retraimiento de los plebeyos en Roma, que se retiraban a la colina del Aventino para denunciar las leyes injustas de los patricios, hasta los episodios que tuvieron lugar en España a lo largo del siglo XIX, los cuales demostraron que los manipuladores –usualmente los partidos conservadores– acabaron perdiendo la partida.
A nadie se le escapa que la propuesta del PP de cambiar las reglas de las elecciones municipales para investir como alcalde al primer candidato de la lista más votada, disfrazada bajo la etiqueta de «medidas de regeneración democrática» (otra perversión del lenguaje), no es más que el intento desesperado del PP para mantener el poder local, del que ha disfrutado con holgura en los últimos cuatro años, en un momento en que se constata el deterioro del apoyo ciudadano a esas siglas, consecuencia del rechazo a sus políticas y a su protagonismo en el clima de corrupción reinante, que seguiría acentuándose de llevar adelante su propuesta. En resumen: Miedo a perder el poder, desafío al voto ciudadano y maniobra autoritaria de un partido al que le importa una higa la desestabilización de las instituciones y la adulteración de la democracia (porque la democracia no es sólo un procedimiento, sino un conjunto de principios, entre los que se encuentran la igualdad, el pluralismo y el respeto de la voluntad ciudadana depositada en el voto).
La mayoría de los grupos de la oposición han manifestado su rechazo al pucherazo que se avecina, de no evitarse a tiempo. Los argumentos han sido expuestos: ruptura del consenso en materia electoral (La ley electoral es el corazón de la democracia), favoritismo grosero a las decadentes opciones del PP, extemporaneidad en el cambio de las reglas del juego, fraude e inconstitucionalidad. Sin embargo, más allá de la protesta, no me parece que las medidas que se están perfilando por parte de la oposición puedan frenar el asalto del PP a las instituciones locales, al no ser verdaderamente efectivas. Se ha hablado de no negociar nada antes de las elecciones (PSOE), de rebelión democrática (IU), de oposición frontal y fraude (UPyD y otros grupos), aunque también hay clamorosos silencios, como el de Podemos, que tal vez piense que son cosas de la casta, cuando es evidente que afecta directamente a la ciudadanía.
Una cosa debe de quedar clara: si el PP alcanza su objetivo habrá culminado el proceso de ruptura de los consensos fundamentales que dieron vida a la Constitución de 1978. A los ataques a las libertades públicas y al estrangulamiento de los derechos sociales, se sumará ahora la adulteración de las reglas de la democracia.
Por tanto, para frenar tamaña involución no queda otro camino que el retraimiento. Un partido como el PSOE, que con sus errores y aciertos ha sido un firme defensor de la democracia constitucional, debería de dar un paso cualitativo y liderar un frente de todos los partidos democráticos cuyo lema sea no participar en la farsa. En el bien entendido de que quedaría liberado, para desarrollar en todo caso su proyecto autónomamente, si dicho frente no llegara a cuajar.
Fuente:
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/09/08/retraimiento/1542865.html
Cuando se habla de cambio constitucional en realidad se está aludiendo a diferentes maneras de entender lo que supone abrir la Constitución, la pieza maestra en el orden político y jurídico, a las diferentes propuestas que surgen de la sociedad. En el concepto de cambio cabe, pues, por una parte, lo que propiamente se entiende por reforma; pero también lo que algunos llaman proceso constituyente.
La principal diferencia reside en que una reforma supone –al igual que cuando se trata de la reforma de una casa, de un modelo, o de cualquier otra cosa– cambios que sirven para actualizar, mejorar o replantear algo ya existente, manteniendo la esencia del objeto. Proceso constituyente, en cambio, alude a un planteamiento ex-novo, que hace tabla rasa del objeto precedente.
Como la perspectiva que se nos presenta parece encaminarse hacia la reforma y no hacia un proceso constituyente, haré algunas reflexiones sobre qué líneas principales, en mi opinión, son las prioritarias.
Creo que habría consenso en sostener que la fórmula actualmente incluida en la Constitución, según la cual el Estado español se define como un «Estado social y democrático de Derecho», no debe ser cambiada. Lo que ocurre es que la cláusula «social» (que tiene un amplio desarrollo en la propia Constitución) ha sido especialmente afectada por la crisis hasta el punto de que la Constitución ha perdido su fuerza normativa en este ámbito. Por tanto, se trata de restablecerla, lo que supone reforzar la parte relativa a los derechos sociales, restituir la vigencia del pluralismo y de la soberanía en materia económica (lo que implica sacar de la Constitución la redacción actual del art. 135) y potenciar los elementos de solidaridad entre ciudadanos y territorios en el conjunto del Estado.
