Incendio de un coche en la UA

Coche en llamas.

Esta semana, en el carril del acceso principal de la Universidad paró un vehículo del cual estaba saliendo humo por la ventana del conductor, la propietaria de inmediato bajó del coche para ponerse a salvo y avisar al 112.

Avisados los vigilantes de seguridad del Centro de Control, acudieron rápidamente para sofocar el fuego, en esos momentos ya se podían ver las llamas por la ventanilla del conductor. Al parecer el conato fue provocado por un corto circuito en el sistema de refrigeración del vehículo.

Cuando llegaron los bomberos el fuego ya había sido sofocado y controlado.

Día de la Seguridad Privada en la Universidad de Alicante 2021

EL DÍA DE LA SEGURIDA PRIVADA SE CELEBRÓ POR PRIMERA VEZ EN ALICANTE, EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD.

Al acto acudieron diferentes personalidades de la Seguridad pública y privada, así como Vigilantes de seguridad, Directores de seguridad, etc. y también familiares y amigos.

El vigilante Daniel Fernández recibe una mención honorífica el día de la Seguridad Privada en la Universidad de Alicante.

ENHORABUENA DANIEL

La auxiliar Nuria Grau fue la encargada de amenizar el acto cantando tres canciones, entre ellas el AVE MARÍA.

FELICIDADADES NURIA

VARIAS FOTOS DEL ACTO

El sistema de video-vigilancia

La videovigilancia, prueba legítima ante casos de despido independientemente de su finalidad

El conocimiento por parte del trabajador de la existencia de un sistema de videovigilancia es suficiente para que las imágenes grabadas puedan ser utilizadas como prueba en un procedimiento judicial por despido, sin obligación de que la empresa especifique cuál es la finalidad exacta de las cámaras. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en una sentencia con fecha de 21 de julio de 2021.

videovigilancia despidoEsta resolución se fundamenta, entre otra doctrina, en la sentencia del Tribunal Constitucional 39/2016, 3 de marzo de 2016, que rebaja “las exigencias informativas que la empresa debe facilitar al trabajador cuando instala un sistema de videovigilancia”. De hecho, la sentencia de la Sala de lo social del Tribunal Supremo recuerda que el artículo 88.1 de la vigente Ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre) establece que en caso de que se capte “la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos” se entenderá cumplido el deber de informar cuando exista “un dispositivo informativo en un lugar suficientemente visible” y con los datos pertinentes.

Además, debe tenerse en cuenta que el empresario es a quien corresponde aportar las pruebas necesarias para demostrar “la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido” (artículo 105.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social). En ese sentido, el Tribunal Supremo añade que, conforme al artículo 24 de la Constitución, el empresario tiene derecho a utilizar “los medios de prueba pertinentes para su defensa”, es decir, para justificar el despido, en este caso.

Este fallo del Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación interpuesto por la empresa de seguridad Securitas después de que tanto el Juzgado de lo Social número 40 de Madrid como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideraran ilegítimas las imágenes presentadas como prueba ante una demanda por despido. Los órganos judiciales argumentaron que, aunque “el sistema de videovigilancia era conocido por el trabajador por evidente y notorio”, su finalidad no era la de control la actividad laboral y el trabajador no había sido “informado de forma expresa, precisa e inequívoca de la finalidad de la recogida de sus datos personales”.

Sin embargo, la sentencia de 9 de enero de 2018 (López Ribalda I) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que se apoyaban dichas resoluciones fue posteriormente rectificada y corregida por la Gran Sala del propio TEDH. Es por ello que el Tribunal Supremo considera ahora que “la prueba de la reproducción de lo grabado por las cámaras de videovigilancia era una medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada“, revoca las sentencias anteriores e insta a la celebración de un nuevo juicio en el que se admita la prueba denegada.

