El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el permiso de la Generalitat Valenciana a los empleados públicos para reducir una hora diaria la jornada laboral para el cuidado de menores de hasta 12 años por contradecir la normativa estatal para este tipo de supuestos, que obliga a deducir proporcionalmente el salario.
Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Supremo con fecha del 29 de junio de 2022, el alto tribunal anula el artículo 7, apartado 4 a), tercero del Decreto 42/2019, de 22 de marzo del Consell de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración valenciana para conciliar la vida laboral y familiar.
Este articulo permitía la posibilidad de solicitar la reducción de jornada por una hora sin disminución de las retribuciones a los funcionarios públicos que reúnan una serie de requisitos, entre ellos tener a cargo niños de 12 años o menores.
El origen del caso
La decisión del Supremo se produce a raíz de un recurso de casación interpuesto por un ayuntamiento alicantino contra una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante, del 22 de marzo, donde se daba la razón a una funcionaria del servicio de Limpieza que había pedido este permiso retribuido y diario de una hora para el cuidado de sus dos hijos menores de 12 años, por la negativa previa del consistorio.
Esta administración local entendió que la sentencia impugnada infringe la legislación básica estatal y la distribución constitucional de competencias en lo concerniente al carácter “no retribuido del permiso”, lo que respalda el Supremo.
El fallo incluye que se ofreció un plazo tanto a la funcionaria afectada como a la Generalitat Valenciana para alegar y que la primera no hizo uso de esta prerrogativa mientras que la Administración autonómica “lo ha dejado pasar” y solamente cuando se le notificó la caducidad del trámite pidió por escrito retrotraer el procedimiento, al mismo tiempo que insistía en que la sentencia del juzgado de Alicante debía ser confirmada.
Ante esta coyuntura, el alto tribunal ha entendido que la Generalitat había tenido “tiempo suficiente para hacerse con la información del pleito y exponer su posición sobre la controversia”, por lo que determina no autorizar la retroacción solicitada y, por consiguiente, anular el permiso retribuido.