La segunda línea viene determinada por el conflicto territorial que plantean algunas autonomías, especialmente en el caso de Cataluña. La necesaria implicación de toda la ciudadanía en la resolución de esta problemática –desechando la posibilidad de una relación estrictamente bilateral Estado-Comunidad Autónoma– aconsejaría llevarla a cabo en el contexto de una reforma territorial del Estado en un sentido federalizante. Puesto que ya existen mecanismos de tipo federal en el modelo autonómico actual, se trataría de profundizar en estos mecanismos, limpiar el texto de adherencias provenientes de los tiempos de la Transición, establecer un esquema claro de competencias, reforzar los instrumentos de negociación en el reparto de la financiación y reconocer sin ambages los sentimientos de identidad y pertenencia, en el plano cultural, educativo y lingüístico, allí donde éstos son relevantes.
También el proceso democrático ha mostrado en los últimos años un creciente deterioro, debido en buena medida a la colonización de las instituciones –que deben servir al interés general– por parte de los partidos políticos. Esto obliga a un replanteamiento del papel de los partidos para evitar que éstos trasladen a las instituciones de las democracias sus conflictos o sus acuerdos, y para conseguir que la responsabilidad de las decisiones recaiga sobre los propios titulares de las instituciones. Ello obligará a una reflexión profunda sobre la calidad y eficacia del conjunto del marco institucional –incluido el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial– revisar aspectos del sistema electoral para mantener un equilibrio entre representatividad y gobernabilidad, y potenciar la participación de la ciudadanía mediante, entre otras, fórmulas refrendarias y de iniciativa legislativa, con el límite de no convertir la democracia en una democracia plebiscitaria.
La inserción de España en el marco europeo y en la globalización exige algunas medidas que dejen claro que si bien España debe hacer honor a los Tratados y los acuerdos en estos ámbitos no pierda por el camino su propia capacidad de control, es decir, su soberanía. Profundizar en la Unión Política europea no puede hacerse a costa de traicionar el marco constitucional (y esto vale para Tratados en ciernes como el Tratado UE-Estados Unidos).
Naturalmente, quedan en el aire otros muchos aspectos, como las relaciones Iglesia-Estado, una cuestión que cabe perfectamente en un proceso de reforma, o la cuestión de la forma de gobierno monárquica o republicana, que pertenece más bien al ámbito de un proceso constituyente.
Por último, una reforma implica mantener un modelo de Constitución que deje libertad al legislador para llevar adelante sus políticas. Una Constitución-programa, plagada de contendidos de detalle, privaría a nuestro sistema constitucional del valor de pluralismo y convertiría a los gobiernos y los parlamentos en meros ejecutores, con desprecio a las mayorías que se puedan formar en cada coyuntura político-electoral.
Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/28-07-2014/INFORMACION/LINEAS%20DE%20REFORMA.jpg
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/07/28/lineas-reforma-constitucional/1529515.html
El Derecho no nace de lo alto, ni viene al mundo, exclusivamente, por obra de los legisladores o por las resoluciones que dictan los jueces, sino por conjunto de prácticas que se realizan socialmente. A medida que las sociedades avanzan en sentido democrático, el número de actores del Derecho crece, aunque ello no impide que haya sectores sociales y multitud de personas y colectivos a quienes el Derecho existente no les permite ser verdaderos actores, sino más bien seres pasivos, cuyas aspiraciones y expectativas se ven frustradas, no ya por las determinaciones del derecho objetivo, sino también por la manera en que éste se administra.
Pero a lo que voy es que, del círculo de actores jurídicos, desempeñan un papel destacado los propios estudiantes que se forman en las Facultades de Derecho. Los estudiantes no son jóvenes que se limitan a recibir enseñanzas y a rendir cuentas en los exámenes sino, precisamente, personas que adquieren destrezas y conocimientos, al tiempo que aportan nuevas ideas y soluciones jurídicas a los problemas que surgen en la sociedad que les toca vivir.
En este curso se han puesto en marcha los Trabajos de Fin de Grado (TFG) un requisito que los estudiantes universitarios tienen que cumplimentar, para obtener el Grado en Derecho, mediante la presentación de un ensayo jurídico que se somete a un tribunal evaluador.
Debo confesar mi agradable sorpresa al recibir una parte de dichos trabajos, los cuales se distinguen por su agudo sentido de la realidad, por sus planteamientos originales y por explicitar los retos que aguardan al Derecho, un orden en permanente evolución.
Las temáticas presentadas en esta ocasión apuntan a cuestiones de interés: «Las Consultas Secesionistas. Estudio comparado de Cataluña, Quebec y Escocia», de Aitor Capelo Giménez, que estudia las semejanzas y diferencias desde el punto de vista constitucional. «Escraches», de Valeria Pelegrín Naranjo, que trata de incluir este fenómeno en las categorías ius-fundamentales, tales como los derechos de reunión, manifestación y libre expresión. «La Maternidad Subrogada», de Rocío Cholbi Doblado, donde se plantea, ante el vacío legal existente en España, la problemática de la validez de los contratos al respecto. O, por último, «Derecho y Genética: El Cuerpo Humano como Dato», de José Francisco Torregrosa Ruz, referido al peliagudo problema que plantea la reducción del ser humano a puros datos genéticos que luego pueden ser utilizados por los poderes públicos y aprovechados por los privados en el contexto del proceso de mercantilización que afecta a cualquier aspecto de la vida de las personas, en detrimento del derecho a la intimidad.
