El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la DF 20ª de la LPGE 22, que modificó el art. 3 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, indicando lo siguiente:
“Los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo”.
El promotor de la causa es la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, que consideró que esta DF 20ª de la LPGE 22 colisionaba con los artículos 9.3, 66.2 y 134.2 de la Constitución; causa que ha estimado este Tribunal.
Esta decisión supone reconducir al orden social las reclamaciones judiciales relacionadas con los actos de las fases preparatorias de la contratación de personal laboral.
