Author: Octavio Torres Gomariz

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El motín de Esquilache (II): las consecuencias

Las consecuencias de las protestas de abril de 1766 se dejaron ver en el verano del mismo año, en una serie de acontecimientos que recoge Ruiz Torres en su obra sobre el tema (1979: 104). El 25 de agosto acabaron las obras de un mercado de granos en la villa ilicitana. Más tarde, el 17 de septiembre se dejó total libertad de acceso de aceite y vino; y casi un mes después, el 16 de octubre, se suprimió de forma definitiva el estanco de harina y el derecho de molienda, permitiendo al final a vecinos y extranjeros la introducción y venta de harina. Años más tarde, durante el invierno de 1772, una real provisión abolía el arbitrio de tiendas que capitaneaban los diputados ilicitanos y el propio Duque de Arcos. Este hecho comportó la supresión de los monopolios, provocando casi al instante el descenso de los precios de todos los productos.

La nueva política reformista de finales de siglo promovida por los ministros del estado central, otorgaban éstas y más disposiciones a esa pequeña burguesía que reclamó en ese proceso conocido hoy como el motín de Esquilache. Sin embargo, como bien indica Ruiz Torres (1979: 105), la política reformista concede algunos recortes al intervencionismo municipal, privando al municipio de algunas de sus principales fuentes de ingresos y contentando a esa incipiente burguesía. Sin embargo, los derechos señoriales que impedían también el libre comercio persistirán en el tiempo.

No obstante, las medidas a favor de la burguesía, aunque no fueron todas, tuvieron consecuencias trascendentales para la burguesía ilicitana. En primer lugar, gracias al cese de una parte importante del gravamen, una pequeña capa de comerciantes ilicitanos, que ahora se verán enriquecidos progresivamente, irá engrosando esa pequeña burguesía. Esta nueva burguesía será la que a posteriori luchará contra el régimen señorial de nuevo, especialmente por la desvinculación y desamortización, uniendo fuerzas hasta romper definitivamente con el Antiguo Régimen y convertirse en la oligarquía (compuesta principalmente por propietarios de tierras) que se deja entrever en el estudio del patrón ilicitano de mediados del siglo XIX (Ruiz Torres, 1979: 105 – 106).

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El motín de Esquilache (I): las causas

A pesar del carácter eminentemente histórico-político de este acontecimiento, creemos que es importante analizar la revuelta acontecida en Elche en marzo de 1766 (al mismo tiempo que en otros puntos de la península) desde el punto de vista administrativo. La razón de este interés radica principalmente en el carácter antiseñorial que adquirió esta revuelta (calificada a priori como un motín de subsistencia) que enmascaraba una realidad añadida que estaba sufriendo el pueblo ilicitano: las excesivas taras e impuestos administrativos sobre los productos comerciales.

Siguiendo a Ruiz Torres (1979: 92), la mala coyuntura económica no estuvo definida únicamente por la crisis cerealista, sino también por la crisis comercial que sufrían las exportaciones más rentables para los ilicitanos: el aceite, la barrila, la piedra salicor y la sosa. Esta recesión venía marcada, principalmente, por el excesivo gravamen de estos productos, impuestos de tipo señorial principalmente, pero también municipal. Por ello, el motín de 1766 era una reacción ante el hambre que estaba sufriendo la población, pero también a favor de un desarrollo comercial libre y sin obstáculos señoriales y/o municipales.

Tanto es así que, prácticamente desde el primer día de la revuelta, las protestas se centraron en la villa contra esos privilegios feudales del señor y del municipio, que constreñían los intercambios comerciales, así como contra los impuestos que encarecían el precio de venta de los artículos y reducían las ganancias comerciales (Ruiz Torres, 1979: 93). Sí es cierto que estas primeras protestas fueron las protagonizadas por la incipiente burguesía urbana, principal afectada por el gravamen de los productos comercializados. Será más tarde cuando se una el grueso de la población afectado, principalmente, por la carestía alimenticia.

En este aspecto, el de las primeras reivindicaciones, la pequeña burguesía reclamaba el cese de impuestos administrativos que hemos visto en otras entradas. Es el caso de las taras sobre el comercio de comestibles; la abolición del carácter monopolístico de las tiendas, tabernas, panaderías, y demás, tanto de la villa como del arrabal; o la famosa Sisa Mayor de la villa o la Aduana del señor, que impedían casi completamente el desarrollo comercial de la Elche del XVIII.

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Rentas públicas: municipales

En cuanto a las rentas municipales, cabe primero un breve comentario sobre vida cotidiana en la villa. Los campesinos cubrían las necesidades de los residentes en la villa, llevando sus cosechas y pagando, por ende, el precio por cruzar sus murallas. A cambio, obtenían manufacturas y otros productos que no tienen en sus huertos. Todo este mercado diario está convenientemente regulado y vigilado por las ordenanzas municipales y señoriales, que imponían derechos gravosos que encarecían los productos y permitían la extracción de rentas comerciales por parte de los señores, el municipio y/o los arrendatarios de los impuestos (Irles, 1991: 151).

