La obra más destacada del jesuita Juan de Mariana es De rege et regis institutione, especialmente por lo que se refiere a su “defensa” del tiranicidio. Si tenemos en cuenta el contexto de la citada obra (el asesinato anterior de Enrique III de Francia por el clérigo Jacobo Clemente y el posterior de Ravaillac a Enrique IV de Francia) no será difícil imaginar el revuelo que causó.
Mariana consideraba que el poder del gobernante provenía del pueblo mismo, que se lo había otorgado dadas las hostilidades surgidas en la sociedad especialmente con motivo de la propiedad privada, por lo que aquél debía encargarse de garantizar un cierto igualitarismo para mantener la paz social. El pueblo, por su parte, tenía que obedecerle, a no ser que tal autoridad actuara como un tirano, gobernando injustamente y abusando de su fuerza contra los ciudadanos.
El príncipe ilegítimo sería aquel que subía al trono mediante la fuerza, mientras que el legítimo lo era por derecho (hereditariamente). En el primer caso sería legítimo el tiranicidio por parte de cualquier ciudadano ante el mal comportamiento del príncipe. En el segundo caso explica Marcial Solana, refiriéndose a las tesis de Mariana, que, siendo el príncipe tirano:
“deben tolerarse sus vicios mientras no desprecie públicamente las leyes de la honestidad y la justicia: pues los males que se siguen a la sociedad de variar fácilmente de príncipe son muy grandes. Mas si el Rey atropella la república, roba las fortunas, desprecia las leyes y hasta la religión, entonces no se debe tolerar más” (J. L. Abellán, Historia crítica del pensamiento español, Espasa-Calpe, Madrid, 1979, vol. II, págs. 585-6).
Entonces, en el segundo caso, la comunidad tendría más relevancia por cuanto en consenso le daría la posibilidad al príncipe de corregir su actitud, y, en caso de negativa por su parte, habría que usar las armas, desencadenándose una guerra. Cabe señalar que, en caso de que los ciudadanos no pudieran tratar de la tiranía en cuestión por las restricciones impuestas, las ideas de Mariana vendrían a considerar legítimo el tiranicidio por parte de cualquier individuo, ya que su actuación respondería al consenso (aunque tácito) de toda la sociedad.