IBEC

Que la Constitución española, como cualquier otra constitución democrática, esté sujeta a cambios y que estos cambios deban sustanciarse por voluntad democrática no quiere decir que la Constitución sea un instrumento inservible que quepa ignorar o dar por amortizado.
Precisamente, frente a las turbulencias del presente, los cambios sociales acelerados y la inconsistencia de los estados, privados en gran parte de su soberanía, la Constitución es el único anclaje seguro para garantizar que el curso de la sociedad se lleve a cabo respetando el pluralismo, la libertad, los derechos fundamentales y los procedimientos democráticos que hacen posible una convivencia en paz.
La Constitución de 1978, una constitución pactada que puso fin a las constituciones de parte, sustentada en un amplio consenso social, ha supuesto un hito en la Historia de España. Gracias a la Constitución, se desplegó un proceso de modernización de España –en todas las esferas, jurídicas, culturales, económicas e institucionales– y se sentaron las bases de una sociedad empoderada de derechos, cuyos frutos llegan hasta nuestros días. No valorar el éxito de una fórmula que ha permitido el mayor desarrollo de nuestras potencialidades como país es desconocer la Historia y la realidad españolas.
Pero es verdad que tanto la Constitución del 78 como otras muchas constituciones de los países desarrollados están aquejadas de una enfermedad, y esa enfermedad consiste en que los procesos globalizadores y el esquema capitalista-financiero que dominan en la actualidad –de lo que es buena muestra la UE– han reformulado los contenidos constitucionales por la puerta trasera.
Dicho de otra forma, el pacto constitucional del 78, que se concretó en la fórmula de Estado Social y Democrático de Derecho, está siendo vulnerado en la práctica mediante el desmantelamiento de sus contenidos sociales. Además de la reforma aplicada al propio texto –como la penosa reforma del art. 135– otros muchos factores inciden en la fractura constitucional, caso de la política legislativa del gobierno conservador, que trata de restringir derechos fundamentales o imponer su moral particular a una sociedad por definición abierta.
La crisis económica, como es bien sabido, ha radicalizado estas contradicciones, haciendo visible que la carga de la crisis recae sobre las espaldas de las clases favorecidas, incluidas las clases medias, saldándose en términos de desigualdad y marginación de amplios sectores de la población.
De manera que tenemos por delante un cuádruple problema que debemos abordar para adecentar la casa: La restitución del pacto social; un pacto territorial que garantice la integración de España como Estado plurinacional y federal; un pacto que garantice la dignidad de las instituciones, gravemente afectadas por la falta de independencia, la corrupción y la ineficacia en su funcionamiento; y un pacto democrático que rediseñe un sistema electoral actualmente injusto y que abra a los partidos políticos a la interacción con la sociedad.
Abordar estos cambios, supone, en efecto, una reforma constitucional. Una reforma que no puede consistir en que el niño se cuele por el desagüe de la bañera. Es decir, que los valores y principios constitucionales que nos hemos dado prevalezcan, así como los elementos sustanciales de la arquitectura constitucional propia de un Estado Social y Democrático de Derecho. Mientras tanto, la defensa de la Constitución, que incluye el respeto a sus reglas de reforma, tiene que ser integral. Defender la Constitución, sí, pero toda ella.

Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/30-06-2014/INFORMACION/LA%20CONSTITUCION%20EN%20EL%20DIVAN.jpg
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/06/30/constitucion-divan/1519497.html