Muchos aspectos tan cotidianos como el comercio diario estaban completamente institucionalizados y, por ende, estaban sujetos a rentas. La apertura de negocios estaba limitada a la voluntad del municipio y a la posibilidad o no de pagar las correspondientes rentas. La venta de productos también estaba limitada, al igual que todo lo que salía de la villa para comerciarse fuera.

En este último aspecto, destacan dos impuestos: la sisa mayor y el derecho nuevo. Ambos gravaban toda clase de artículos que se introducían, por ejemplo, en la ciudad de Alicante. Estos dos impuestos podían ser arrendados por privados. La sisa mayor gravaba un 2’5% de su valor todas las mercancías, mientras que el derecho nuevo era del 1% (Irles, 1991: 153). No obstante, estos impuestos duraron hasta agosto de 1717, cuando Felipe V ordenó que Elche dejase de administrar estos impuestos para que pasasen a la propiedad de la Real Hacienda. A pesar de la oposición del Cabildo, la superintendencia sentenció en 1718 dicha medida real, suprimiendo estos impuestos.

El 29 de diciembre de 1732, se decretó la suspensión de las alcabalas en Elche, como recoge el Libro de Cabildos de la villa. A partir de este momento, se haría el reparto del equivalente entre los vecinos, pues hasta ese momento sólo se había podido repartir la mitad del impuesto, ya que se consideró que el resto lo cubrían las alcabalas y el derecho municipal de molienda (Irles, 1991: 155). Este último, el derecho de molienda, era susceptible de arrendarse y nos han llegado testimonios de este hecho, recogidos en la obra de M. C. Irles (1991: 155 – 156). Otro arriendo relacionado con la harina era el de las panaderías, un verdadero monopolio que se situaba en la calle de los Árboles y la Puerta de Orihuela.

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Rentas públicas: estatales

El arriendo de rentas públicas puede ilustrar, a efectos teóricos, todo el aparato administrativo de la villa ilicitana. Por ello, en base un excelente estudio realizado por la doctora M. C. Irles (1991), analizaremos los dos tipos de rentas públicas, estatales y municipales, cuyos datos ofrece la documentación de la villa de Elche.

Este arriendo de rentas públicas concede al particular que la compra el derecho a percibir ciertas rentas de carácter público durante un tiempo determinado. Entre los arrendatarios, se percibe una notable presencia de la pequeña nobleza y burguesía urbana, únicos sectores sociales que podían pujar por estas rentas.

Dentro de las rentas estatales, encontramos diferentes tipos. Por ejemplo, el estanco de azogue, solimán y alcanfor es uno de ellos. Hay constancia de uno de esos arrendatarios, José Casa, que es poseedor de las rentas de estos tres productos en Elche, Crevillente, Aspe, Monforte, Novelda y Elda en el año 1719. Además, esta noticia habla de la cesión de José Casa a otras personas de los arriendos de Elda, Crevillente y Novelda por cuatro años. En este contexto, se detallan las cantidades y los precios correspondientes.  Las libras han de ser de 16 onzas y las cantidades se han de sustraer por tercias (de cuatro meses), pagando al contado lo que retirara (Irles, 1991: 148).

Otro ejemplo es el estanco de pólvora, del que disponemos una noticia de alguien llamado Cayetano Muñoz, habitante de Aspe, quien cede el estanco de Elche y otras poblaciones. El tiempo de dicha cesión es de cinco años. Las condiciones de las que habla el documento llevan a pensar en una cantidad de 2000 libras de pólvora consumida en estos lugares en su conjunto (Elche, Biar, Castalla, Onil, etc.). Cada libra de pólvora si pagaría a tres reales, pudiéndola vender a precios inferiores, pero no superiores a dichos reales (Irles, 1991: 149). Para el caso específico de Elche, se establece que el subarrendatario debía despachar todos los años cerca de 1250 libras de pólvora, vendida a 3 reales la libra.

Finalmente, otra renta estatal era el derecho real de la nieve y naipes. Para este caso, disponemos del testimonio de D. Juan Bautista Lavanini, administrados de dicho derecho. En Elche, el arrendatario del derecho de nieve podría cobrar por cada arroba que se consumiera en el término de Elche, un real, teniendo además la obligación de adquirir todos los años sesenta docenas de barajas de naipes, cuarenta finas y veinte corrientes que se venderían a dos reales y tres sueldos respectivamente (Irles, 1991: 150 – 151).

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Las rentas del Marquesado de Elche

Dentro de las cuestiones administrativas, llama la atención el estado de las rentas del dominio directo ejercido sobre la villa de Elche. Dicho dominio no generaba grandes cantidades económicas, como muestran los registros, y era ampliamente superado por la participación en diezmos como por las regalías (Gil y Canales, 1993: 227 – 228).

