empleo público

El Supremo argumenta que dicha normativa autonómica no puede ir en contra del artículo 48 h) del Estatuto Básico del Empleado Público, que señala que por razones de guarda legal cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo pero “con la disminución de sus retribuciones que corresponda”.Esa norma estatal añade que tendrá el mismo derecho el funcionario que, igualmente por conciliación, precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y el de nacimiento de hijos prematuros, entre otros supuestos, aunque siempre con la consabida “disminución de haberes” proporcional.

El origen del caso

La decisión del Supremo se produce a raíz de un recurso de casación interpuesto por un ayuntamiento alicantino contra una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante, del 22 de marzo, donde se daba la razón a una funcionaria del servicio de Limpieza que había pedido este permiso retribuido y diario de una hora para el cuidado de sus dos hijos menores de 12 años, por la negativa previa del consistorio.

Esta administración local entendió que la sentencia impugnada infringe la legislación básica estatal y la distribución constitucional de competencias en lo concerniente al carácter “no retribuido del permiso”, lo que respalda el Supremo.

El fallo incluye que se ofreció un plazo tanto a la funcionaria afectada como a la Generalitat Valenciana para alegar y que la primera no hizo uso de esta prerrogativa mientras que la Administración autonómica “lo ha dejado pasar” y solamente cuando se le notificó la caducidad del trámite pidió por escrito retrotraer el procedimiento, al mismo tiempo que insistía en que la sentencia del juzgado de Alicante debía ser confirmada.

Ante esta coyuntura, el alto tribunal ha entendido que la Generalitat había tenido “tiempo suficiente para hacerse con la información del pleito y exponer su posición sobre la controversia”, por lo que determina no autorizar la retroacción solicitada y, por consiguiente, anular el permiso retribuido.