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Las consecuencias de las protestas de abril de 1766 se dejaron ver en el verano del mismo año, en una serie de acontecimientos que recoge Ruiz Torres en su obra sobre el tema (1979: 104). El 25 de agosto acabaron las obras de un mercado de granos en la villa ilicitana. Más tarde, el 17 de septiembre se dejó total libertad de acceso de aceite y vino; y casi un mes después, el 16 de octubre, se suprimió de forma definitiva el estanco de harina y el derecho de molienda, permitiendo al final a vecinos y extranjeros la introducción y venta de harina. Años más tarde, durante el invierno de 1772, una real provisión abolía el arbitrio de tiendas que capitaneaban los diputados ilicitanos y el propio Duque de Arcos. Este hecho comportó la supresión de los monopolios, provocando casi al instante el descenso de los precios de todos los productos.

La nueva política reformista de finales de siglo promovida por los ministros del estado central, otorgaban éstas y más disposiciones a esa pequeña burguesía que reclamó en ese proceso conocido hoy como el motín de Esquilache. Sin embargo, como bien indica Ruiz Torres (1979: 105), la política reformista concede algunos recortes al intervencionismo municipal, privando al municipio de algunas de sus principales fuentes de ingresos y contentando a esa incipiente burguesía. Sin embargo, los derechos señoriales que impedían también el libre comercio persistirán en el tiempo.

No obstante, las medidas a favor de la burguesía, aunque no fueron todas, tuvieron consecuencias trascendentales para la burguesía ilicitana. En primer lugar, gracias al cese de una parte importante del gravamen, una pequeña capa de comerciantes ilicitanos, que ahora se verán enriquecidos progresivamente, irá engrosando esa pequeña burguesía. Esta nueva burguesía será la que a posteriori luchará contra el régimen señorial de nuevo, especialmente por la desvinculación y desamortización, uniendo fuerzas hasta romper definitivamente con el Antiguo Régimen y convertirse en la oligarquía (compuesta principalmente por propietarios de tierras) que se deja entrever en el estudio del patrón ilicitano de mediados del siglo XIX (Ruiz Torres, 1979: 105 – 106).

A pesar del carácter eminentemente histórico-político de este acontecimiento, creemos que es importante analizar la revuelta acontecida en Elche en marzo de 1766 (al mismo tiempo que en otros puntos de la península) desde el punto de vista administrativo. La razón de este interés radica principalmente en el carácter antiseñorial que adquirió esta revuelta (calificada a priori como un motín de subsistencia) que enmascaraba una realidad añadida que estaba sufriendo el pueblo ilicitano: las excesivas taras e impuestos administrativos sobre los productos comerciales.

Siguiendo a Ruiz Torres (1979: 92), la mala coyuntura económica no estuvo definida únicamente por la crisis cerealista, sino también por la crisis comercial que sufrían las exportaciones más rentables para los ilicitanos: el aceite, la barrila, la piedra salicor y la sosa. Esta recesión venía marcada, principalmente, por el excesivo gravamen de estos productos, impuestos de tipo señorial principalmente, pero también municipal. Por ello, el motín de 1766 era una reacción ante el hambre que estaba sufriendo la población, pero también a favor de un desarrollo comercial libre y sin obstáculos señoriales y/o municipales.

Tanto es así que, prácticamente desde el primer día de la revuelta, las protestas se centraron en la villa contra esos privilegios feudales del señor y del municipio, que constreñían los intercambios comerciales, así como contra los impuestos que encarecían el precio de venta de los artículos y reducían las ganancias comerciales (Ruiz Torres, 1979: 93). Sí es cierto que estas primeras protestas fueron las protagonizadas por la incipiente burguesía urbana, principal afectada por el gravamen de los productos comercializados. Será más tarde cuando se una el grueso de la población afectado, principalmente, por la carestía alimenticia.

En este aspecto, el de las primeras reivindicaciones, la pequeña burguesía reclamaba el cese de impuestos administrativos que hemos visto en otras entradas. Es el caso de las taras sobre el comercio de comestibles; la abolición del carácter monopolístico de las tiendas, tabernas, panaderías, y demás, tanto de la villa como del arrabal; o la famosa Sisa Mayor de la villa o la Aduana del señor, que impedían casi completamente el desarrollo comercial de la Elche del XVIII.