En total, las rentas del marquesado ilicitano muestran una productividad relativamente baja a mediados – finales del siglo XVIII. Aunque, como hemos visto, se produjo a principios de siglo un aumento de la productividad, no perduró demasiado en el tiempo (como muestra la crisis de los años 60 de este siglo o la de principios de siglo XIX). Ello se debe, en parte, a la ausencia de más parcelas enfitéuticas, presentes únicamente en la tratada colonización de los Carrizales/Bassa Llarguera; además de la gran cantidad de tierras francas.

Este bajo nivel de las rentas del dominio directo es consecuencia de diversos factores, aunque dos son los más importantes: la carencia ya comentada de parcelas enfitéuticas y los bajos réditos de los censos. Estos estaban fijados en 6 dineros/libra para las propiedades de cristianos viejos y de 8 dineros/libra para las parcelas establecidas después de la expulsión de los moriscos (Gil y Canales, 1993: 228).

Como se ha comentado anteriormente, la principal fuente de ingresos para el marquesado era el cobre del terciodiezmo, por la contribución de cultivos como, sobre todo, el olivar, pero también los cereales y la barrilla. Sin embargo, es necesario apuntar que todas las cosechas eran inferiores al décimo, quedando la siguiente proporción, según Gil y Canales (1993: 229 – 231): doceava parte de cereales, treceava de aceitunas y dieciseisava de la barrilla.

Por otra parte, otra de las fuentes principales de ingresos eran las regalías, que englobaban a todos los vasallos ilicitanos e incluían diversos derechos exclusivos, prohibitivos o incluso privativos. Ejemplo de ellos es el monopolio de la pesca en la albufera de Elche; o también el de aduana, que consistía en obrar el 5% del importe del género vendido en la villa ilicitana.

Es decir, la mayoría de los ingresos del marquesado era producto de otros conceptos no relacionados con el dominio directo, sino de diezmos y regalías. Es por ello que, tras la supresión de los primeros y la abolición de las segundas, se explica la crisis económica que atravesó el Marquesado de Elche.

POST 4 Paisaje ilicitano

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La reforma fiscal

Tras los cambios políticos y administrativos, la siguiente prioridad del nuevo monarca Felipe V fue la reforma de la fiscalidad. Varios eran los objetivos de esta reforma, destacando principalmente la equiparación de los impuestos de los distintos territorios de la corona y el control de las haciendas municipales, y de forma paralela la modernización del sistema tributario. Para ello, el monarca necesitaba eliminar un código de leyes que impedía cumplir estos objetivos: el régimen foral de la corona aragonesa.

Una vez eliminado dicho impedimento, la reforma fiscal necesitaba cierta infraestructura sobre la que asentarse. Por ello, se crearon nuevos cargos y se readaptaron las competencias de los ya presentes. Por ejemplo, la gestión de las haciendas municipales y del reino pasó a ser administrada por los comisarios militares. Un nuevo organismo creado en este contexto fue la Superintendencia General de Rentas Reales (1709), cuya función principal era introducir el modelo fiscal castellano con sus respectivos impuestos (como la alcabala, cientos, tercias reales, etc.). Sin embargo, este organismo nunca llegó a funcionar bien, por lo que se buscaron nuevas alternativas. Una de ellas fue la creación de la Intendencia Militar (1711), un funcionario con máxima autoridad provincial en todos los ámbitos (fiscal, financiero, judicial, político, etc.), que recaía sobre el corregidor de Valencia. Este nuevo cargo, reflejo de la preferencia del monarca por la vía militar, tuvo más éxito que el anterior, produciéndose la absorción de la Superintendencia General en 1713.

Sin embargo, la medida que cumplió con el principal objetivo de la reforma fiscal fue la creación del equivalente: una contribución única (pues se eliminaron todos los impuestos anteriores) basada en el rendimiento de las rentas provinciales castellanas, calculándose en proporción con la población del reino. Sin ánimo de entrar demasiado en su procedimiento, sí podemos decir que fue un sistema bastante flexible, siempre que se alcanzase la cantidad estipulada. Los efectos de este nuevo impuestos fueron notables: incrementaron los ingresos reales, al tiempo que se simplificaron los mecanismos de recaudación.

Este impuesto no tuvo demasiada repercusión en el territorio que aquí nos ocupa, pues no fue una medida excesivamente agresiva y tampoco fluctuó demasiado a lo largo del siglo. Sí es cierto que la progresiva inflación provocó que fuese perdiendo valor.

 POST 3 moneda Felipe v

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La nueva administración del XVIII

Como se ha visto anteriormente, la Nueva Planta se tradujo en cambios importantes para la administración de los antiguos reinos aragoneses. El objetivo principal de estas medidas era la subordinación de la Audiencia, así como de los gobiernos municipales, a la autoridad real y el poder militar. Para ello, el nuevo monarca establecerá una serie de cláusulas de índole administrativa que alterarán por completo la situación anterior.

