Los vigilantes de seguridad podrán grabar con micro-cámaras sus intervenciones

Los vigilantes de seguridad podrán equiparse con micro-cámaras para grabar imágenes y sonidos de sus intervenciones.
La AEPD respondió el pasado 24 de agosto a este requerimiento y entendió que no había impedimentos para su uso mientras no se vulnere el tratamiento de
las imágenes, es decir mientras no haya difusión de las mismas.

En una nota de prensa, un sindicato denuncia que desde el final del estado de alarma y con las nuevas medidas, como el uso obligatorio de mascarilla en el
transporte público, las agresiones a los vigilantes de seguridad han aumentado.
Ante esta situación, el sindicato cree que la grabación de imágenes y del audio de las intervenciones puede ser de “gran utilidad” a la hora de comparecer en sede judicial y
para mitigar este tipo de sucesos.
Para la Agencia de Protección de Datos, el uso de estas cámaras es compatible con la normativa siempre que el acceso a estas imágenes esté restringido a las personas
designadas por el responsable del tratamiento y no a terceros.
La administración explica que si el acceso a los videos se realiza por internet, tiene que haber un código de usuario y una contraseña, que solo sean conocidos por las
personas autorizadas.

Fuente: La Vanguardia

Las 5 incógnitas del 5G en España

El coronavirus lo ha trastocado todo y el despliegue de la tecnología 5G no ha sido una excepción. 

5G

El despliegue de la tecnología 5G estaba previsto para 2020 hasta el punto de que ya en 2019 los fabricantes comenzaron a vender smartphones con esta tecnología. Sin embargo, actualmente hay más incógnitas que certezas:

• Cuándo llegará finalmente?: Tras el parón causado por el estado de alarma, la subasta pública de frecuencias se ha pospuesto al primer trimestre de 2021. En concreto, se subastarán las frecuencias en la franja de los 700MHz, que ahora ocupan canales de televisión TDT. Actualmente, en España existe cobertura 5G en la franja que va de los 3.6 GHz a los 3.8 GHz. Este despliegue mejorará el alcance de cobertura en interiores y complementará las demás frecuencias.

• Cuánto se está invirtiendo?: La implantación del 5G en España requerirá de una inversión de 5.000 millones de euros y el desarrollo de nuevos servicios y productos compatibles que exigirán su propia inversión. Por ejemplo, según estimaciones de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, adaptar las carreteras de la Unión Europea al coche autónomo exigirá una inversión de 10.000 millones de euros. Sin embargo, aunque suponga un esfuerzo inicial, una vez completada la extensión de la red 5G, España obtendría unos beneficios indirectos de 14.600 millones de euros, teniendo en cuenta sólo los sectores de automoción, salud, transporte y «utilities». La Comisión Europea calcula que los sectores donde se desarrolle el 5G obtendrán unos beneficios superiores a los 100.000 millones de euros al año y una importante creación de empleos.

• A cuántas personas llegará?: Para los usuarios de a pie, el 5G mejorará servicios que ya usan a diario, como las plataformas de entretenimiento o los videojuegos por streaming, gracias a su mayor velocidad y menor latencia. Sin embargo, en el sector industrial es donde se verá un salto exponencial y los países que sean más eficientes en su implantación saldrán reforzados. Se prevé que el 45% del total del tráfico que circule por las redes móviles será 5G en el año 2025, por lo que la extensión de la red 5G es primordial para el desarrollo definitivo de la transformación digital de España.

• Qué sectores lo aprovecharán primero?: Aunque  el 5G permitirá el desarrollo de tecnologías incipientes como la conducción autónoma, los primeros sectores que aprovecharán sus posibilidades son aquellos ya consolidados pero que necesitan una menor latencia y una mayor velocidad móvil para seguir desarrollándose. Es el caso de la industria, la logística y el transporte, donde la robotización gracias al 5G mejorará de forma exponencial su capacidad productiva y la prestación de sus servicios. De igual manera, la realidad virtual y aumentada por fin van a poder explotar al máximo sus posibilidades y sectores como el turismo o los juegos en red serán sólo algunos de los beneficiados.

También beneficiará a otras áreas vitales, como la salud? Si pensamos en el futuro más inmediato y en los acontecimientos más recientes que precisan de avances en la medicina y la investigación, la red 5G mejorará la asistencia médica a distancia y permitirá usar el big data como método de alerta ante posibles brotes víricos. Los servicios financieros serán más ágiles y el factor seguridad en las transacciones será uno de los aspectos con mayor perspectiva de desarrollo con el respaldo de la tecnología 5G. Así, serán viables tanto la expansión de Blockchain como la autenticación de la identidad del cliente mediante la transmisión de datos biométricos desde dispositivos móviles.

• Cómo afecta el 5G a la salud? Sigue existiendo el temor a los efectos adversos que pueden tener las ondas que emiten y reciben estas antenas. Sin embargo, la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) ha realizado diversos estudios, avalados por la OMS, en los que concluyen que la radiación de las ondas 5G no es perjudicial.