En el caso en litigio, el trabajador había firmado autorización tanto a la empresa dueña de las instalaciones donde trabajaba (IFEMA) como a su propia empresa para ceder sus datos personales obtenidos mediante el sistema de vdeovigilancia y almacenados en sendos ficheros. A pesar de que los hechos que motivaron el despido eran anteriores a dicha autorización, el Tribunal Supremo entiende que “lo relevante es que el trabajador conocía la existencia del sistema de videovigilancia” y que “no es determinante que los hechos imputados fueran anteriores a las informaciones y autorizaciones”. De hecho, concluye que la validez de la prueba no impide que la empresa pueda ser responsable en el ámbito de la legislación de protección de datos. Es decir, las imágenes pueden ser una prueba legítima para justificar el despido aunque vulneren la protección de datos.

Fuente: Cuadernos de Seguridad: Por Isabel Fuentes.

Nueve de cada diez españoles se sienten más seguros donde hay vigilantes de seguridad

vigilantes de seguridad

Del estudio se extrae que ha aumentado la sensación de seguridad que genera la presencia de Vigilantes de Seguridad. En concreto, nueve de cada diez españoles (un 86%) se sienten más seguros en los lugares en los que hay Vigilantes de Seguridad, lo que supone un incremento desde el 79% de los que hace cinco años, en la anterior edición, afirmaban sentirse muy seguros o bastante seguros en presencia de estos profesionales.

Asimismo, el estudio, elaborado por Canal sondeo, ha detectado un crecimiento en la percepción positiva del Vigilante de Seguridad, ya que, respecto a 2016, ha aumentado en trece puntos porcentuales, hasta el 75%, los que valoran como buena o muy buena esta figura, mientras que sólo el 3% manifiesta una opinión negativa. Además, aunque para la gran mayoría de los encuestados, el 77%, su percepción no ha cambiado, el 17% reconoce que ha mejorado.

Según el estudio, el 84% de los españoles considera que los Vigilantes de Seguridad contribuyen a aumentar la seguridad ciudadana en general, otro 81% percibe la función del Vigilante de Seguridad como algo necesario y el mismo porcentaje reconoce en estos profesionales a personas a las que se puede acudir en busca de ayuda.

Por espacio en el que desarrollan sus funciones, los Vigilantes de Seguridad de los hospitales y centros de salud son los que obtienen mejor valoración, al ser considerados los más dispuestos y agradables, seguidos de los de bancos y cajas de ahorro (donde se registra la mayor sensación de seguridad), aeropuertos y edificios oficiales.

Vigilantes de Seguridad en el contexto de la pandemia

Preguntados al respecto de la pandemia, solo un 38% de los españoles cree que Gobierno y Administraciones están valorando positivamente el papel desempeñado por los Vigilantes de Seguridad y, en cambio, el 85% considera que los profesionales de la Seguridad Privada que estén en contacto directo con ciudadanos deberían tener acceso preferente a equipos y medidas de protección, como la vacuna contra el COVID.

Además, la práctica totalidad de los encuestados (94%) está de acuerdo en que los Vigilantes de Seguridad tengan competencias en medidas como control de aforos y de distanciamiento social, así como en la medición de la temperatura corporal.

En este sentido, desde la asociación explican que se podría extrapolar su trabajo a los espacios públicos en limitación de accesos o distanciamiento entre usuarios en las redes de transporte o en los supermercados; desempeñar nuevos servicios en sectores especialmente afectados por la crisis sanitaria y que precisen un reforzamiento y mayor visibilidad de sus sistemas de protección, como en el sector turístico, en el de centros culturales y deportivos o en el de la hostelería, y que deberían contar, para poder prestarse eficazmente, con el necesario apoyo legislativo y financiero de las autoridades públicas.

Aprobación generalizada a mayor presencia de Vigilantes de Seguridad

Asimismo, los resultados de la encuesta arrojan una aprobación generalizada a una mayor presencia de Vigilantes de Seguridad, especialmente para disuadir a posibles delincuentes o intervenir en caso de agresión inmovilizando al agresor y reteniendo a los delincuentes hasta la llegada de la policía.