La primera medida fue la degradación de la Chancillería a Audiencia, supeditándola a la voluntad del capitán general. Esta figura, la del capitán, será de vital importancia en este proceso de transformación. Posee una tropa permanente, asentada en los alrededores de su circunscripción, y no tiene que rendir cuentas ante la Cámara de Castilla. Estos dos factores lo convierten en el protagonista principal del organigrama institucional, obteniendo del rey la completa hegemonía sobre su territorio.

Por otra parte, se produjo la conversión de los gobernadores de los distritos militares en corregidores. Estos tenían como función principal la de unir al capitán general con las magistraturas locales, articulándose en una vía de comunicación entre ambos poderes. Los corregidores eran además nombrados por el propio monarca y estaban al margen de las posibles intromisiones de la Audiencia o del Consejo de Castilla. Eran trece los corregimientos que podíamos encontrar en los territorios valencianos: Orihuela, Alicante, Denia, Alcoy, Jijona, Játiva, Montesa, Cofrentes, Alcira, Valencia, Castellón, Peníscola y Morella. Las competencias del corregidor pueden resumirse en autoridad militar, control de la hacienda municipal y del orden público, fijación de precios, responsable del abato de bienes de primera necesidad y, aspecto importante, la delegación de funciones públicas en alcaldes mayores o asesores letrados. Este cargo irá adquiriendo importancia progresivamente, como se ha documentado en la villa de Elche, ante la incompetencia de los corregidores en asuntos jurídicos y el absentismo de estos últimos.

Finalmente, otra pilar fundamental de la nueva administración, producto de los anteriores, es el fin de la autonomía de los municipios. El monarca nombrará a los regidores, de carácter vitalicio, en base a las propuestas de la Audiencia (que serán principalmente oligarcas locales); y por otra parte, los corregidores y alcaldes mayores ejercerán un férreo control de las deliberaciones del gobierno municipal y la gestión de rentas y bienes propios.

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La Guerra de Sucesión: de reino a provincia

Como es bien sabido, la Guerra de Sucesión trajo consigo cambios y consecuencias que afectaron gravemente lo que hoy conocemos como el País Valenciano. El malestar popular fermentado durante años salió a la luz gracias a los partidarios del Archiduque Carlos, que incitaban a la población valenciana a la lucha contra el Borbón y la nobleza, quienes se habían decantado por este último. Sin embargo, el resultado de la contienda significó una derrota colectiva que tuvo como primera manifestación el fin del ordenamiento foral del reino.

Los Decretos de Nueva Planta recogen las medidas que a partir de ahora caracterizarán el territorio valenciano, incluyendo a la población ilicitana. Tras la abolición de los fueros y privilegios, junto con la lógica transformación del reino en provincia, llegó la imposición de leyes, costumbres y administración que regían en Castilla. Todo un paquete de medidas que cambió radicalmente la vida cotidiana de la población valenciana (y aragonesa en general). Teniendo en cuenta la alineación con el Archiduque de gran parte de la población, se instauró un orden público caracterizado principalmente por la ocupación militar, inspirado en el modelo absolutista francés, muy autoritario y, sobre todo, centralizado.

En cuanto a la administración, este nuevo orden se traduce en una administración fuertemente jerarquizada y centralizada, sometida sin ninguna restricción a la voluntad del rey. Además, dado el contexto beligerante valenciano, se implantó un extenso paquete de impuestos fiscales para incrementar los ingresos de la corona. De esta forma, las autoridades locales y territoriales valencianas perdieron todo su poder, asentado principalmente en la autonomía política y, especialmente, financiera que les otorgaba el régimen foral.

A grandes rasgos, esto es lo que aconteció tras la Guerra de Sucesión en todos los reinos aragoneses. Estas medidas fueron impuestas en todos los territorios bajo la corona de Aragón, incluyendo el que aquí nos atañe. Sin embargo, es cierto que, con el paso de los años, algunas villas y ciudades disfrutaron de ciertas exenciones por determinados motivos. Por ello, lo más acertado sería realizar un estudio del contexto de cada población, para comprender mejor cómo se instauró la Nueva Planta. No obstante, este objetivo topa con las dificultades inherentes a la investigación, como es la falta de registros o su dispersión en diferentes archivos.

POST 1 Felipe V

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Economía y vida cotidiana en el Elche del XVIII

Después de observar detenidamente las cifras de la producción agraria, podemos llegar a otro tipo de conclusiones sobre las características de la agricultura ilicitana en el siglo que nos ocupa. Si añadimos además otros datos de índole propiamente agrario, como los cultivos específicos, ganado, etc, obtendremos como resultado una vista general de la economía y vida cotidiana de la Elche del XVIII.