Luis Efrén Ríos Vega, un gran jurista mexicano comprometido con los derechos humanos, se refería días pasados, en un encuentro en la Universidad de Alicante, a «La Bestia», el tren que recorre México de sur a norte en cuyos vagones se hacinan cientos y cientos de migrantes, procedentes en su mayoría de países centroamericanos, en su largo trayecto, erizado de obstáculos, hacia la frontera de EE UU.
Resaltaba Luis Efrén, no ya el ominoso y siniestro muro que divide ambos países, donde miles de personas se dejan la vida perseguidos y cazados como delincuentes, sino la responsabilidad en que incurren las autoridades mexicanas, que hacen la vista gorda ante el gran negocio que supone este tráfico de personas (el billete en «La Bestia» es infinitamente más caro que el mismo viaje en avión, si estas personas lo pudieran hacer). Un ejemplo más de hasta qué punto, en la gestión de los flujos migratorios, se antepone la circulación de las cosas, de los bienes, al de las personas. El dinero, los patrimonios, circulan: las personas no.
En el mundo unos 150 millones de personas se desplazan diariamente en su intento de alcanzar una vida mejor. La mitad, aproximadamente, se dirigen a focos de atracción como Taiwan, Corea, Arabia, Hong-Kong, Singapur, Japón, etc. La otra mitad, procedente del sur, se dirige al norte rico y desarrollado. Es bien sabido que las causas de la migración global son, por una parte, la pobreza (más de mil millones de personas viven en la pobreza absoluta), la desigualdad social (que afecta a todo el planeta: también a España, especialmente, por lo que ya son más los españoles que emigran que los inmigrantes que recibimos) y los desequilibrios demográficos (Europa envejece; el sur se multiplica) y, por otra, los más de cuarenta y cinco millones de desplazados y refugiados que huyen de los escenarios de guerra y de los múltiples conflictos y estados fallidos.
Ante la clamorosa falta de una gestión global de los flujos migratorios –tal vez el fenómeno socialmente más determinante del siglo XXI– y debido al vacío de una política coherente en este terreno, los estados ricos del norte han caído en la tentación de atrincherarse en sus fortalezas como si se estuviera librando una auténtica guerra. Europa, ese continente promisorio que dice respetar y propagar los derechos humanos, ha pasado a ser la campeona del belicismo en materia migratoria, imponiendo una política de sospecha sistemática. Baste señalar que tras la tristemente famosa Directiva del Retorno, también llamada la directiva de la vergüenza, la UE Europea se distingue por haber cerrado a cal y canto las puertas a asilados y refugiados (unos cinco mil en 2013, cuando sólo en Siria se cuentan dos millones y medio de personas entre desplazados y refugiados; en este punto EE UU, incluso, son más generosos: unos cincuenta mil asilados fueron acogidos en el mismo periodo).
Lo más escandaloso del caso es que la UE y los estados que la componen no solo se desentienden de la situación, sino que pisotean las normas internacionales sobre la materia, el derecho internacional de los derechos humanos, y sus propias regulaciones internas, constitucionales y legales. Una traición que refleja la bajeza moral a la que se ha llegado. Y que, por otra parte, alimenta el discurso xenófobo y populista de los numerosos partidos que hacen de la inmigración (sin datos, sin argumentos, de espaldas a la realidad y a los propios interese europeos) el chivo expiatorio perfecto para obtener réditos políticos.
Los casos de Lampedusa y Melilla, los CIE’S (centros ilegales por muchos conceptos) y la política de cerrazón ante la situación de exiliados y refugiados son ejemplos bien elocuentes de la dejación de responsabilidades de que hacen gala los estados europeos y la UE en su conjunto. Ejemplos de perversión ética, de miopía política y de vejación a los derechos humanos. No tenemos aquí una «Bestia» como tal, pero sí una política bestial, acorde con el estado de descomposición jurídica y política que nos caracteriza.

Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/index.jsp?status=publicada&date=23-06-2014
http://www.diarioinformacion.com//opinion/2014/06/23/bestia/1517065.html

Según se puede leer estos días, juristas de diferentes especialidades no se ponen de acuerdo en varios puntos esenciales que se derivan de la abdicación de Juan Carlos I. Esto significa que el tema queda abierto a la interpretación (no sólo a lo que diga el legislador) lo que puede deparar no pocas sorpresas. La controversia se centra en el alcance de la inviolabilidad que se predica del Rey en el art. 56.3 de la Constitución, si ésta se extiende, tras la abdicación, a los actos realizados en su etapa de reinado, y cuál será la situación legal –que no constitucional– a la que queda reducido el anterior monarca una vez operada la sucesión.