Esta mayor presencia es considerada especialmente adecuada no solo en lugares de gran concurrencia de personas, como centros comerciales, estaciones de tren o autobús (88%), donde actualmente ya hay profesionales de Seguridad Privada, sino también en lugares donde actualmente no están. En concreto, un 75% de los ciudadanos vería oportuno que hubiera Vigilantes de Seguridad en espacios públicos abiertos de gran concurrencia, como paseos, parques o playas; y en calles y zonas comerciales de las ciudades (72%), priorizando en este caso el horario comercial.

En este sentido, el estudio muestra cómo la gran mayoría de los españoles, en concreto un 75%, sigue considerando que en España no hay suficientes vigilantes por habitante y que es necesario asemejar el dato a la media europea. España cuenta con una media de un vigilante por cada 600 habitantes, mientras que en Europa es uno por cada 250 habitantes.

Desde APROSER se señala que “el estudio nos lleva a concluir que, a medida que estamos más familiarizados con la figura y las funciones del Vigilante de Seguridad , más necesarios nos resultan. Nos sentimos más seguros si sabemos que hay uno cerca”.

Una profesión poco reconocida y con margen para mayor protección jurídica

Por otro lado, según el estudio, más de siete de cada diez españoles considera que la profesión de vigilante de seguridad no tiene el reconocimiento social adecuado y está poco valorada. Ambas percepciones han aumentado en el tiempo con respecto a la encuesta anterior. Del mismo modo, se ha ampliado hasta el 63% (desde el 52% anterior) el porcentaje de personas que piensa que los Vigilantes de Seguridad complementan adecuadamente las labores de la policía y la guardia civil.

En cuanto a la protección jurídica, seis de cada diez encuestados (61%) asegura que la ley no protege lo suficiente a los Vigilantes de Seguridad en el desempeño de sus funciones y un porcentaje similar (59%) percibe que la ley ampara más a los presuntos delincuentes.

FUENTE: CUADERNOS DE SEGURIDAD

EGOSURFING: ¿QUÉ INFORMACIÓN HAY SOBRE MI EN INTERNET?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) informa sobre una práctica en materia de ciberseguridad para poder disfrutar de las ventajas de la tecnología a la vez que protegemos nuestros datos privados.
 Es aconsejable realizar esta comprobación periódicamente para asegurar de que nuestra privacidad se mantiene intacta.
El INCIBE informa sobre la manera que tenemos para saber qué información hay sobre nosotros en Internet, haya sido publicada por nosotros o por terceros, de forma legítima o ilegítima.
Consiste en emplear las redes sociales y los buscadores de Internet, como Google, utilizando términos de búsqueda relativos a nosotros, como nuestro nombre, apellidos, DNI, etc., para localizar nuestra información en páginas webs y otras plataformas.
Se trata de una buena praxis que todos deberíamos realizar periódicamente, para saber qué se dice de nosotros, cómo se dice, quién lo dice y con qué objetivo, e identificar posible información que no debería estar publicada y que queramos que sea eliminada.

¿Cómo actuar en caso de encontrar información que no queremos que esté publicada?
En el caso de encontrar cualquier tipo de información que queramos eliminar, como imágenes o datos sobre nosotros, deberemos actuar en función de cómo nos afecte:

 Configurar las opciones de privacidad de nuestras redes sociales.
 Ejercer nuestro derecho al olvido.
 En caso de encontrarnos ante un perfil falso, deberemos denunciarlo a la red social para que lo eliminen lo antes posible.

FUENTE: INCIBE-OSI
UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

 

Día de la mujer en la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante celebra el día de la mujer con diferentes actos on-line, y también con un vídeo protagonizado por la Comunidad Universitaria, con la lectura del manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).

 

VER VÍDEO:

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Evitar accidentes y sanciones cuando conducimos

Buenas prácticas que nos mantendrán alejados de multas y siniestros:

1. Distancia de seguridad: la regla de los 3 segundos

Es habitual ver coches con conductores impacientes pegados a la matrícula del vehículo que se han propuesto adelantar. Es una actitud imprudente que puede costar, además de un accidente, 200 euros y 4 puntos del carné de conducir.