El primer factor que se confirma con seguridad es la preponderancia de la agricultura sobre la ganadería. Los datos disponibles nos permiten confirmar este hecho, con una proporción, planteada por Ruiz Torres (1978: 80), de 1 cabeza de ganado por cada 3 habitantes ilicitanos, de lo que se deduce que tanto la carne como la leche eran productos muy alejados del consumo habitual. En cuanto a los datos para el ganado destinado a la labor, la proporción sería exactamente 1 animal por cada 6 labradores, lo que también explica la abundante oferte de trabajo jornalero en Elche, ya que la fuerza para trabajar el campo era, casi de forma exclusiva, la humana.

Hablando ya de la agricultura, los tres cultivos clave de la economía ilicitana eran la cebada, el olivo y la barrilla. La primera era propia de tierras de secano y el olivo de regadío. Ambas ocupan las tres cuartas partes de los campos de Elche. La barrilla, en menor frecuencia, estaba vinculada también al regadío. El trigo fue siempre muy escaso y se importaba para la minoría que lo consumía.

Sin embargo, también encontramos otros productos agrícolas que eran muy abundantes, sobre todo las palmas y los dátiles, aunque también higos, vid, algarrobas y, especialmente a finales de siglo, almendras. El esparto y el comino, muy populares en otros tiempos, decaen a principios de siglo, mientras que la paja y la alfalfa ganan terreno a mediados del mismo. Los frutales, verduras y algunas legumbres como garbanzos y lentejas nunca dejaron de cultivarse en el agro ilicitano.

Otro dato interesante es la alimentación. Según fuentes de archivo, que hablan de la dieta cotidiana, la alimentación habitual en esta época estaba compuesta por pan de cebada, legumbres, arroz y pescado. Salvo el arroz (que se importaba, pero era más popular que el trigo), los otros tres se producían en Elche y su territorio con abundancia.

 

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La sequía: el problema eterno del campo ilicitano

Como apunta Brotons García (2000: 113), las tierras del campo de Elche eran secanos hasta principios del siglo XX. Como tales, los cultivos allí plantados estaban supeditadas a una lluvia escasa, que cuando llegaba casi no se notaba o inundaba los campos. Si se revisan los datos pluviométricos, puede entenderse hasta qué punto los agricultores ilicitanos estaban condicionados por el régimen meteorológico, pues, como se ha dicho anteriormente, más de la mitad que regaba estos campos procedía de fuertes tormentas que conllevaban torrenteras y aluviones.

Esta adversidad del clima puede rastrearse durante toda la historia del territorio ilicitano, ya sean épocas antiguas y clásicas, como medievales y modernas. En el caso que nos ocupa, trataremos de sintetizar la información disponible para el siglo XVIII. Lo primero que se recoge (Brotons García, 2000: 115) es que estuvo caracterizado por una extrema aridez y sequía. El primer síntoma de ello es el conjunto de casi cuarenta referencias en las Actas de Cabildos a esta sequía, en los que recogen, entre otros, las rogativas realizadas, sacando a los santos a recorrer las calles para propiciar la lluvia.

Pueden establecerse cuatro períodos de largas sequías anuales que afectaron el agro ilicitano:

–          1727 – 1741  (14 años)

–          1763 – 1783  (20 años)

–          1786 – 1789  (4 años)

–          1797 – 1804  (8 años)

Destaca especialmente la segunda mitad de siglo, en la que prácticamente estos períodos de extrema aridez se solapan entre ellos, causando verdaderos estragos en la población. Prueba de ello es una noticia recogida en dicho libro, en la que “…por la pertinaz sequia, principia la migración de gente jornalera y algunos hacendados”

Sin embargo, estos períodos de largas sequías iban unidos de forma inherente con la llegada de fuertes lluvias torrenciales, acarreando inundaciones en los campos, pero también cuantiosos desperfectos en la urbe. Para este siglo, contamos con la referencia de dos de estas lluvias: una el 31 de octubre de 1751, que afectó gravemente al Puente de la Virgen; y otra el 8 de septiembre de 1793, principal causante de la caída de la presa del Pantano de Elche y el casi derrumbe del Puente de la Virgen, por aquel entonces muy afectado aún por las lluvias anteriores.

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El Elche del XVIII que vio Cavanilles

En el año 1791, el por entonces rey de España, Carlos IV, le ordenó al botánico Antonio José Cavanilles recorrer todos los territorios de la corona hispánica para estudiar detalladamente la flora que en ellos habita. Esta ingente labor que tardó en realizar unos cuantos años, tuvo como resultado la obra Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del reyno de Valencia. Con el título ya puede deducirse que Cavanilles hizo algo más que recoger información sobre plantas. A día de hoy, esta obra sigue siendo una obra de referencia para cualquier estudio botánico o paisajístico.

