Según el informe Datos y cifras del sistema universitario español 2018-2019, recién publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los profesores asociados suponen ya una cuarta parte de todo el personal docente e investigador. En concreto son 22.871 personas.
Se trata de una modalidad contractual de la que cada vez se abusa más, una modalidad de contrato que ha proliferado durante los años de la crisis y que empeora la calidad de la universidad.
La idea en principio era buena, ya que se trataba de que profesionales de reconocido prestigio que se acercaran a la universidad para transmitir su experiencia práctica. Eran abogados, arquitectos, periodistas… Pero llegó la crisis del ladrillo y la congelación de la tasa de reposición y como no se podían convocar plazas, las universidades crearon la figura del falso asociado, que imparten muchas horas de clase a cambio de un salario bajo. Son mano de obra barata que sustituye a los otros profesores.
El efecto del incremento del asociado como única vía posible para la sustitución del profesorado jubilado en el contexto de aplicación de la tasa de reposición es lo que se podría denominar como una desfuncionarización del profesorado.
En los últimos seis años, las universidades públicas han perdido 5.719 funcionarios, mientras el número de contratados ha aumentado en 4.109. La Ley de Universidades dejó claro que el personal contratado no podía rebasar el 49% de la plantilla y ya supone un 52%.