Escrito por sevila1 el 21 de junio, 2020

La situación de los más de 20.000 profesores asociados que trabajan en precario ya está más cerca de abordarse en el Consejo de Ministros. El Ministerio de Universidades que lidera Manuel Castells ya tiene casi lista su propuesta de Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI). Un vuelco a la regulación sobre los diferentes actores del ámbito académico que estaba prevista para el primer trimestre del año, pero que tuvo que ser apartada de la agenda de prioridades cuando estalló la pandemia de coronavirus. Será ahí donde se ofrezcan soluciones para los miles de docentes sin plaza que trabajan en las facultades por sueldos irrisorios sin contar con otra fuente de ingresos. Y que busca la regularización de su situación y que no continúen percibiendo por esta actividad menos del salario mínimo interprofesional.

El Ministerio de Universidades presentará antes de que acabe junio su plan a los agentes implicados en la reforma. Las líneas maestras de la estrategia del ministro pasan por establecer mecanismos para que los profesores asociados, donde algunos cobran tan solo 300 euros por enseñar a los jóvenes, pasen a formar parte de la plantillas de las universidades. Para ello, se tendrán en cuenta ciertos aspectos y requisitos, que van desde la propia formación del docente a su especialidad o los años de experiencia que tiene dando clase. El fin de la propuesta es “dignificar la profesión del personal docente e investigador”. Pero con los llamados “falsos asociados” como mayor prioridad por lo que respecta a su retribución.

Para llevar a cabo esta regularización, Universidades planteará un sistema de pasarelas donde los docentes que se beneficien de esta medida sean situados en unos u otros puestos y departamentos. La idea es que acaben desempeñando otra figura distinta a la de asociado, y donde será clave, por ejemplo, que el afectado posea o no el doctorado. Pero sobre todo, el objetivo del El Ministerio de Universidades  es satisfacer las demandas de este colectivo y de los sindicatos de acabar con la precarización en los campus. Algo que no afecta tan solo a estos profesores, sino que también alcanza a los investigadores y científicos que desempeñan en las facultades o los centros adscritos. El debate sobre la tasa de reposición y las convocatorias de empleo público también se abordarán en la reforma.

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