Las dudas que se plantean son lógicas, en la medida en que el jurista se ve forzado a encajar un supuesto excepcional –la inviolabilidad del monarca– en un modelo constitucional que se basa en varios principios de alcance general, entre ellos, el de igualdad de todos los españoles y españolas ante la ley, sin discriminación alguna.

En el terreno teórico, la cuestión de cómo explicar que alguien está por encima de la ley, es decir, que es inviolable, y por tanto, que no puede ser sometido a juicio, es desde luego tan ardua e imposible que requiere echar mano de un enfoque teológico. Se dice que así como Dios mueve el mundo sin ser movido, estableciendo reglas para los demás, a las que él mismo no está obligado, así el rey no está sometido a las normas del común y deviene inviolable. De ahí que la apelación al derecho divino de los reyes sea la explicación más socorrida (tal vez la única) en estos casos; lo que equipara al Rey a la figura del dictador, del que se dice –ya desde los tiempos de Sila– que solo responde ante Dios y la Historia, es decir, ante nadie.

Pero aterrizando en la realidad de ordenamientos como el español, la condición de inviolabilidad de la persona del rey se justifica a menudo de manera harto más prosaica: se dice que el Rey es inviolable porque así lo quiere la Constitución, es decir, que por decisión soberana del pueblo se ha establecido una excepción cuasi-divina; lo que es de todo punto imposible, porque el pueblo soberano, al establecer la excepción, ya no sería soberano. Desde este punto de vista, que se prive al Rey de inviolabilidad, como ha propuesto Pedro Sánchez, es tanto como pedir la erradicación de la monarquía.

La cuestión de la extensión de la inviolabilidad del rey divide a los juristas no menos que a los políticos. En España se ha aceptado por los tribunales el concepto de inviolabilidad absoluta del Rey, que abarca tanto los actos políticos (cuya responsabilidad es endosada a los sujetos que los refrendan) como sus actos privados, sean de naturaleza penal, civil, administrativa, etc. Esto explica que se hayan desestimado varias demandas civiles contra él –entre ellas, demandas de paternidad, una de las cuales, de haber resultado favorable al actor, habría otorgado la filiación a un descendiente mayor que el propio Felipe, lo que originaría un lío fenomenal– o incluso de naturaleza penal, como la querella presentada y desestimada por los sucesos del 20-F, en los que, presuntamente, el Rey estaría implicado. Como la causística a que da lugar este cúmulo de contradicciones conduce a un callejón sin salida, juristas especializados en temas monárquicos, como el profesor Torres del Moral, no tienen otra respuesta mejor que la nada, el silencio, es decir, que la Historia le juzgue.

Mientras que en las repúblicas se dan supuestos de inviolabilidad relativa o de inmunidad del Jefe del Estado, que en algunos casos se sustancian mediante el «impeachment», y en otros mediante juicios de responsabilidad o de alta traición, no ocurre así en las monarquías, y aún menos cuando se acepta el concepto de inviolabilidad absoluta (porque esto acerca la monarquía parlamentaria a la monarquía absoluta). En cuanto a si el Rey queda exento, una vez abdica, por actos no políticos realizados durante su reinado o anteriores, la cuestión es discutida: aunque el Gobierno se empeñe en decir que tales actos quedan borrados, muchos juristas afirman lo contrario.

Todo parece indicar que la situación jurídica del padre del nuevo Rey quedará a expensas de una nueva Ley Orgánica (no de un Decreto-Ley u otros instrumentos normativos) que en ningún caso podrá prolongar la inviolabilidad, pues ello atentaría a la regla establecida en el citado art. 56.3 de la Constitución, y es claro el Parlamento no puede usurpar el papel del Poder Constituyente. Un aforamiento, posible desde luego, no blinda al padre del Rey de ser sometido a juicio. Por lo tanto, el tema está abierto y las posibles interpretaciones también.

Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/16-06-2014/INFORMACION/LA%20INVIOLABILIDAD%20VULNERABLE.jpg
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/06/16/inviolabilidad-vulnerable/1514430.html

El próximo miércoles, día 11, va a tener lugar en la Universidad de Alicante un seminario internacional sobre Derechos Humanos en el que participan autoridades políticas y académicas de México junto a profesores españoles de varias especialidades. El motivo es la firma de un convenio que permitirá desarrollar cursos conjuntos de doctorado entre la Universidad de Alicante y la Universidad Pública de Saltillo. El programa de actividades contempla también la exposición de los trabajos que llevan a cabo diferentes grupos de investigación, así como un repaso a los planes de internacionalización de la Universidad de Alicante.
La elección de la problemática de los Derechos Humanos tiene especial importancia en estos momentos, tanto para México como para España.
El agitado siglo XX y el no menos convulso XXI, si bien han dejado un rastro de guerras, conflictos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, registra por otra parte un notable incremento de los instrumentos jurídicos, declaraciones internacionales y regulaciones nacionales en la materia. Y lo que es más importante, se ha producido el crecimiento de una conciencia universal que concibe los derechos humanos como núcleo indecidible, una esfera que debe prevalecer sobre las razones de estado, las políticas de los gobiernos y los intereses económicos. El problema fundamental es que aún estamos lejos de contar con garantías reales y efectivas que impidan las frecuentes violaciones, y que permitan, al tiempo, que el pleno respeto a los derechos humanos, sin discriminación alguna, sea la base de un mundo en el que cada cual pueda desarrollar libremente su vida personal y social.
México, un país con un prometedor futuro, sufre a flor de piel lacerantes violaciones de los derechos humanos, debido fundamentalmente a la pobreza, la enorme desigualdad social existente, el deficiente funcionamiento de algunas de sus instituciones y los estragos que causa la narco-criminalidad. España, que ha podido alardear durante un tiempo de avances en este terreno, experimenta hoy un importante retroceso, debido también al aumento de las desigualdades, la instalación de la pobreza crónica y la ablación de derechos sociales –y aún de libertades y derechos fundamentales– como consecuencia de las políticas económicas que se nos imponen.
Especial interés tiene el capítulo referido a las migraciones, una cuestión que permite medir el grado de compromiso de países que se llaman a sí mismo democráticos con elementales principios éticos y el respeto a sus propias normas. México es país de migrantes y de tránsito migratorio hacia Estados Unidos, un flujo de personas que arroja el balance de miles y miles de muertos en el largo viaje que conduce a un vergonzoso muro de más de mil doscientos kilómetros que se levanta a lo largo de la frontera, y donde, tanto los que no consiguen pasar como los que lo hacen, son tratados como delincuentes.
También en Europa, y desde luego en España, la cuestión migratoria ha derivado en un enfoque policial y criminal que considera al migrante como sospechoso, al que se le niegan los más elementales derechos, vulnerándose incluso las regulaciones internacionales y nacionales vigentes. A pesar de que las migraciones hacia Europa, históricamente, han contribuido al progreso económico durante décadas, en la fase actual se han convertido en objeto de especulación política y económica. Política, porque se apela al miedo al extraño para obtener réditos electorales, mediante la difusión del racismo y la xenofobia. Económica (TINA: there is not alternative), porque se crea la falsa visión de que los recortes de derechos sociales de las poblaciones es racional e inevitable, favorecida por la intrusión de elementos extraños –el migrante– y peligrosos.
Estos son, entre otros, temas a tratar. Encuentros como éste a buen seguro contribuirán a un mejor conocimiento de problemas que compartimos y una reflexión sobre las posibles soluciones.

Artículo del profesor D. José Asensi Sabater publicado en el Diario Información el 9 de junio de 2014.

Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/09-06-2014/INFORMACION/D-DIARIO%20INFORMACION%2009%20JUN%20-%20ALICANTE%20-%20Alicante%20-%20pag%2020.jpg

La abdicación del Rey Juan Carlos cierra un capítulo de la historia reciente de España. Una historia que conviene recordar, porque la monarquía, desde mediados del siglo XIX, ha sido –y es al día de hoy– una institución problemática.

La reinstauración de la monarquía en la persona de Juan Carlos, si bien vino impuesta por voluntad del dictador, adquiere su legitimación efectiva mediante una triple vía: la aprobación de la Constitución de 1978, la intervención en el frustrado golpe de Estado del 23-F, y la normalización democrática que desemboca en la integración de España en Europa.

Las tres vías responden a las circunstancias y condicionantes de la España de la transición. La aprobación de la Constitución incluyó la forma de Estado monárquica, a la que se avino la inmensa mayoría de las fuerzas políticas del momento, incluida la representada por el Partido Comunista. La intervención del Rey en los sucesos del 23-F devolvió la imagen de un Rey comprometido con la democracia. La normalización democrática y el ingreso en el club europeo rubricaron la estabilidad política, un valor que ha primado, durante todo este tiempo, sobre cualquier otro.

Desde este punto de vista, es muy probable que la figura de Juan Carlos sea juzgada generosamente por la posteridad.

Pero la monarquía española carece (a pesar de ser la más antigua de Europa) del anclaje seguro de otras monarquías europeas, basadas en la tradición y el respeto secular de los súbditos. En España, el argumento principal sobre el que se sostiene la monarquía es de carácter utilitario, algo que en sí mismo es un argumento débil, pues oscila merced a los acontecimientos.

El capítulo que se viene a cerrar con la abdicación de Juan Carlos I nos sitúa ante un mar de incógnitas. La sensación generalizada de estar bordeando un fin de ciclo se manifiesta en la sociedad española con una crítica aguda del funcionamiento de las instituciones, la exigencia de mayor calidad democrática, la solución pacífica del conflicto territorial, y la angustiosa necesidad de encarar, como país, un proyecto político nuevo.

Tal vez, en la decisión del Rey de abdicar, haya tenido peso la idea de que el sucesor puede simbolizar esa renovación. Un nuevo capítulo que escribir. Pero hay que advertir que la España de 2014 no es la del 78 del siglo pasado y que, así como entonces la figura de Juan Carlos aglutinó a los principales partidos (que casi se convirtieron en los partidos dinásticos de la Restauración), hoy la monarquía está en el centro de una tormenta que parece atraer sobre sí todos los rayos. La crisis del sistema de partidos, la corrupción y la falta de proyecto, ha hecho revivir a los republicanos de convicción y ha espoleado a otros muchos que vinculan la solución de sus problemas cotidianos a la caída de la monarquía.

No comparto la idea de que se celebre un referéndum sobre la forma de Estado en el actual marco constitucional. No sólo porque no es realista, ya que la llave del referéndum está bien guardada, sino porque no soy partidario de las monarquías plebiscitarias, cualquiera que sea su resultado. La determinación de la forma de Estado, si acaso, tiene su lugar y su cometido precisos en el contexto de un proceso constituyente.

A pesar de la imprevisión constitucional, la sucesión se llevará a cabo mediante la implementación de una Ley Orgánica, que en poco tiempo se aprobará en las Cortes. Quedan, en el plano técnico, muchas cuestiones por esclarecer, especialmente las referidas al estatus del Rey que abdica. Pero en una época de turbulencias la estabilidad de la monarquía no está asegurada. El futuro Rey se puede reinventar, pero la sociedad española está expectante ante el desafío que supone cómo reinventarse ella misma.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/06/03/capitulo/1509430.html