La regla de los tres segundos: el tiempo que se tarda en realizar una frenada de emergencia. Si circulamos a 120 km/h, en tres segundos recorremos algo más de 100 metros. Para asegurarnos, debemos localizar un punto fijo por el que pase el vehículo precedente y contar mentalmente 1.001, 1.002, 1.003. Si al terminar la cuenta aún no hemos alcanzado ese punto, estaremos a una distancia adecuada. Y si la calzada está mojada, deberemos aumentarla algo más.

2. Adelantar a otros usuarios, vayan en el vehículo que vayan

Normalmente, tenemos bastante claro cómo adelantar a otros coches con seguridad. Sin embargo, no estamos tan seguros cuando queremos superar a otros vehículos, como los agrícolas o las bicicletas.

A la hora de adelantar un ciclista, debemos de guardar, como mínimo, una distancia lateral de 1,5 metros y hacerlo a velocidad moderada, para no levantar corrientes que lo puedan desestabilizar. Para ello, podremos invadir parte del carril contrario si es necesario, incluso si hay línea continua, siempre y cuando lo hagamos en condiciones de seguridad. También está permitido hacerlo al superar un vehículo inmovilizado que ocupe parte de nuestro carril o cualquier otro obstáculo.

Sin embargo, no se podrá rebasar la línea continua si se trata de un vehículo agrícola en movimiento, como un tractor. En este caso, tocará esperar hasta que esté permitido adelantar.

3. Circular por el carril correcto, casi siempre, el derecho

Circular por el carril adecuado también nos mantendrá a salvo de riesgos y multas. Según indica el Reglamento General de Circulación, en vías interurbanas con más de un carril por sentido, ocupar carriles distintos al derecho entorpeciendo la marcha de otros conductores es una infracción grave.

Esto se debe a que circular, por ejemplo, por el carril central puede entorpecer los adelantamientos a otros vehículos, estos se verán obligados a realizar varios cambios de carril para efectuarlos y, por tanto, aumentará su riesgo de sufrir un accidente.

4. Respetar los distintos límites de velocidad según la vía

Otro de los puntos que nos llevan a confusión es la velocidad máxima a la que podemos circular por las distintas vías. Esto se debe, en parte, a que algunos límites generales se modificaron a principios de 2019, cuando entró en vigor un cambio en el Reglamento General de Circulación.

La norma general indica que la velocidad máxima en autopista y autovía es de 120 km/h para los coches, mientras que en carreteras convencionales es de 90 km/h. Eso sí, si la carretera tiene separación física entre sentidos de la marcha, esa velocidad se aumenta hasta los 100 km/h. En poblado, las calles de carril único o con un solo carril por sentido cuentan con un límite general de 30 km/h. Las que tienen más de un carril pueden limitarse a 50 km/h. En cualquier caso, todos estos límites se supeditan a la existencia de señales que puedan modificarlos.

Cumplir con las normas de circulación no solo es básico para la seguridad de todos los usuarios de la vía, es también un principio de convivencia que nos facilita a todos una actividad, la conducción, que nunca está exenta de ciertos riesgos.

Fuente: Xataka

Los vigilantes de seguridad podrán grabar con micro-cámaras sus intervenciones

Los vigilantes de seguridad podrán equiparse con micro-cámaras para grabar imágenes y sonidos de sus intervenciones.
La AEPD respondió el pasado 24 de agosto a este requerimiento y entendió que no había impedimentos para su uso mientras no se vulnere el tratamiento de
las imágenes, es decir mientras no haya difusión de las mismas.

En una nota de prensa, un sindicato denuncia que desde el final del estado de alarma y con las nuevas medidas, como el uso obligatorio de mascarilla en el
transporte público, las agresiones a los vigilantes de seguridad han aumentado.
Ante esta situación, el sindicato cree que la grabación de imágenes y del audio de las intervenciones puede ser de “gran utilidad” a la hora de comparecer en sede judicial y
para mitigar este tipo de sucesos.
Para la Agencia de Protección de Datos, el uso de estas cámaras es compatible con la normativa siempre que el acceso a estas imágenes esté restringido a las personas
designadas por el responsable del tratamiento y no a terceros.
La administración explica que si el acceso a los videos se realiza por internet, tiene que haber un código de usuario y una contraseña, que solo sean conocidos por las
personas autorizadas.

