La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO acaba de elaborar un estudio en el que cuantifica la destrucción de empleo que se ha producido desde enero 2011 hasta enero de 2015. La cifra absoluta ronda los 140.000 puestos de trabajo, de los que 23.000 se perdieron en la Administración General del Estado. El sindicato denuncia que este ajuste de las plantillas ha mermado la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
El documento Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado analiza no solo lo ocurrido con las principales políticas de gasto durante la crisis, sino también cómo han evolucionado las plantillas de los distintos niveles de la Administración. Durante el periodo al que hace referencia el estudio, al que tuvo acceso CincoDías, el conjunto de las Administraciones Públicas perdió cerca de 140.000 puestos de trabajo. En términos absolutos, el mayor volumen de destrucción se produjo en las comunidades autónomas y en las administraciones locales, lo cual es lógico ya que su peso sobre el total del sector público también es mayor.
Sin embargo, cuando se evalúan los ajustes en términos relativos, la Administración General del Estado (AGE), que apenas supone el 8,05% del total de los empleados públicos, se sitúa en segundo lugar respecto a la destrucción de empleo, en cifras muy similares a la Administración local, con una pérdida de efectivos superior al 10% en relación al volumen existente en enero de 2011. Además, dentro del periodo analizado, llama la atención cómo la disminución más dura en el caso de las entidades locales se produjo entre 2011 y 2013, llegando a una pérdida de empleo del 15,09% e iniciándose a partir de entonces cierta recuperación.
En las Administraciones autonómicas, el recorte de empleo ha sido mucho más ligero, estabilizándose en torno al 4% de los efectivos. El Registro Central de Personal incluye datos hasta julio de 2015, los últimos disponibles, y lo cierto es que en esas cifras se observa una leve recuperación del empleo en el ámbito de la Administración autonómica, en las diputaciones y cabildos, así como en las universidades.
Por el contrario, en julio volvió a registrar retrocesos en la AGE, los ayuntamientos y la denominadaAdministración Pública Estatal, que incluye a las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas, la Administración de Justicia o las entidades públicas empresariales y organismos con regulación específica, así como el personal docente y sanitario.
Además, la encuesta de población activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística también ofrece información sobre la evolución del empleo en el sector público. Con diferencias en los valores absolutos respecto al citado registro central, dependiente de Hacienda, lo cierto es que muestra la misma tendencia.
Así, corrobora que la destrucción de empleo se inició a partir de 2011, se recrudeció hasta 2014 y a mediados de 2015 inició una suave estabilización. Es más, en las empresas públicas llama la atención cómo el número de asalariados repuntó un 8,6% anual en el primer trimestre de este año. Por tipo de relación jurídica, el estudio elaborado por CC OO muestra cómo aunque en cifras absolutas la destrucción de empleo en la AGE ha sido mayor entre los funcionarios (13.440 menos) que entre el personal laboral (casi 10.000); en términos relativos la dismunición de plantillas se ha cebado con los segundos. De 2011 a 2015 se suprimieron más de 15 puestos por cada 100 contratados laborales y algo más de ocho funcionarios por cada 100.
CC OO asegura que estos ajustes de personal han provocado el deterioro cuando no la desaparición de numerosos servicios “a los que la ciudadanía tiene derecho”. Y critica que el Gobierno al no reponer las bajas y limitar la contratación temporal justifique precisamente por la falta de efectivos y su menor coste el tener que recurrir a la privatización de algunos servicios, “cuando hay informes que desmienten que su prestación por parte del sector privado sea más barata”.
Los nuevos puestos se concentran en los niveles altos
El informe de CC OO no solo cuantifica, con datos oficiales, la pérdida de empleo que ha sufrido el sector público durante la crisis; sino que analiza qué ha ocurrido cuando sí se ha procedido a contratar.
La destrucción de más de 23.000 puestos de trabajo en la Administración General del Estado (AGE) desde enero de 2011 hasta enero de 2015 “es consecuencia de la política del Gobierno de limitar la reposición de efectivos que causaban baja”, asegura el estudio. En este sentido, insiste en que dicha tasa de reposición ha sido durante la mayor parte del periodo analizado del 0%. Solo al final, en 2015, se autorizó un 50% de sustitución de las bajas, aunque solo en los ámbitos declarados prioritarios. El sindicato llama la atención sobre cómo la escasa oferta de empleo público aprobada en los últimos años “no ha tenido una distribución homogénea entre los distintos grupos de titulación existentes”.
“Más del 73% de las incorporaciones de nuevos efectivos que se han producido en el citado periodo lo han sido en los grupos de nivel superior, aquellos en los que se exige la titulación de grado, y menos de un 15% de las plazas se han destinado a puestos de la estructura de apoyo”, asegura el análisis. Así, en el periodo 2011-2015 fueron convocados en oferta de empleo público 105 puestos por cada 1.000 efectivos del grupo A1 y 65 del grupo A2. Por el contrario, únicamente se ofertaron 13 puestos por cada 1.000 efectivos del grupo C1 y 2 del grupo C2. Los autores del informe también denuncian la discrecionalidad de la política de personal aplicada en muchos departamentos, “basada en una desmesurada utilización de los sistemas extraordinarios de provisión de puestos, que condiciona la carrera profesional y las retribuciones de la plantilla”.
