En la primera versión del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible el gobierno ha dispuesto en la disposición final primera un texto que permite el cierre de sitios web sin intervención judicial para proteger los intereses de parte de la industria cultural. Crea una Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual que puede decidir el cierre de un sitio web sin intervención de un juez, y además deja en manos de esta misma comisión el decidir si es necesaria una intervención judicial en caso de que la solicite alguna de las partes implicadas.
Tras el revuelo organizado se ha modificado el texto de forma que se intenta salvaguardar el derecho a la libertad de expresión, presunción de inocencia, tutela judicial efectiva… introduciendo la figura del juez en el cierre de las páginas. Para pedir el cese de la actividad será preciso una autorización judicial aunque el juez no entrará en el fondo del asunto, sino que sólo decidirá si el organismo solicitante es pertinente para pedir la suspensión.
Anteproyecto de ley de Economía Sostenible. D.A. 1ª en las págs. 95-99.
SGAE, Sociedad General de Autores y Editores.
PROMUSICAE, defensora de los derchos de los productores de música.
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”, respaldado por más de 200 000 personas.
Red SOStenible, una plataforma representativa de todos los sectores de la sociedad civil afectados.
“Carta por la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento”, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar la era digital.
“Del intolerable parcheo de un reglamento ilegal contra las descargas ilegales”, por José Ramón Chaves García, juez y profesor de universidad.