Fuente: La Vanguardia

Las 5 incógnitas del 5G en España

El coronavirus lo ha trastocado todo y el despliegue de la tecnología 5G no ha sido una excepción. 

5G

El despliegue de la tecnología 5G estaba previsto para 2020 hasta el punto de que ya en 2019 los fabricantes comenzaron a vender smartphones con esta tecnología. Sin embargo, actualmente hay más incógnitas que certezas:

• Cuándo llegará finalmente?: Tras el parón causado por el estado de alarma, la subasta pública de frecuencias se ha pospuesto al primer trimestre de 2021. En concreto, se subastarán las frecuencias en la franja de los 700MHz, que ahora ocupan canales de televisión TDT. Actualmente, en España existe cobertura 5G en la franja que va de los 3.6 GHz a los 3.8 GHz. Este despliegue mejorará el alcance de cobertura en interiores y complementará las demás frecuencias.

• Cuánto se está invirtiendo?: La implantación del 5G en España requerirá de una inversión de 5.000 millones de euros y el desarrollo de nuevos servicios y productos compatibles que exigirán su propia inversión. Por ejemplo, según estimaciones de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, adaptar las carreteras de la Unión Europea al coche autónomo exigirá una inversión de 10.000 millones de euros. Sin embargo, aunque suponga un esfuerzo inicial, una vez completada la extensión de la red 5G, España obtendría unos beneficios indirectos de 14.600 millones de euros, teniendo en cuenta sólo los sectores de automoción, salud, transporte y «utilities». La Comisión Europea calcula que los sectores donde se desarrolle el 5G obtendrán unos beneficios superiores a los 100.000 millones de euros al año y una importante creación de empleos.

• A cuántas personas llegará?: Para los usuarios de a pie, el 5G mejorará servicios que ya usan a diario, como las plataformas de entretenimiento o los videojuegos por streaming, gracias a su mayor velocidad y menor latencia. Sin embargo, en el sector industrial es donde se verá un salto exponencial y los países que sean más eficientes en su implantación saldrán reforzados. Se prevé que el 45% del total del tráfico que circule por las redes móviles será 5G en el año 2025, por lo que la extensión de la red 5G es primordial para el desarrollo definitivo de la transformación digital de España.

• Qué sectores lo aprovecharán primero?: Aunque  el 5G permitirá el desarrollo de tecnologías incipientes como la conducción autónoma, los primeros sectores que aprovecharán sus posibilidades son aquellos ya consolidados pero que necesitan una menor latencia y una mayor velocidad móvil para seguir desarrollándose. Es el caso de la industria, la logística y el transporte, donde la robotización gracias al 5G mejorará de forma exponencial su capacidad productiva y la prestación de sus servicios. De igual manera, la realidad virtual y aumentada por fin van a poder explotar al máximo sus posibilidades y sectores como el turismo o los juegos en red serán sólo algunos de los beneficiados.

También beneficiará a otras áreas vitales, como la salud? Si pensamos en el futuro más inmediato y en los acontecimientos más recientes que precisan de avances en la medicina y la investigación, la red 5G mejorará la asistencia médica a distancia y permitirá usar el big data como método de alerta ante posibles brotes víricos. Los servicios financieros serán más ágiles y el factor seguridad en las transacciones será uno de los aspectos con mayor perspectiva de desarrollo con el respaldo de la tecnología 5G. Así, serán viables tanto la expansión de Blockchain como la autenticación de la identidad del cliente mediante la transmisión de datos biométricos desde dispositivos móviles.

• Cómo afecta el 5G a la salud? Sigue existiendo el temor a los efectos adversos que pueden tener las ondas que emiten y reciben estas antenas. Sin embargo, la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) ha realizado diversos estudios, avalados por la OMS, en los que concluyen que la radiación de las ondas 5G no es perjudicial.