Ciñéndonos al caso que nos ocupa, sabemos que Cavanilles llegó a Elche durante el verano de 1793. Procedente de Aspe, en su obra queda recogida la primera impresión que tuvo de la urbe ilicitana:

“Cuando se perciben las inmediaciones de Elche, y en ellas aquel bosque dilatado de olivos, precedido de tanto campo cultivado; cuando en el centro de los olivos se ve aquella multitud de empinadas palmas que ocultan los edificios y parte de las torres y cúpulas de la Villa más populosa del Reino, es tanta la sorpresa, tan dulce la sensación, que el espectador desea llegar a aquel nuevo país, para conocer a fondo su valor, su hermosura, sus producciones y habitantes, digno todo de ser escrito exactitud”

Cavanilles cuenta cómo las tierras ilicitanas son regadas por las aguas salobres del Pantano, donde se obtiene mucho aceite, vino, trigo, palmas, dátiles y algodón. También señala los problemas clásicos del agro de Elche, entre los que destaca la falta de agua, causante principal de años con escasez de frutos y poco rentables para sus propietarios. Elogia por ello a estos últimos, apegados a sus terruños y que “no se desalientan, porque conocen la bondad del suelo que cultivan, y saben que acudiendo las aguas, les faltaran graneros para guardar el fruto”.

El autor también trata de forma exhaustiva las características de las palmeras ilicitanas, hablando de su reproducción, la variedad de dátiles y cómo éstas se cultivan en los huertos.

Por otra parte, cifra en 20.000 los habitantes de Elche, añadiendo que la población había aumentado en los cuarenta últimos años.

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La colonización de los Carrizales (II)

La séptima condición de la Real Cédula (1748) que regulaba la colonización de los Carrizales, establecía los derechos y condiciones a los que estaban sujetos los enfiteutas: “…por cada cien tahúllas de tierra que se establezcan, ofrece y se obliga vuestro patrimonio (del Duque de Arcos) a dar tres trahullas señaladas en el sitio que elija la persona que (se) establezca para que en ellas pueda formar barraca y criar aquellas legumbres o alfalfa que necesite, al consumo de su casa y caballerías o para los fines que le parezca…” (Brotons García, 2000: 94 – 95).

Por otra parte, el proyecto de colonización de los Carrizales ilicitanos llevaba consigo la construcción de un caserío en la Sierra del Molar destinada al asentamiento de los enfiteutas. La ubicación del mismo quedaba sujeto a la elección del Duque de Arcos y su erección quedaba en manos de los nuevos habitantes. La cédula fijaba la construcción de este edificio en un máximo de tres años, un plazo que no se llegó a cumplir. Las razones de esta demora (Brotons García, 2000: 95) parecen radicar en la posesión de casas de los enfiteutas cerca de estos territorios (o incluso en la misma Elche), por lo que no había un interés apremiante en su construcción, como también manifiesta el tardío inicio (1791) de la iglesia del caserío.

Otro aspecto tratado en la cédula, muy interesante para estudiar la evolución de la agricultura ilicitana, es la variedad de cultivos que podían plantarse en las nuevas tierras por colonizar. Se estipula de forma clara y precisa la obligación de plantar exclusivamente olivares y viñedos, excluyendo bajo todo concepto cualquier variedad de árbol frutal. Sin embargo, estas restricciones se aplican a la mayoría de la tierra cultivable, excluyendo aquellos márgenes más estériles, donde sí podían plantarse “…aquellos arboles frutales que le parezcan de mas provecho, como también álamos blancos, mimbres, …”.

Estos y otros muchos aspectos quedaron estipulados en esta Real Cédula de 1748. Sin embargo, la colonización de los Carrizales fue más dificultosa de lo que pudiese parecer en un principio. Gran parte del tiempo se destinó a las construcciones relacionadas con el riego, como los canales para el riego, drenaje, etc.

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La colonización de los Carrizales (I)

Los Carrizales de Elche, también conocidos como la Balsa Llarguera, se situaban en la zona meridional del término municipal ilicitano. Eran un conjunto de tierras comunales, cuya posesión residía en el señorío real, formadas por un erial freático y pantanoso, cubierto de maleza donde habitaban diversas aves acuáticas y peces. Dado su carácter comunal, estas tierras servían de sustento principal a aquellas personas particularmente pobres, aportando caza menor y pesca.

No obstante, tras la Guerra de Sucesión, el Duque de Arcos, poseedor del señorío ilicitano y favorecido por el resultado de la guerra, consiguió del rey la jurisdicción sobre los Carrizales y la Albufera. En el año 1730, se produjo la correspondiente delimitación de estos territorios, ahora posesión del duque, mediante mojones señalizadores. Años después, más concretamente en el 1748, el Duque de Arcos se hizo, de la manos de Fernando VI, con la real cédula que establecía la colonización de los Carrizales de Elche.

En esta cédula, compuesta por cerca de cuarenta condiciones, se establece la cesión de estas tierras en enfiteusis a los futuros colonos, que tomarían posesión de ellas siguiendo un proceso paralelo (siguiendo el propio texto real) al de las Fundaciones Pías, proceso colonizador iniciado por el Cardenal Belluga, cuyas tierras colindaban con el territorio de los Carrizales ilicitanos.