http://polop.cpd.ua.es/dossierua/index.jsp?status=publicada&date=03-06-2014

Sería un tremendo error creer que el éxito electoral de Podemos se debe al estrellato televisivo de Pablo Iglesias: hay otros muchos tertulianos abonados a tiempo completo en tertulias de todas clases, que no tienen el mismo eco ni de lejos.
Tampoco sería correcto señalar que se trata de un movimiento espontáneo, imprevisible, nacido de la nada en poco tiempo. Recordemos que hubo un 15-M no hace mucho y, sobre todo, que la gente de Podemos ha estado trabajando a pie de calle desde hace ya algunos años.
Se sabe, por otro lado, que si las encuestas han fallado en general a la hora de valorar la dimensión electoral del fenómeno Podemos es porque sus antenas y diseños estaban orientados, principalmente, a reflejar una realidad definida desde los parámetros tradicionales. Fallan las encuestas porque estás se mueven en una realidad que ha cambiado, y no lo han detectado.

Y así podríamos seguir. Nadie se debería de extrañar, por experiencia histórica, de que una crisis tan devastadora como la que padecemos produzca consecuencias sociales y alteraciones del estatus quo. Se ha despreciado el hecho de que la presión a que ha sido sometida la sociedad española, con el sufrimiento inducido en amplios sectores, es real y cotidiana. Que la crisis social y política ha sido ocultada sistemáticamente bajo un alud de datos y fantasías macroeconómicas. Que no ha habido un diagnóstico certero de la crisis, por lo que las medidas tomadas en Europa han resultado ser un fracaso estremecedor, condenando a las generaciones venideras a una sociedad sin futuro.
Podemos ha actuado inteligentemente en tres frentes: participación, denuncia y exigencia de responsabilidades.

En cuanto a la participación, porque ha puesto en valor un hecho: que mucha gente no confía en el actual sistema de partidos, al considerar que se comporta como un mero gestor de medidas y estrategias que se toman fuera del marco democrático, tanto en Europa como en España. De hecho, Podemos ha dado un ejemplo de participación, tanto por su dinámica en red, como por la movilización espectacular de personas –sobre todo de jóvenes– dentro de los cauces establecidos.

En cuanto a la denuncia, Podemos ha canalizado la protesta social hablando clarito de los abusos que se cometen. El éxito de comunicación de Pablo Iglesias consiste en que ha enterrado el lenguaje críptico en que se expresan las elites, para verbalizar lo que mucha gente piensa, a saber, que el coste de la crisis la están pagando los sectores medios y bajos, que la desigualdad social crece, que el sistema es incapaz de respetar sus propias normas, mientras las elites viven como en los felices años veinte.

En cuanto a la responsabilidad, el ojo crítico de Podemos no se detiene a exigir responsabilidades a éste o a aquél culpable de la crisis, banqueros concretos o políticos corruptos, que también, sino que pone el acento en las responsabilidades estructurales que se derivan del modelo económico-financiero, fuertemente especulativo, que actúa al margen del mandato democrático.

No cabe duda que la irrupción de Podemos en el panorama político español, como se ha comentado estos días, supone una ruptura que afecta a todos los partidos, tradicionales o no. La mejor lectura que se puede hacer es que, ojalá, suponga un acicate para devolver a los partidos, sobre todo a los partidos de izquierda, a la realidad tal cual es. Podemos vacila entre mantenerse como movimiento, del que hay otras muestras en Europa, o tomar el camino de la institucionalización. En todo caso, pasar de la denuncia a la propuesta, en las condiciones en las que hoy se mueve España, es la prueba de fuego que les aguarda.

Artículo del profesor D. José Asensi Sabater publicado en el Diario Información el 2 de junio de 2014.

Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/02-06-2014/INFORMACION/SI%20SE%20PUDO.jpg

Artículo del profesor D. José Asensi Sabater publicado en el Diario Información el 26 de mayo de 2014.

Fuente: http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/26-05-2014/INFORMACION/D-DIARIO%20INFORMACION%2026%20MAY%20-%20ALICANTE%20-%20Alicante%20-%20pag%2038.jpg