El papel de la Administración pública con relación a la contratación de personas con discapacidad ampara una doble vertiente. Por un lado, la Administración actúa como empleador directo de este colectivo de personas, y por otro lado disfruta de un destacado potencial de persuasión sobre los actuales niveles de contratación de personas con discapacidad en el sector de la empresa privada a través de la inserción de cláusulas sociales en los pliegos de Contratación Pública de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contratos del Sector Público 30/2007.

Centrándonos en la primera de las vertientes, esto es, aquella en la que la Administración ejerce una función de empleadora, debemos indicar que el apartado 1 del artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público según redacción dada por Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recoge la obligación de la Administración en las ofertas de empleo público de reservar un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que éstos superasen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

Resulta imprescindible que los poderes públicos sigan garantizando el acceso de las personas discapacitadas al empleo público en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, ya que el empleo constituye una base fundamental para la autonomía y plena inclusión en la sociedad de este colectivo.

No obstante, hay que advertir, que el hecho de que la normativa vigente exija formalizar la reserva de un determinado porcentaje de puestos de trabajo entre personas con discapacidad en las diferentes ofertas de empleo público, ello no implica que idéntico porcentaje de personas con discapacidad ocupen esos puestos de trabajo, siendo un ejemplo de todo ello el número de plazas ofertadas para personas con discapacidad en el conjunto de los Ministerios entre los años 2003-2008 en donde se ofertó un total de 1.487 plazas para personas con discapacidad, habiéndose presentado 7.055 personas, y en donde finalmente solamente 770 personas obtienen una plaza, o lo que es lo mismo, solamente el 51,78 % de las plazas ofertadas para personas con discapacidad quedaron cubiertas por personas discapacitadas

Al no existir datos sobre el número exacto de personas con discapacidad que trabajan en la Administración Pública, no es posible concluir taxativamente sobre el grado de cumplimiento de la vigente normativa en el Sector Público, si bien existen estudios parciales, como el editado por el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), concluye que el porcentaje de puestos de trabajo de la Generalitat de Cataluña ocupados por personas con discapacidad en 2007 fue tan solo del 1,41%, cifra que no alcanza el porcentaje establecido legalmente.

Con todo, si bien no está cuantificado con exactitud el empleo generado dentro las administraciones públicas con personas con discapacidad, a modo de ejemplo en el año 2008 el número total de contratos suscritos con personas con discapacidad fue de 153.530, de los que 11.584 fueron suscritos por las administraciones públicas, representando apenas un 7.5% del total.

Más recientemente, con fecha 21 de diciembre de 2015, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado una nota de prensa sobre el empleo de las personas con discapacidad en el año 2014, fruto de la explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad, esta última gestionada por el Imserso, en la que señala que en el año 2014 había en España un total de 1.335.100 personas con certificado de discapacidad en edad de trabajar, esto es, el 4,4% del total de la población activa. La encuesta constata la baja participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad, si bien como dato positivo la encuesta destaca que dentro de la ramas de la actividad en donde los ocupados con discapacidad tienen mayor representación es en la Administración Pública y Defensa, suponiendo un total del 10% en el conjunto de personas con certificado de discapacidad.

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