El Duque de Arcos pasaba a ser Señor Solariego de estas tierras, reforzando así sus derechos de propiedad, ya concedidos antaño con la cesión de la jurisdicción. Sin embargo, se establece en la cédula la obligación del duque a construir los azarbes, puentes y partidores que sean necesarios, así como su compromiso al consiguiente mantenimiento de esta infraestructura (Brotons García, 2000: 93).

En cuanto a la irrigación para los cultivos, la real cédula aclara que estas tierras se regarán “…con las aguas que se recogan por dichos azarbes principales, sobras de las Fundaciones Pías del Cardenal Belluga, contiguas a los referidos al marjales, y que si alguna mas pudiesen adquirirse del rio Segura, a que tiene derecho el Marquesado de Elche, en la presa de Rojales”. No obstante, en los documentos no consta que se llegasen a utilizar nunca las aguas del Segura, ciñéndose únicamente a las aguas sobrantes de las Fundaciones Pías (Brotons García, 2000: 94).

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El aumento de la producción agraria en el siglo XVIII: cifras y datos

El crecimiento de la producción agrícola en Elche durante el siglo XVIII es un hecho innegable. Como se ha visto anteriormente, la Guerra de Sucesión provocó un cambio en el modelo económico, pero no su colapso. Son numerosas las fuentes que nos hablan de este aumento productivo, pero a día de hoy es difícil cuantificarlo.

De lo primero que tenemos noticias es de la necesaria roturación y ampliación de tierras para poder desarrollar ese aumento. Según las fuentes estudiadas, las roturaciones  de baldíos, montes y pantanos iniciaron tras la Guerra de Sucesión y a mitad de siglo ya alcanzaban proporciones notables (Ruiz Torres, 1978). En varios documentos de archivo fechados en torno a los años 1760 y 1770 se entiende que apenas quedan lagunas o dehesas para ampliar el territorio, al igual que tampoco quedan más bosques para talar o tierras para pasto.

Disponemos de ciertas cifras que ilustran muy bien este aumento productivo. Según el estudio de V. González realizado en base a dos padrones hallados en el archivo ilicitano. Si bien es cierto que hay que tomar estos datos con cierta cautela, la extrapolación de datos ofrece una imagen realmente espectacular. En torno al primer tercio del siglo XVIII, se calcula una superficie cultivada de 123.000 tahúllas (cerca de 11.707 hectáreas), mientras que a finales de siglo encontramos cerca de 234.200 tahúllas (22.318 hectáreas). Es decir, un incremento del 91% de la superficie cultiva en menos de medio siglo. Un crecimiento que sólo tiene comparación con el aumento demográfico experimentado también en Elche.

De esta forma, el crecimiento productivo del siglo XVIII estuvo íntimamente vinculado con el crecimiento de la superficie cultivada, fácilmente observable en los datos anteriores. La población ilicitana explotó al máximo los recursos naturales de su entorno, aprovechando el impuso demográfico y los intereses de la nueva clase terrateniente, producto de la reciente guerra.

Por otra parte, estos datos ilustran, de forma paralela, la transformación casi total del paisaje ilicitano, resultado sobre todo de las exhaustivas roturaciones llevadas a cabo en el territorio circundante, incluidas tierras marginales, saladas y pantanosas.

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Antecedentes económicos: Elche en el siglo XVII

Durante el siglo XVII, la economía ilicitana fue recuperándose progresivamente tras las adversidades de épocas anteriores. Sin embargo, a pesar del auge agrícola experimentado por determinados cultivos (como el olivo o la barrilla), la recuperación no hubiese sido posible sin el rendimiento de tres actividades económicas paralelas: la fabricación y exportación de jabones; la ganadería; y la pesca y caza en las proximidades de la urbe (Ruiz Torres, 1978).

El inicio de la lenta recuperación agrícola arrancó a finales de siglo, gracias al estímulo del alza de precios iniciada en torno al 1680. Promovida principalmente por la nobleza local (terratenientes en gran parte) y un pequeño sector de agricultores con un nivel económico más alto junto con algunos comerciantes, esta bonanza económica atrajo a la población del territorio circundante.

La férrea reglamentación del municipio foral dificultaba el libre comercio de los excedentes agrarios. Este código defendía principalmente la pequeña industria local de jabones y la economía agrícola de subsistencia. Esta política tenía por objetivo mantener el equilibrio entre las fuerzas productivas de la ciudad, esto es, la agricultura, ganadería, y la industria jabonera. La pequeña producción campesina se mantenía principalmente por el uso de tierras comunales y a la incorporación del incipiente capital industrial, procedente de las manufacturas. Por otra parte, el municipio velaba por la ganadería ilicitana regulando los pastos y controlando el ganado de la urbe, así como la trashumancia aragonesa (Ruiz Torres, 1978). De esta forma, esta reglamentación impedía el crecimiento de la superficie cultivada, afectando gravemente a los grandes propietarios; así como el desarrollo del comercio exterior, dificultando la plantación de cultivos enfocados a ello, como la barrilla, el aceite o la cebada, cuyos excedentes encontraban grandes problemas para incorporarse a los circuitos comerciales exteriores.

