La situación de los más de 20.000 profesores asociados que trabajan en precario ya está más cerca de abordarse en el Consejo de Ministros. El Ministerio de Universidades que lidera Manuel Castells ya tiene casi lista su propuesta de Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI). Un vuelco a la regulación sobre los diferentes actores del ámbito académico que estaba prevista para el primer trimestre del año, pero que tuvo que ser apartada de la agenda de prioridades cuando estalló la pandemia de coronavirus. Será ahí donde se ofrezcan soluciones para los miles de docentes sin plaza que trabajan en las facultades por sueldos irrisorios sin contar con otra fuente de ingresos. Y que busca la regularización de su situación y que no continúen percibiendo por esta actividad menos del salario mínimo interprofesional.
El Ministerio de Universidades presentará antes de que acabe junio su plan a los agentes implicados en la reforma. Las líneas maestras de la estrategia del ministro pasan por establecer mecanismos para que los profesores asociados, donde algunos cobran tan solo 300 euros por enseñar a los jóvenes, pasen a formar parte de la plantillas de las universidades. Para ello, se tendrán en cuenta ciertos aspectos y requisitos, que van desde la propia formación del docente a su especialidad o los años de experiencia que tiene dando clase. El fin de la propuesta es “dignificar la profesión del personal docente e investigador”. Pero con los llamados “falsos asociados” como mayor prioridad por lo que respecta a su retribución.
Para llevar a cabo esta regularización, Universidades planteará un sistema de pasarelas donde los docentes que se beneficien de esta medida sean situados en unos u otros puestos y departamentos. La idea es que acaben desempeñando otra figura distinta a la de asociado, y donde será clave, por ejemplo, que el afectado posea o no el doctorado. Pero sobre todo, el objetivo del El Ministerio de Universidades es satisfacer las demandas de este colectivo y de los sindicatos de acabar con la precarización en los campus. Algo que no afecta tan solo a estos profesores, sino que también alcanza a los investigadores y científicos que desempeñan en las facultades o los centros adscritos. El debate sobre la tasa de reposición y las convocatorias de empleo público también se abordarán en la reforma.
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Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante 1996.
Abogado colegiado en el Ilmo. Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante.
Tareas asesoramiento legal y jurídico en materia laboral y personal como Técnico en Gestión Función Administrativa en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública desde el año 2005.
Profesor en el Máster de acceso a la Abogacía en la Universidad de Alicante desde el año 2014.
Profesor Asociado en la Universitat d'Alacant desde octubre de 2005 en los Departamentos de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Derecho Internacional Público.
Secretario de la Comisión de Docencia del Hospital General Universitario de Elda 2018-2021.
Secretario del Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del Hospital General Universitario de Elda 2018-2021.
Actualmente, Secretario Interventor en el Ayuntamiento de Alcalalí y la Mancomunidad de l'Alcoià i el Comtat. Y al mismo tiempo, miembro del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la provincia de Alicante.
