Con el fortalecimiento de las ideas ilustradas en el reinado de Carlos III nos encontramos con los primeros intentos serios por acabar con la tradicional estructura gremial, que apenas había sufrido modificaciones desde los tiempos medievales, y se había convertido en un obstáculo para la creciente protoindustrialización que se estaba experimentando. Basta mencionar las críticas de Campomanes en su Discurso sobre el Fomento de la Industria Popular en 1774.
En el ducado de Gandía, donde el señor mantenía aún grandes privilegios, el trabajo agrícola continuaba siendo el mayoritario, siendo muy reducidos el número de artesanos, y por tanto la relevancia económico-social de los gremios, no encontrando hasta 1703 un reglamento de estos.
Por la documentación enviada al Consejo de Castilla en 1777, conocemos que en la ciudad existían 19 agrupaciones gremiales, tres de ellas relacionadas con el sector de la seda (Gandía era una de las principales productoras de capullos de seda), y el resto a actividades relacionas con la vida diaria de la población (panaderos, carpinteros, carniceros…). Además no se podía abrir ningún negocio sin la previa autorización del señor, a lo que se añade la feroz defensa por parte de los maestros de no perder sus derechos y las escasas rentas que obtenían de su trabajo.
Con este panorama se comprende que, al contrario que en Cataluña o en Alcoy, donde existían gremios con importante presencia económica y social, en Gandía el paso del régimen feudal al capitalista no pudiera ser llevado a cabo por los propios gremios.