Este panorama coincide con la Guerra de Sucesión y, por ende, con el enfrentamiento entre aquellos sectores partidarios de un centralismo que conllevaba la desaparición del sistema foral (vertiente apoyada sobre todo por la nobleza local); y los que defendían el antiguo sistema instaurado por la Corona de Aragón, con las autoridades municipales como principales garantes (Ruiz Torres, 1978). El resultado de la guerra, por lo tanto, fue decisivo. Tras la victoria borbónica, el municipio tradicional que hasta el momento había sido Elche, entró en una profunda crisis que conllevó la pérdida de las tierras comunales, gracias al proceso de enajenación de tierras en favor de la oligarquía local; y la caída de la producción jabonera, en decadencia progresiva tras la desaparición de las instituciones que protegían estas manufacturas. Sin embargo, de forma coetánea, Elche conoció la expansión agrícola protagonizada por esa oligarquía beneficiada con la guerra; así como la orientación casi completa de los cultivos ilicitanos al comercio exterior, siendo el aceite, la barrila y la cebada los principales productos exportados.

Es decir, tras la Guerra de Sucesión (inicio de este blog), se consolida en Elche el denominado “modelo castellano”, caracterizado principalmente por la hegemonía de los grandes propietarios terratenientes y los comerciantes dedicados a las exportaciones, eliminando todo el sector artesanal y manufacturero que tuvo la urbe (Ruiz Torres, 1978).

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Aproximación a la economía ilicitana: las principales fuerzas económicas

No es fácil establecer una diferenciación precisa de las diferentes fuerzas productivas en el Elche del XVIII. Sabemos que, como en gran parte de la península en época moderna, la principal actividad económica de la ciudad era agraria. Sin embargo, mediante el estudio exhaustivo de la documentación de archivo, han sido documentadas otro tipo de actividades productivas que enriquecen el panorama económico ilicitano.

No obstante, las fuentes disponibles son escasas e imprecisas en este aspecto, por lo que poco podemos saber más allá de la aparición nominal de diferentes profesiones en la documentación de archivo. Aun así, podemos afirmar la existencia en la urbe de profesiones destinadas a cubrir las necesidades de la vida cotidiana, como los carpinteros, sastres, zapateros, horneros, albañiles, herreros o molineros. Sin embargo, también se han documentado otras labores menos comunes, como chocolateros, alpargateros o coheteros.

En este aspecto, llaman la atención dos industrias fuertes en la ciudad ilicitana: la jabonera y la textil. La fabricación de jabones nunca formó un gremio definido y, aunque en esta época estaba en decadencia, aún seguía dando trabajo a gran número de ilicitanos. Por otra parte, la documentación de archivo muestra una cantidad notoria de profesiones relacionadas con la industria textil, como sastres, tejedores, sogueros o cordeleros. Sin embargo, la industria textil sufrirá un gran revés a mediados del siglo XIX.

Siguiendo el estudio de los padrones del siglo XVIII realizado por Ruiz Torres (1978), podemos establecer una relación estadística de las principales fuerzas económico – productivas de Elche. No obstante, este tipo de análisis debe tomarse con cierta flexibilidad dada la ambigüedad de las fuentes, así como la certeza de la presencia de datos incompletos en las mismas. Como se ha dicho arriba, la actividad principal de la ciudad era la agricultura, estimada en un 70%. Las profesiones descritas anteriormente, es decir, todas aquellas relacionadas con las artesanías y las manufacturas representarían un 10%. Por otra parte, ha sido posible aislar un 4% de la población que vivía esencialmente del comercio, ya sea de su excedente agrícola, como de manufacturas, ganado, etc. En el extremo superior de la pirámide social, encontramos un 2% que representa la nobleza local de la ciudad, compuesta principalmente por grandes terratenientes que viven de rentar sus territorios, así como del pequeño clero afincado en la ciudad. Finalmente, en el extremo opuesto, hallamos un 14% de población carente de propiedades y trabajo, supervivientes gracias a la caridad, y calificados como “pobres” en los padrones.

De esta forma, como señala Ruiz Torres, en el siglo XVIII existían en Elche condiciones más que favorables para el surgimiento de un capital industrial auspiciado por un equilibrio en el sector agrario y mantenido por una rica heterogeneidad de artesanías tradicionales. Sin embargo, la crisis agraria del siglo XIX afectará gravemente a estos oficios, volviendo a un sector primario mayoritario que acabó por dinamitar la riqueza artesanal de la ciudad.

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