Como decía, todas estas problemáticas tienen como denominador común la ambición de explorar las fronteras del Derecho e interrogarse sobre las posibles respuestas –nada fáciles de alcanzar, como los citados trabajos delatan– que deben conjugar, en todo caso, la coherencia jurídica con el respeto a los valores y principios éticos que están en juego.
Particular interés ha despertado el trabajo defendido por José Francisco Torregrosa Ruz, tutelado por el Dr. Chofre Sirvent. Amparado en la filosofía jurídica de juristas como Pietro Barcellona, Stefano Rodotá o Romeo Casabona, el autor se adentra en las consecuencias, en los diversos planos jurídicos, de la cosificación del ser humano por la vía de la información genética, hoy disponible en los bancos biogenéticos. Destacaré un párrafo: «El proceso de fragmentación y mercantilización no solo provoca la vulneración de la intimidad genética sino que conlleva también la vulneración de la dignidad y la libertad del ser humano, que deviene incapaz de controlar las injerencias externas sobre su cuerpo. La cuestión es dilucidar si este proceso está produciendo, adicionalmente, la reducción del cuerpo humano a datos. El derecho a la intimidad genética se convierte en una barrera fundamental para impedir estas injerencias: Sin embargo, se muestra ineficaz».
Como se puede deducir, las incógnitas están abiertas, especialmente la de si el Derecho disponible hoy es capaz hacerse cargo de las implicaciones que estas cuestiones plantean.
Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/21-07-2014/INFORMACION/INCONGNITAS%20DEL%20DERECHO.jpg
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/07/21/incognitas-derecho/1527076.html
En el enmarañado debate sobre una hipotética secesión de Cataluña del resto de España se han vertido opiniones de lo más variado. La mayor parte de ellas son de contenido político. Pero a veces, las posiciones políticas tratan de apoyarse en argumentos jurídicos, por lo que es importante clarificar lo que dan de sí los argumentos jurídicos.
El planteamiento general debe ser el siguiente: la regulación de los supuestos de secesión atañe principalmente al Derecho Internacional, un Derecho que debe combinarse con el que emana de la presencia de nuevos actores, como Naciones Unidas, u otros actores regionales integrados, como la UE.
Descartado que Cataluña encaje en el principio de autodeterminación de los pueblos, reservado por Naciones Unidas a los pueblos sometidos a la dominación colonial, no existe en el Derecho Internacional norma alguna que permita la secesión de una parte del territorio del Estado sin el consentimiento del propio Estado, con arreglo en este caso a sus normas internas. Rige aquí el principio de soberanía de los Estados. El caso de Quebec, por ejemplo, no se apoya en el Derecho Internacional, sino en el propio orden constitucional de Canadá. Igual ocurre en el caso de Escocia, cuyo próximo referéndum de secesión está enmarcado en la autorización del Parlamento de Westminster.
El Derecho de la UE, a su vez, es deudor del Derecho Internacional. Como es bien sabido, la UE es un ámbito de integración político-jurídica, lo que quiere decir que los Estados son eslabones de una cadena, y que, por tanto, tienen la obligación de preservar los valores, las responsabilidades y los compromisos establecidos en el momento de su incorporación al club.
Los Tratados de la UE prevén la retirada de un Estado miembro, pero nada dicen de la secesión de una parte de un Estado. Esto supone que, al no existir competencia concreta de la UE para resolver los casos de secesión, ésta corresponde a los Estados, en virtud del principio de atribución.
Lo que sí queda claro es que, en caso de secesión de una parte del territorio de un estado miembro, toda entidad que surja de ese proceso deberá solicitar de nuevo la admisión a la UE, respetando el procedimiento establecido, en el cual la última palabra la tienen todos y cada uno de los Estados miembros.
Volvemos, pues, al principio. El Derecho Internacional no ampara casos de secesión fuera de los supuestos de descolonización, ni mucho menos obliga a los Estados a realizar referenda como el de Quebec o el de Escocia.
En el momento actual, por tanto, todo proceso secesionista que se propusiera en España tendría que pasar por una decisión soberana del conjunto del pueblo español, una decisión que, en términos jurídicos, solo puede realizarse dentro del marco constitucional.
Como el actual marco constitucional no permite el supuesto de secesión ni autoriza la celebración de un referéndum con semejante contenido, sólo cabría esperar a una reforma constitucional que lo autorizase, y en tal caso, la decisión final sólo podría recaer en el conjunto del pueblo español. De no ser así, no estaríamos ante un de reforma del texto constitucional, sino ante una decisión constituyente que rompería con la vigente Constitución. No estaríamos ante la práctica de un derecho de secesión sino ante el hecho consumado de secesión del Derecho.
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/07/14/derecho-secesion-secesion-derecho/1524518.html