«Quedar rezagados respecto a otros países en el despliegue de 5G nos hará perder posiciones en digitalización, carrera en la que ahora España ocupa una posición de privilegio por su buen despliegue de fibra hasta los hogares y su buena cobertura 4G. Invertir en estas y otras tecnologías nos permitirá seguir siendo competitivos y reducir el impacto de la crisis».

Fuente: Cuadernos de Seguridad

Septiembre, 2020

Protocolo de actuación ante Ocupaciones Ilegales

La SEGURIDAD PRIVADA colaborará con las FCSE ante la ocupación ilegal

Instrucción  nº 1/2020

protocolo

El texto recuerda que el fenómeno de la ocupación recibe una respuesta diferenciada en el Código Penal en función de si el inmueble constituye o no la morada de su titular. Pero, en base a la jurisprudencia en la materia, la instrucción del Ministerio del Interior subraya que tanto la primera como la segunda vivienda (cuando el morador ocupa el inmueble solo en determinadas épocas del año, como fines de semana o vacaciones) deben considerarse moradas, por lo que cuentan con la misma protección legal.

En ambos supuestos, por lo tanto, son de aplicación artículos 202 y siguientes del Código Penal que recogen el delito de allanamiento. El texto señala que se trata de un delito doloso, de simple actividad y de carácter permanente.

Por tanto, habiendo constatado por cualquier vía un allanamiento, el protocolo establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata al desalojo e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede.

SUPUESTOS DE USURPACIÓN

El protocolo indica en cambio que si el inmueble ocupado no constituye morada, son de aplicación el artículo 245 y siguientes del Código Penal, referidos a la usurpación. En este caso, la intervención de las FCSE es también inmediata y sin necesidad de esperar medidas judiciales si tienen conocimiento de la comisión flagrante del delito. Ahora bien, si no es posible detectar la usurpación en el momento en el que se comete, no es posible desalojar el inmueble salvo con una previa autorización judicial. En esos casos, la víctima debe acreditar la propiedad y expresar su rechazo a dicha ocupación, y será necesario comprobar la ausencia de un título jurídico que legitime la presencia de los ocupantes, aunque sea de manera temporal. Solo entonces será posible solicitar a la autoridad judicial la medida cautelar de desalojo prevista en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PREVENCIÓN Y AYUDA A LAS VÍCTIMAS

El protocolo incluye medidas para mejorar el atestado que debe ser elevado a la administración de Justicia, con el objetivo de facilitar la resolución judicial del conflicto, la restauración a su legítimo dueño del inmueble allanado o usurpado y la reparación de los daños causados.

Asimismo, el protocolo refuerza las acciones encaminadas a evitar la aparición o consolidación de grupos criminales dedicados a la usurpación de viviendas con diferentes fines, entre los que figura el alquilarlas o venderlas a terceros de manera fraudulenta.

COLECTIVOS VULNERABLES

El Ministerio del Interior señala que la ocupación ilegal de inmuebles puede incluir conductas que en ocasiones generan problemas sociales de convivencia con los vecinos de los inmuebles afectados, que de alguna manera se convierten también en víctimas, por lo que la actuación policial debe ir encaminada a la prevención y persecución de estas conductas.

Pero la Instrucción también indica que en algunos casos de ocupación ajena hay situaciones de verdadera vulnerabilidad entre los ocupantes. En estos casos, y sin renunciar a la restitución a su dueño del inmueble allanado, las FCSE ejercerán su papel legal de agente desencadenante de una respuesta ágil por parte de las entidades e instituciones sociales y asistenciales con competencias para paliar dichas situaciones de especial fragilidad.

Esta precaución se aplicará con especial esmero cuando se trate de colectivos como menores de edad, personas con discapacidad o grupos en situaciones de indigencia o extrema necesidad.

El protocolo también prevé medidas de colaboración y cooperación con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, los Cuerpos de Policía Local y con la Seguridad Privada. Asimismo, se establecen medidas de formación y orientación policial, y de seguimiento, coordinación y evaluación.

Fuente: Cuadernos de Seguridad

Más demanda de Seguridad frente a la Okupación

La demanda de seguridad para el hogar crece un 30% debido a la inseguridad ciudadana y la okupación.

La okupación de viviendas se ha convertido en los últimos años en una de las mayores amenazas entre los españoles, sobre todo, en las grandes ciudades.

La Comunidad de Madrid encabeza la lista con mayor okupación de España con cerca de 5.000 viviendas «okupadas». Mientras que Cataluña es la comunidad autónoma española que registró un mayor número de demandas por okupaciones de viviendas en juzgados de Primera Instancia e Instrucción durante el primer trimestre de 2020, un total de 203. Es decir, el 22,6% del total nacional.

 

Debido a la crisis socioeconómica y ahora con el COVID-19, el número de viviendas okupadas ha crecido de manera considerable, generando múltiples problemas para los propietarios y provocando un incremento de la demanda de soluciones de seguridad para el hogar en los últimos años.

Fuente: Cuadernos de Seguridad