«Quedar rezagados respecto a otros países en el despliegue de 5G nos hará perder posiciones en digitalización, carrera en la que ahora España ocupa una posición de privilegio por su buen despliegue de fibra hasta los hogares y su buena cobertura 4G. Invertir en estas y otras tecnologías nos permitirá seguir siendo competitivos y reducir el impacto de la crisis».

Fuente: Cuadernos de Seguridad

Septiembre, 2020

Protocolo de actuación ante Ocupaciones Ilegales

La SEGURIDAD PRIVADA colaborará con las FCSE ante la ocupación ilegal

Instrucción  nº 1/2020

protocolo

El texto recuerda que el fenómeno de la ocupación recibe una respuesta diferenciada en el Código Penal en función de si el inmueble constituye o no la morada de su titular. Pero, en base a la jurisprudencia en la materia, la instrucción del Ministerio del Interior subraya que tanto la primera como la segunda vivienda (cuando el morador ocupa el inmueble solo en determinadas épocas del año, como fines de semana o vacaciones) deben considerarse moradas, por lo que cuentan con la misma protección legal.

En ambos supuestos, por lo tanto, son de aplicación artículos 202 y siguientes del Código Penal que recogen el delito de allanamiento. El texto señala que se trata de un delito doloso, de simple actividad y de carácter permanente.

Por tanto, habiendo constatado por cualquier vía un allanamiento, el protocolo establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata al desalojo e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede.

SUPUESTOS DE USURPACIÓN

El protocolo indica en cambio que si el inmueble ocupado no constituye morada, son de aplicación el artículo 245 y siguientes del Código Penal, referidos a la usurpación. En este caso, la intervención de las FCSE es también inmediata y sin necesidad de esperar medidas judiciales si tienen conocimiento de la comisión flagrante del delito. Ahora bien, si no es posible detectar la usurpación en el momento en el que se comete, no es posible desalojar el inmueble salvo con una previa autorización judicial. En esos casos, la víctima debe acreditar la propiedad y expresar su rechazo a dicha ocupación, y será necesario comprobar la ausencia de un título jurídico que legitime la presencia de los ocupantes, aunque sea de manera temporal. Solo entonces será posible solicitar a la autoridad judicial la medida cautelar de desalojo prevista en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PREVENCIÓN Y AYUDA A LAS VÍCTIMAS

El protocolo incluye medidas para mejorar el atestado que debe ser elevado a la administración de Justicia, con el objetivo de facilitar la resolución judicial del conflicto, la restauración a su legítimo dueño del inmueble allanado o usurpado y la reparación de los daños causados.

Asimismo, el protocolo refuerza las acciones encaminadas a evitar la aparición o consolidación de grupos criminales dedicados a la usurpación de viviendas con diferentes fines, entre los que figura el alquilarlas o venderlas a terceros de manera fraudulenta.

COLECTIVOS VULNERABLES

El Ministerio del Interior señala que la ocupación ilegal de inmuebles puede incluir conductas que en ocasiones generan problemas sociales de convivencia con los vecinos de los inmuebles afectados, que de alguna manera se convierten también en víctimas, por lo que la actuación policial debe ir encaminada a la prevención y persecución de estas conductas.

Pero la Instrucción también indica que en algunos casos de ocupación ajena hay situaciones de verdadera vulnerabilidad entre los ocupantes. En estos casos, y sin renunciar a la restitución a su dueño del inmueble allanado, las FCSE ejercerán su papel legal de agente desencadenante de una respuesta ágil por parte de las entidades e instituciones sociales y asistenciales con competencias para paliar dichas situaciones de especial fragilidad.

Esta precaución se aplicará con especial esmero cuando se trate de colectivos como menores de edad, personas con discapacidad o grupos en situaciones de indigencia o extrema necesidad.

El protocolo también prevé medidas de colaboración y cooperación con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, los Cuerpos de Policía Local y con la Seguridad Privada. Asimismo, se establecen medidas de formación y orientación policial, y de seguimiento, coordinación y evaluación.

Fuente: Cuadernos de Seguridad